Audiencia de Valladolid rebaja las pretensiones de las empresas de áridos en el proceso contra el ex jefe de Minas

El juicio contra Maurilio P.C, ex jefe de la Sección de Minas de la Junta, acusado de presionar a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran socios a él y su hermano, también imputado, para no perjudicarles, ya tiene nueva fecha de inicio, el 4 de febrero, aunque las empresas afectadas que figuran como acusaciones particulares habrán de modificar previamente sus respectivos escritos debido a que la Audiencia de Valladolid ha acordado rebajar sus pretensiones.

Así lo ha acordado la sala que preside Feliciano Trebolle en un auto que ha leído este miércoles este último a las partes personadas en la causa durante una breve vistilla en la que Gracalsa, Alvárez Fray S.L. y Julio César Valle Feijoo y Minas S.L, que figuran como acusadoras particulares, han visto cómo parte de los delitos que imputaban al principal imputado, Maurilio P.C, y el hermano de éste, Amado, han sido excluidos del proceso, en unos casos debido a la inconcreción de los hechos y en otros por falta de legitimación.

El auto, que es inapelable, estima así en parte la cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, de ahí que las empresas citadas habrán de modificar 'a la baja' sus respectivos escritos acusatorios--implica también una reducción en las penas a solicitar--puesto que el tribunal ha realizado una criba que ha supuesto eliminar de la causa los delitos de amenazas y falso testimonio y excluir otros debido a su inconcreción y falta de legitimación, como el de intrusismo.

Aunque la resolución de la Audiencia de Valladolid supone 'cortar las alas' a las empresas afectadas, para nada afecta a los escritos presentados por la Fiscalía de Valladolid y la Junta, que también figura como acusadora particular, por lo que los delitos imputados por ambas partes y las penas pedidas no sufren modificación alguna, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante la vistilla, el defensor del tercer imputado, el ingeniero de Minas José María I.F, para quien Fiscalía solicita su absolución, aprovechó para, una vez más, solicitar a las empresas de áridos que "reconsideren su postura" y retiren los cargos contra su patrocinado, "que lleva once años metido en este proceso sin motivo alguno".

Juicio el 4 de febrero

El juicio, suspendido ya en dos ocasiones anteriores, se iniciará por fin el próximo día 4 de febrero y, según ha explicado el propio presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, se desarrollará con mayor agilidad de lo inicialmente previsto debido a que las acusaciones particulares, ante las limitaciones impuestas en su escritos acusatorios, habrán de acotar los cargos imputados y renunciar a parte de la prueba inicialmente propuesta.

A Maurilio P.C, ex jefe de Minas, se le acusa, como principal cargo, de haber coaccionado a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran a él y a su hermano socios de dichas mercantiles como condición para no perjudicarles.

Con carácter provisional, Maurilio P.C. se enfrenta a una posible condena global de seis años de cárcel, en concreto dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación y 30.000 euros de multa por delito continuado de cohecho, en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y otros cuatro años, multa de 6.750 euros, inhabilitación por tres años por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 450 euros de multa por una falta de intrusismo.

Para su hermano, Amado P.C, la acusación pública interesa también dos años como cooperador necesario en el delito continuado de cohecho, inhabilitación por cinco años y 30.000 euros de multa.

En el banquillo se sienta igualmente el ingeniero de Minas José María I.F, para quien el fiscal solicita el sobreseimiento pero que figura como imputado por las empresas Álvarez Fray y Julio C. Valle Feijoo y Minas.

Las acusaciones consideran como hechos probados que Maurilio P.C. compaginó el puesto de jefe de Minas, en comisión de servicios y durante diferentes periodos entre los años 2000 y 2004, con el de delegado del Colegio de Ingenieros de Minas, con sede, al igual que el domicilio del acusado, en la calle Marcelo González, donde, además también contaba con oficina la mercantil 'Asesoría Integral a la Minería', cuyo objeto social era coincidente con el ámbito de actuación de la jefatura minera y que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del imputado, única socia y administradora.

En su relato de hechos, sostienen que durante el tiempo en el que Maurilio P. ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para "presionar" al empresario Julio César V.F, que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa, 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico', constituida el 23 de febrero de 2001, así como para que fuera él mismo el que decidiera quién debería ser el técnico que debía firmar y cobrar los proyectos que presentase la mercantil en la Sección de Minas.

Informes y futuro

En caso contrario, le advirtió de que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como jefe de Minas, y "que si no hablaba bien de ella tendría los días contados", por lo que el empresario se plegó finalmente a tales requerimientos.

Así, el representante de 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico' hizo socio de la misma a Amado P.C, hermano del jefe de Minas, y le vendió 564 acciones por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros.

Pero además, Julio César V.F. llegó a actuar como letrado de Amado P.C, sin remuneración alguna, en un procedimiento en vía contencioso-administrativa, e incluso se "vio obligado" a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. realizó en un piso de su propiedad y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.

Los acusadores entienden que el exjefe de Minas coaccionó a otros dos empresarios más con igual pretensión al objeto de que contrataran a su hermano o para que fueran firmados por él los proyectos que presentasen, si bien los industriales, representantes de Cementos La Parrilla y Álvarez Fray, no accedieron finalmente a sus pretensiones.

El juicio contará entre sus testigos con la presencia del que en la época investigada fuera delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, hoy portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, así como del exdelegado de la Junta Mariano Gredilla y del exsecretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado, casualmente sustituido en este cargo por el anterior.