Las Cortes rechazan con la mayoría del PP la vuelta de las urgencias nocturnas, la eliminación de las tasas judiciales y una paga extra para los funcionarios

Denso pleno el que se ha vivido este miércoles en las Cortes de Castilla en el que los asuntos que han tomado la calle han saltado el hemiciclo en forma de iniciativas parlamentarias capitaneadas por el Grupo Socialista, que ha contado con el apoyo del Grupo Mixto, pero con la oposición de la mayoría del Partido Popular.

Ha sido, además, una agitada sesión en la que la propia presidenta de las Cortes se ha visto obligada a desalojar de la tribuna de invitados a vecinos de Las Arribes, mientras que los populares se han sentido "amenazados" cuando los micrófonos han captado a la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, asegurando que los alcaldes iban a tener que volver con escolta a sus municipios, expresión que ha sido retirada, al ser rechazada la iniciativa para reimplantar las urgencias nocturnas.

La primera Proposición no de Ley instaba a la Junta a dirigirse al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. La socialista Ana Redondo, encargada de defender la iniciativa, ha destacado la "insólita unidad de todo el sector frente a un ministro prepotente, insensible y autoritario  y una Ley injusta y desproporcionada". Redondo ha insistido en que con la nueva ley se "vulnera el Estado de Derecho que implica la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley". Es más, a su juicio, "vulnera todos los derechos constitucionales  porque sólo con la tutela judicial efectiva, que ahora se vulnera, los ciudadanos pueden defender sus derechos".

Para el procurador de IU, por su parte, la Ley de Gallardón supone "volver al siglo XIX, a que la gente quede al margen del derecho a la Justicia y que los pudientes no tengan problemas para atascar los procedimientos judiciales".

La postura contraria a esta iniciativa ha sido defendida por el procurador del PP, Miguel Ángel Peregrina, quien ha defendido que con la Ley de Tasas se busca el mantenimiento del sistema y de la gratuidad de la justicia para las personas con rentas inferiores a los 16.000 euros anuales. En su argumentario también ha asegurado que la implantación de las tasas judiciales es generalizada en muchos países europeos donde no se ha cuestionado que se vulnere el derecho a la tutela efectiva.  Para Peregrina, en definitiva, "las tasas quieren acabar con el abuso".

La siguiente Proposición no de Ley, también presentada por el grupo Socialista, pretendía volver a implantar la atención sanitaria continuada durante las 24 horas del día en los centros de urgencia rurales donde se ha procedido a su reducción o supresión.

Ha sido el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, el que en un tono conciliador ha pedido, casi suplicando a los procuradores populares que votasen a favor de la iniciativa para que la Junta reconsidere una decisión "grave, cruel e injusta", como es la supresión de las urgencias nocturnas en  el mundo rural. López ha denunciado que el Ejecutivo regional quiera ahorrarse 1,5 millones de euros y se haya gastado 72 millones de euros "en el canon de un experimento privatizador" como es el nuevo hospital de Burgos.

El portavoz del Grupo Socialista ha advertido que "no vamos a parar hasta que frenemos el cierre de las urgencias médicas en el mundo rural" y se ha preguntado si esta es una de las medidas contemplada por Herrera para fijar población. Ha concluido invitando a los procuradores del PP a votar a favor de la iniciativa socialista y viajar después a Pradoluengo (Burgos), donde López se ha reunido con un grupo de afectados por esos cierres.

El Grupo Mixto también ha votado a favor de esta Proposición no de Ley. El procurador de UPL, Alejandro Valderas, quien ha denunciado que "estos no son los primeros recortes que se producen en el mundo rural"  por lo que "hay que hacer lo posible para que el servicio médico se vuelva a implantar".

La postura contraria del Grupo Popular ha sido defendida por su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien ha reafirmado el "compromiso de la Junta con la sanidad  del mundo rural" y ha aportado una serie de datos como que el 68% de los médicos de atención primaria están en el mundo rural, cuando en los municipios de menos de 20.000 habitantes se asienta el 49% de la población. También ha destacado que cada uno de estos profesionales cuenta con 706 tarjetas sanitarias, cuando la media nacional está en 1.385. Sin embargo, según Carriedo, "hay que trabajar por la sostenibilidad y la solvencia del sistema y para que Castilla y León siga siendo líder".

La última proposición no de ley, también rechazada se refería al adelanto del abono de la paga extra a los funcionarios, un iniciativa que también ha sido rechazada por el Pleno de las Cortes regionales.