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España

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miércoles 21 de noviembre de 2012, 19:33h
El otro día en Santiago de Compostela, una persona mayor, en una reunión, levantó la mano y pidió la palabra. Su reflexión, más que pregunta, era sobre la manía que está cogiendo la gente de hablar de "nuestro país" en vez de pronunciar la palabra España. Y terminaba su comentario diciendo que ella no quería pertenecer a un movimiento, sea político, social o ciudadano, en el que se evitase nombrar a España y hablar de ella como "este país".

Desde luego, yo comparto completamente esa reflexión. En España, en este aspecto, llevamos muchos años lastrados por nuestra historia más reciente. Desde hace más de setenta y cinco años el término España parece condenado a entenderse muy próximo a aquellas ideologías que triunfaron en nuestra guerra civil y originaron la dictadura del General Franco. Es cierto que la dictadura impuso términos muy rotundos y consiguió identificar la palabra España con un control férreo de las libertades de sus ciudadanos y que la pluralidad cultural e histórica de sus regiones, fue condenada al letargo durante décadas. Pero España, el termino España, la unidad de España, tiene más de mil años de vida frente al corto periodo de tiempo que supone los años trascurridos entre el año 1936 y 1978.

Lo que pasa es que el problema no acabó en el año 1978. La etapa democrática que comienza con las primeras normas jurídicas que se promulgan en esos últimos años de la década de los setenta, se inició con miedo y con la necesidad, eso dicen los que lo hicieron, de apuntalar los débiles cimientos de una España dividida por la dictadura. Se crearon irresponsablemente unas denominaciones y unas divisiones  territoriales que más bien parecen fruto únicamente, del mismo miedo que asalta a un bebe cuando quiere empezar a andar.

Esa necesidad, dicen, de unir en el mismo carro democrático a los movimientos nacionalistas, separatistas y republicanos al comienzo de la transición, dio como fruto la introducción en la Constitución de terminologías que hoy han derivado en movimientos disgregadores de difícil contención. 

La Ley electoral española no tiene ni pies ni cabeza en una nación como la española y así, basados en el poder que se deriva de esa aberración jurídica electoral, los nacionalistas-independentistas catalanes reniegan de España en base a una irrealidad histórica; los nacionalistas-separatistas vascos reniegan de España en base a una irrealidad histórica mucho más flagrante que la catalana. Y Galicia se suma, aunque poco a poco y más tímidamente, a la doctrina del café para todos independentista.

Y con todo y con eso, aún falta lo peor. Lo peor es que nuestros gobernantes, desde Felipe González hasta Rajoy, pasando por Aznar, han podido cambiar los parámetros de representación electoral y no lo han hecho, no lo hacen y no lo van a hacer. Igualar el valor de un voto de Badajoz, con el valor de un voto en Barcelona o en San Sebastián, es muy fácil con una mayoría absoluta, y no se hace. Ya verían que pronto se desmontaba la influencia política de los nacionalistas en el resto de España.

Pero no, entre todos ellos, todos, no se equivoquen, tienen montado un sistema de reciprocidad, impunidad y tolerancia que acabará con España más pronto que tarde. Y sino, al tiempo. Ya verán, y ojalá seamos capaces de evitarlo, como a este país, llamado hasta hoy España, nuestros nietos lo van a estudiar como nosotros estudiábamos la España de los Reyes Católicos.

Daniel Movilla. Secretario General SCD.
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