Herrera invita a toda la sociedad a adherirse al Pacto por la Infancia para garantizar los derechos de los niños

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha invitado este martes a todos los agentes políticos, sociales, económicos, y de cualquier otra índole de la Comunidad, a adherirse al Pacto por los Derechos de la Infancia para visibilizar, promover e impulsar los derechos de los más de 370.000 menores que viven en Castilla y León, en especial de los más vulnerables, y para velar por que todas las acciones sociales y políticas incluyan a la Infancia entre sus prioridades.

El texto recoge cuatro grandes compromisos con ese 14,5% de la población de la Comunidad que representan los menores: Impulsar la elaboración y desarrollo de políticas de Infancia; apoyar y fomentar acciones a favor de los niños de Castilla y León; promover el desarrollo y la implementación, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, de las medidas necesarias para hacer visible a la infancia en la agenda política local, así como acordar los principios que se deben considerar en el análisis, diseño, ejecución y evaluación de los programas orientados a los niños, como complemento a los principios marco recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.

Se trata, en definitiva, de comprometer a toda la sociedad castellano y leonesa con la Infancia, tal y como ha manifestado Juan Vicente Herrera, en el Día Internacional de los Derechos del Niño que se celebra este martes, ante los 200 representantes de organismos públicos, asociaciones, entidades, partidos políticos, medios de comunicación, que han asistido a la presentación del documento.

El texto que han leído escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Miguel de Cervantes', de Valladolid, es fruto de semanas de diálogo y de consenso para tratar de reflejar todas las posiciones de cómo se deben defender los derechos de los niños y niñas de Castilla y León.  

Compromisos

Los firmantes de este pacto acuerdan trabajar en base a cuatro grandes bloques, articulados en 18 puntos. En primer lugar, se comprometen a impulsar la elaboración y desarrollo de políticas de infancia, como un instrumento para garantizar que los menores gocen de todos los derechos y libertades reconocidos por la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales ratificados por España.

En segundo lugar, los firmantes harán suyo el objetivo de promover la sensibilización de los derechos de la Infancia, de garantizar la igualdad de oportunidades y de poner en marcha programas específicos para que las prioridades y derechos de los niños formen parte de las políticas y programas de carácter local. Pero, además, impulsar que el tratamiento de la información en la que los menores sean protagonistas sea acorde con sus circunstancias, facilitar canales de participación para que los menores puedan expresar su opinión, así como difundir todos los sistemas actuales de protección a la Infancia y potenciar la formación de los profesionales que intervienen con los niños.

Para hacer visible a la Infancia en la agenda política local, los firmantes adquieren el compromiso de fomentar órganos estables de participación de los menores, elaborar planes municipales que tengan en cuenta sus necesidades, garantizar que todos reciben servicios básicos, tales como salud, educación y protección sin discriminación, e impulsar medidas que favorezcan su protección ante cualquier riesgo. También promover políticas urbanísticas, de seguridad y medioambientales que les permita disfrutar de entornos más seguros y más saludables.   Todas estas actuaciones se realizarán bajo tres principios generales: prevención, actuación inmediata e igualdad de oportunidades.

Diez años de la Ley

La firma de este pacto coincide con el décimo aniversario de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León en julio de 2002. desde entonces y hasta hoy, la Administración Autonómica ha actuado con más de 41.300 niños y adolescentes en la promoción de sus derechos y con más de 34.300 familias desfavorecidas o en situación de especial vulnerabilidad para evitar situaciones de riesgo en sus hijos.  

Asimismo, la Junta ha protegido durante este tipo a 5.841 menores cuando su familia no podía hacerse cargo de sus hijos, y ha tramitado 3.431 expedientes de familias solicitantes de adopción, que han dado lugar a 2.794 menores adoptados, tanto en Castilla y León, como en otros países. Y, además, ha atendido a 16.000 jóvenes infractores, aplicando más de 22.400 medidas reeducativas o de reinserción.   En cifras globales, en el periodo que comprende desde 2002 hasta 2012, la Administración Regional ha destinado en torno a 481,5 millones de euros para conseguir primar el interés superior del menor.