UGT propone sustituir diputaciones y mancomunidades por entre 65 y 70 unidades básicas para ordenar la región

El sindicato UGT ha planteado la necesidad de afrontar una "profunda reforma" con la supresión de las actuales diputaciones provinciales y las 239 mancomunidades que existen en Castilla y León que serán sustituidas por una "estructura única" para toda la Comunidad que no superaría las 65-70 unidades territoriales básicas, entre comarcas y áreas funcionales. 

Así consta en el documento de observaciones y sugerencias al anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León que ha elaborado UGT y donde se justifica la desaparición de las diputaciones, que son "estructuras decimonónicas" en que son instituciones "comodín" que pretende auxiliar "de la mejor manera" a los ayuntamientos y que no tienen competencias propias.

Al respecto, UGT ha explicado que las unidades básicas deben establecerse "mediante un sistema de demarcaciones" de carácter permanente y estable y podrán ser de naturaleza interprovincial o subregional con implantación en el medio urbano y en el rural.

Así, en el medio rural estas demarcaciones se articularían a través de las comarcas naturales, con arraigo histórico en Castilla y León, como las áreas funcionales, que se fijarían según criterios económicos y sociales. En el medio urbano la articulación se hará a través de las áreas metropolitanas que las formarán las nueve capitales de provincia y sus entornos urbanos.

Para llevar a cabo esta articulación desde UGT se propone un proceso de comarcalización para espacios con características geográficas, económicas, sociales e históricas "afines", comarcas que no tiene como fin "sustituir a los actuales ayuntamientos" sino ser un instrumento "básico de cooperación intermunicipal".

En los territorios donde no exista afinidad social o arraigo histórico se establecerá un sistema de áreas funcionales que tendrán como objetivo impulsar y fortalecer el desarrollo económico y social y hacer frente a los problemas de despoblación y a los desequilibrios territoriales.

Junto a las áreas funcionales y las comarcas se articularán las áreas metropolitanas que estarán formadas por las capitales de provincia y los núcleos de población próximos a partir de la "correcta" redacción de unas directrices de Ordenación del Territorio. De esta manera, las capitales de provincial y los núcleos próximos podrían trabajar "de forma conjunta y coordinada en materia de política de vivienda, transporte, seguridad, medio ambiente, políticas sociales e infraestructuras".

Desarrollo económico y social

Junto a esta organización territorial será necesario un desarrollo económico y social para lo que es necesario, según UGT, el fortalecimiento de los sistemas públicos de infraestructuras que afectan a la calidad de vida como la vivienda, ciclo del agua y comunicaciones; los servicios territoriales que soportan los servicios a la ciudadanía, como educación, sanidad y protección; y las infraestructuras territoriales que facilitan el desarrollo como el comercio, la industria, el ocio o el turismo.

Asimismo, desde el sindicato se plantea la ordenación de las estructuras político-administrativas con la ordenación de los servicios públicos y las políticas que son competencia de la Junta, por lo que es necesario "un único mapa que tome como referencia las comarcas o áreas funcionales, además de que el modelo de territorio de Castilla y León debe ir acompañado "de actuaciones de carácter adicional extraordinario con el fin de recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, infraestructuras y dinamización de la actividad productiva".

Para ello, UGT plantea un plan de convergencia interior, que aparece en el Estatuto de Autonomía, y el desarrollo de la Ley sobre el Derecho de los Ciudadanos a Vivir y Trabajar en Castilla y León.

En el apartado de Observaciones, UGT recoge que el anteproyecto de Ley subordina la visión de Comunidad a los intereses provinciales al transferir desde el Gobierno de la Junta la responsabilidad política de la configuración del mapa de ordenación a las provincias, además de que se refuerza el papel de las diputaciones y pospone aspectos "sustanciales" de la ordenación a posteriores desarrollos reglamentarios con plazos "inconcretos o bastante amplios".