La Policía Nacional registra las oficinas del empresario berciano Martínez Núñez en Ponferrada y Madrid, y detiene a sus dos hijos

Los dos hijos del empresario berciano José Martínez Núñez, Maribel y José Martínez Parra, han sido detenidos en las últimas horas en el marco de una operación de alcance nacional contra el blanqueo de dinero, en la que también han sido arrestadas otras nueve personas de relevancia.

Siete de las detenciones se produjeron en Valencia, una en La Coruña, dos en Ponferrada (la hija) y cinco en Madrid. En esta última, además de José Martínez Parra, ha sido arrestado uno de los hijos del ex presidente de la Ceoe, José María Cuevas. Junto al registro de las instalaciones del Grupo Martínez Núñez en la capital berciana, los agentes de la unidad de Delitos Financieros de la dirección general de la Policía de Madrid y del servicio de Vigilancia Aduanera registraron a fondo las oficinas de la empresa en la capital madrileña, en la calle Serrano 41.

La operación de blanqueo, que está en fase de investigación, se liga estrechamente a la actividad de Ángel de Cabo como administrador del Grupo Viajes Marsans y del buque insignia del Grupo Martínez Núñez, la constructora Teconsa, que se halla en concurso de acreedores. El caso está siendo instruido desde el juzgado número 2 de Santiago de Compostela, cuyo titular es el magistrado José Antonio Taín, conocido por la instrucción de numerosos casos de narcotráfico y recientemente por el robo del Códice de la Catedral compostelana.

En el Bierzo, la operación se inició hacia las once de la mañana en el edificio del Grupo Martínez Núñez en la plaza Julio Lazúrtegui, donde la propia hija del empresario, Maribel Martínez Parra, fue retenida por los policías durante las labores de registro de los despachos de la cuarta planta. Los investigadores centraban a última hora de la mañana todas sus intervenciones sobre las instalaciones de la planta de hormigón del Grupo en Dehesas.

De esta forma, ell número de detenidos por la Policía en la denominada operación 'Caballo de Troya' contra la empresa Teconsa ha ascendido ya a quince personas a las que se les acusa de haber cometido presuntamente blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública e insolvencia punible, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Además, las fuentes consultadas añaden que una de las personas implicadas ya se encuentra en prisión, previsiblemente el empresario valenciano Ángel de Cabo, en la cárcel desde el pasado mes de diciembre por su relación con la 'operación Crucero' en la que también fue detenido el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Esta investigación tiene relación con la 'operación Crucero', en la que, entre otras cosas, se investiga a De Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

De hecho, la operación 'Caballo de Troya', practicada por la Policía en la colaboración con la Agencia Tributaria, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela del que es titular José Antonio Vázquez Taín. El origen de las pesquisas se sitúa en febrero de 2012 después de que José Martínez Núñez vendiese el Gran Hotel en Santiago de Compostela a Ángel de Cabo.

La operación continúa abierta por lo que podrían realizarse nuevos arrestos en las próximas horas. Asimismo las fuerzas de seguridad continuarán realizando registros mañana martes. Hasta ahora han realizado registros en Madrid, Castilla y León, Valencia y Coirós (Galicia), han informado fuentes policiales.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por medio de un comunicado, el análisis de los documentos hallados en los registros llevará semanas.

La visita del Papa

Teconsa, además, fue investigada en el marco del caso 'Gürtel' por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006. Esta empresa admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo.

Así lo manifestó el directivo de la empresa Rafael Martínez Molinero, que admitió que la compañía cobró en junio de 2006 de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) un total de 7.493.600 euros por la instalación y desmontaje de equipos de audio y vídeo que fueron llevadas a cabo por otras empresas un mes después.

También en el marco de la investigación de la trama Gürtel, Teconsa fue investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León) a esta constructora. Está investigación finalmente fue archivada.

En concreto, un informe de la UDEF apuntaba que la constructora Teconsa, que en 2002 ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre otros, entre los que se incluía a José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Respecto a Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, el TSJCyL entendió que debían ser exonerados de la consideración de imputados porque si los tres o alguno de ellos, en su condición de responsables de Teconsa, pagaron a Correa el 3% del importe de la adjudicación de la variante, tal pago se realizó a un empresario particular y la retribución de que se trata aparece en principio destinada a él como pago de una mediación o intervención no necesariamente ilícita, "ya que no cabe presumir que supieran que iba destinado en todo o en parte a corromper a funcionarios o políticos, ni menos aun que se hiciera con esa finalidad".