UGT calcula que se han perdido 1.000 empleos en las administraciones regional y local en el último año

La secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León, Carmen Amez, ha asegurado que en el último año se han perdido 1.000 empleos en las administraciones regional y local en un ejercicio "desastroso" para el colectivo de funcionarios que, como ha destacado, se enfrentan a la "imprevisión" de 2013.

Amez ha insistido en que en el último año la pérdida retributiva de los empleados públicos ha alcanzado el 28,4 por ciento lo que supone la "ruina total" de muchos empleados públicos, un sector que ha "asumido recortes" pese a la intención de "deteriorar la figura del empleado público", informa Ep.

En concreto, la secretaria autonómica de la FSP-UGT ha lamentado los EREs presentados por la Junta, en concreto se ha referido a la Consejería de Economía y Empleo que, como ha explicado, prevé "despedir" a 116 orientadores laborales en enero, a lo que hay que sumar a los despedidos del Ecyl que, dada la situación, "tendrán que ser readmitidos".

Asimismo, ha esta cantidad hay que añadir los 74 afectados por el cierre de la Casona del Pinar de la Fundación Siglo, que se manifiestan estos días, a los 130 de Fomento y Medio Ambiente que trabajaban en el Plan Cuatrienal de vivienda y a los 204 empleados en la prevención de incendios.

Ha lamentado los "recortes" introducidos por la Consejería de Familia y Servicios Sociales que han llevado a la no renovación de contrato, lo que ha supuesto un "importante" perjuicio para muchos dependientes.

Esta política de "no renovación" ha sido plagiada por otras áreas lo que ha llevado a la puesta en marcha de "EREs encubiertos", ya que, a pesar de no renovarse contratos "todos los días se publican en el Bocyl al menos dos puestos de libre designación".

Ante esta situación ha augurado en Agricultura y Ganadería el cierre del centro de formación Agraria de Salamanca para que sus labores las realice un centro privado, "es el preludio del un próximo ERE".

Por último ha criticado que los ayuntamientos y las diputaciones actúen al "libre albredrío" a la hora de ejecutar despidos y ajustar sus plantillas.