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La Consejería de Familia equipara a los dependientes de grado II con los de grado III en el acceso a los servicios profesionales

Cerca de 12.000 dependientes percibirán desde el 1 de enero un mínimo de 1.100 euros mensuales

Cerca de 12.000 dependientes percibirán desde el 1 de enero un mínimo de 1.100 euros mensuales

viernes 28 de diciembre de 2012, 13:34h
Los dependientes severos, encuadrados en el grado II de dependencia, verán incrementadas las cuantías máximas que reciben, hasta su equiparación con los de grado III o grandes dependientes, para garantizar que alcanzan una capacidad suficiente para acceder a un servicio profesional, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y que beneficiará a más del 52 por ciento de los afectados, es decir, a cerca de 12.000 personas en Castilla y León.

Esta es sólo una de las mejoras que introducirá la Consejería de Familia e Igualdad en la aplicación de la Ley de Dependencia, tras alcanzar este viernes un acuerdo con representantes del sector de la discapacidad, Cermi, y del sector prestador de servicios, Lares y Acalerte.

Y lo hace después de que la comisión de seguimiento que se creó el pasado 27 de julio, formada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el sector, representado por Cermi, Lares y Acalerte, haya acordado hoy introducir mejoras en la aplicación de la Ley de la Dependencia que redundan en el objetivo de prestar una atención profesional de calidad, favorecer que los castellanos y leoneses con menor capacidad económica puedan acceder en igualdad de condiciones a un servicio profesional, así como mantener la red de servicios sociales y el empleo.

Entre los acuerdos suscritos con Cermi, Lares y Acalerte figura equiparar a los dependientes severos (grado II) con los grandes dependientes (grado III) en el acceso a los servicios profesionales. De esta forma, se incrementarán las cuantías máximas que percibe una persona con grado II de Dependencia para garantizar que todos ellos alcancen una capacidad de gasto de, al menos, 1.100 euros mensuales que les permita adquirir un servicio o contratar a un asistente personal, sumando el importe de la prestación vinculada y su capacidad económica.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que con esta medida los dependientes severos (grado II) con una capacidad económica de 357 euros pasarán así de percibir 511 euros al mes a 742 euros, lo que supondrá que contarán con 1.100 euros para adquirir el servicio más caro: una plaza residencial. En el caso de que tengan una capacidad económica de 550 euros, percibirán 550 euros. Y si cuentan con 700 euros de capacidad económica, recibirán 400 euros.

El objetivo, como ha apuntado la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press, "es que todos los dependientes severos, con independencia de su capacidad económica, puedan acceder en igualdad de condiciones a una plaza residencial o a otros servicios que una persona con gran dependencia".

En paralelo, la Administración Regional, de acuerdo con Lares y Acalerte, de las que dependen 79 y 140 residencias, respectivamente, y que aglutinan el 80% de las plazas residenciales, ha establecido que el precio de referencia por plaza residencial para personas mayores oscile entre los 1.100 y los 1.500 euros.

En este sentido, el responsable de Acalerte, Ángel Guerra, en declaraciones recogidas por Europa press, ha expresado su deseo de que los acuerdos suscritos con la Administración regional "contribuyan a ocupar ese 20 por ciento de plazas actualmente desocupadas en los centros residenciales y al mantenimiento de sus plantillas de profesionales".

Junto a esto, la Consejería y los representantes del sector prestador de servicios y el sector de la discapacidad acuerdan que las personas en situación de Dependencia con grado I -los moderados- puedan acceder a una plaza residencial. Aunque esta posibilidad no está amparada en el marco de protección estatal, Castilla y León abre esta posibilidad por el nivel adicional que aporta la Comunidad Autónoma.

Otra de las medida pactadas hoy es que se elimina la previsión, recogida en el acuerdo de julio de este año, de reducir en un 10% en 2013 y en otro 10% en 2014 las ayudas económicas destinadas a cuidados familiares.

La Consejería, además, se compromete a que el pago de las prestaciones económicas de todos los grados de dependencia se realice en los diez primeros días del mes siguiente a la tramitación de la nómina.

Dos servicios simultáneos

En el caso concreto de las personas con discapacidad, la Consejería y Cermi han acordado que las personas que necesiten un centro residencial más un centro de día o un centro ocupacional puedan recibir dos ayudas vinculadas que les permita acceder a las dos plazas al mismo tiempo.

De esta forma, una persona con discapacidad de grado III de Dependencia contará con 2.100 euros, entre la ayuda vinculada y su capacidad económica, para acceder a los dos servicios. Una de grado II dispondrá en conjunto de 1.600 euros, y una de grado I, con un total de 1.400 euros. Esta mejora se hará extensiva al servicio de promoción de la autonomía personal.

Y, además, la Consejería se compromete a agilizar los trámites para promocionar el servicio de autonomía personal para las personas con discapacidad y adoptará, asimismo, las medidas necesarias para garantizar la progresiva integración entre los procedimientos y equipos de valoración de Discapacidad y de Dependencia.

Todas estas medidas serán recogidas en una modificación de una orden que se publicará el 31 de diciembre en el Boletín Oficial de Castilla y León para que tenga efectos desde el 1 de enero de 2013.

La consejera de Familia ha explicado que las mismas incidirán, como ya lo hicieran las acordadas en julio de este año, "en la potenciación de los servicios profesionales, lo que redundará en una mejora de la calidad de la atención de las personas dependientes y, además, en un incremento en el número de empleos y, por consiguiente, en riqueza económica para la Comunidad".

Todas estas mejoras han sido acordadas en la reunión convocada para analizar los efectos que han supuesto las medidas impulsadas desde que en julio la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y representantes del sector suscribieran un acuerdo en materia de atención a la Dependencia, ante el nuevo escenario que se creó con las modificaciones introducidas por el Gobierno central en el Real Decreto del 13 de julio.

En la reunión de hoy han estado presentes, además de la consejera, el vicepresidente de la Federación Castellana y Leonesa de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte), Ángel Guerra; la presidenta de la Asociación Castellano y Leonesa de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), Ana Esther Miguel, y el vicepresidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi), Francisco Sardón.
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