El saqueo de la sanidad pública

En la Comunidad de Madrid se está librando una batalla de cuyo resultado nos acordaremos durante muchos años. Cientos de miles de personas, profesionales de la sanidad y simples ciudadanos, están saliendo a la calle día a día para defender la sanidad pública frente a la política privatizadora del Partido Popular. Dentro de veinte o treinta años recordaremos este momento como el día en el que empezó el desmantelamiento de la sanidad pública o como el día en que el pueblo se plantó y consiguió salvar la sanidad pública. A pesar del adormecimiento de la sociedad, a pesar de la desinformación, a pesar de los engaños de unos políticos indecentes como el Consejero de Sanidad Fernández Lasquetty, que reconoce que no tiene ni idea de cuanto dinero supuestamente se va a ahorrar con esta privatización, a pesar de todo, los ciudadanos presienten certeramente que, parafraseando al gran Gila, "alguien se propone robarles algo" y están reaccionando con firmeza para parar el atropello. 

Porque, digámoslo claramente, esta política de privatización no tiene nada que ver con la crisis. La crisis es solo la excusa, la pantalla tras la que se esconde pura y simplemente un plan para que unas cuantas empresas hagan negocio con la salud de la gente, aprovechándose de unas infraestructuras y unos equipamientos pagados por todos. Estamos hablando de un negocio que algunos cifran en 500 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid. Para ellos es ahora o nunca: atontados por el shock de la crisis, con el miedo metido en el cuerpo, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a aceptar medidas que en una situación normal nunca aceptarían.

Se nos dice que la privatización mejorará la gestión y producirá un ahorro sin que los ciudadanos lo noten, ni en sus impuestos ni en el servicio que reciben. El argumento no puede ser más falaz. Esta claro que si una empresa privada decide gestionar un servicio público es porque piensa que puede obtener un beneficio con ello. Pero, ¿de dónde va a salir ese beneficio? Solo hay dos posibilidades: (a) de reducir los gastos de personal y, en consecuencia, empeorar el servicio (menos personal o personal peor pagado) y (b) de reducir las prestaciones (menos pruebas diagnósticas, menos inversiones en equipamientos, peor mantenimiento, menor tiempo de hospitalización, etc., etc.). Y eso, dejando de lado, de momento, la posibilidad "c": los repagos. Por tanto, cuando hablan de "mejorar la gestión" lo que quieren decir en realidad es "devaluar el servicio", no hay vuelta de hoja. Y todo ello, en el mejor de los casos, costándole lo mismo al erario público. La diferencia entre lo que seguiremos pagando todos a través de nuestros impuestos y lo que consigan ahorrar empeorando el servicio o precarizando la situación de los trabajadores, será el margen de beneficio que se lleven las empresas gestoras. En el peor de los casos, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, el otro banco de pruebas del PP, lo que sucede es que los ciudadanos al final terminan pagando más vía impuestos, porque ya se ha visto que los convenios con las empresas han tenido que revisarse al alza porque éstas no ganaban lo suficiente.

O perdemos el miedo y despertamos del letargo o nos van a robar la cartera. Para el partido Popular se ha abierto la veda, se ha roto el tabú, y el experimento de Valencia y Madrid se extenderá muy pronto por las demás comunidades autónomas en las que gobiernan. En realidad, ya se está extendiendo, o no se acuerdan ustedes del Hospital de Burgos. Según la información proporcionada por el siempre bien documentado Pedro Vicente, de momento, sabemos que los 242,8 millones de euros por los que se concedió esta obra en 2006 se han convertido, al final, en 432 (una desviación del 79%, que no es moco de pavo). Sabemos que la Junta tuvo que acudir al rescate del consorcio adjudicatario con un crédito de 128 millones de euros. Sabemos que las obras que tenían que haber terminado en 2009, no han terminado hasta 2012. Y sabemos que durante 30 años los ciudadanos con nuestros impuestos estaremos pagando un canon de 38 millones anuales (por lo menos, porque seguro que ya se ha revalorizado) por la gestión privada de una serie de servicios del hospital. ¡Vaya negocio... para algunos!

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.