Más de 4.100 fallecidos constan como beneficiarios de prestaciones por dependencia en Castilla y León

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo se ha planteado la necesidad de una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.

El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida".

Apunta, además, a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos. El importe derivado de ello asciende en la Comunidad a 19.377.223 euros.

Para Mato, estos datos demuestran que "había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia" y que las listas tienen que estar "permanentemente puestas al día".

La ministra ha expuesto a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley.

Ha subrayado que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia.

También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.

Mato ha negado que esa sea la intención del Ejecutivo y ha subrayado que los socialistas "tratan de equivocar a la sociedad española" pero que el tiempo dará la razón al Gobierno y los ciudadanos verán que se mejora la atención y no pensarán que se les está perjudicando.

Durante el Consejo, que ha durado cerca de tres horas, se ha aprobado, por primera vez, un catálogo de referencia de Servicios Sociales para todo el Estado, que no se trata de una norma, sino de una recomendación.

La titular de Sanidad ha recalcado que el catálogo formaliza un pacto entre el Gobierno y las autonomías en materia de servicios sociales que deben guardar criterios de calidad y sostenibilidad.

Además, ha recordado que en un plazo máximo de seis meses el Ejecutivo aprobará un plan de acción para la inclusión social, que incidirá en apoyar a los colectivos más vulnerables y la lucha contra la pobreza infantil, que se financiará, en parte, con fondos europeos programados hasta 2020.

Por último, el Consejo Territorial ha establecido el reparto de los créditos para la ejecución de los servicios sociales básicos: 27,5 millones de euros para el Plan Concertado y 412.000 euros para el Plan de Desarrollo Gitano.


Diferencia entre servicio profesional y ayuda familiar

Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, ha valorado la decisión del Ministerio de Sanidad de incrementar a las comunidades autónomas las ayudas por el mínimo garantizado de servicios profesionales prestados, al establecer una diferencia entre éstos y las ayudas económicas familiares.

La decisión, conocida en el transcurso del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, supondrá para Castilla y León una aportación en 2013 de más de tres millones de euros.

"Por primera vez se hace efectiva una demanda histórica de Castilla y León, ya que un servicio, como por ejemplo uno residencial o un asistente personal, es mucho más costoso para la Junta que la prestación de una ayuda económica familiar, y hasta ahora la cuantía era la misma en ambos casos vinculada únicamente al grado de dependencia de las personas", ha subrayado Marcos, en declaraciones a Europa Press.

Así, el incremento de fondos que por esta vía percibirá Castilla y León se destinará a incrementar la cuantía destinada a los dependientes de grado II, como así se acordó antes de Navidades.

Pero además, en el transcurso del encuentro celebrado hoy se ha acordado aprobar el catálogo de referencia de servicios sociales presentado por el Ministerio de Sanidad a la comunidades autónomas, algo que, tal y como ha enfatizado la consejera, también se había propuesto desde la Junta para que haya un mínimo de servicios básicos, aunque también ha recordado que el catálogo aprobado en Castilla y León es muy superior al estatal.

Entre los acuerdos adoptados figura igualmente la creación de un grupo de expertos, del que formará parte Castilla y León, con el fin de elaborar un Plan Nacional de Inclusión Social para atender a las familias, "que se están viendo seriamente afectadas por la crisis económica".

A este respecto, Marcos ha subrayado que esta materia es "una de las grandes apuestas y de los grandes retos" para su región como pone de manifiesto el programa integral de atención a las familias en riesgo de desahucio, los fondos de solidaridad, la organización de la redistribución de alimentos o la ayuda a la infancia. "Quizá el tema más trascendente de este Consejo sea precisamente esta apuesta por las familias que peor lo pueden estar pasando en estos momentos", ha señalado.

Finalmente, y en relación con el sistema de información, que impone a las CC.AA. un mayor nivel de datos e información a la hora de que el Ministerio conceda las prestaciones, finalmente el departamento de Ana Mato ha retirado del orden del día el decreto correspondiente con el fin de dar más tiempo a las distintas consejerías a la hora de cargar datos.

La medida había sido reclamada por la propia consejera pues, tal y como ha apuntado, "transparencia sí, pero agilidad en concesión de prestaciones también. Por lo tanto, pediremos tiempo para estudiar estos temas con más calma".