La utopía como revulsivo

Menuda la que ha armado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Ha asegurado, en una entrevista a El Mundo, que la Junta dispone de liquidez: en torno a los 400 millones de euros. Hay dinero en caja, señores. Por lo tanto, tranquilos, no hay problema para afrontar los compromisos de pago inmediatos. Además, aún confía en que los mercados aporten más liquidez (deuda) o, en último extremo, el "denostado" FLA.

Lógicamente, Del Olmo trataba de tranquilizar a los ciudadanos sobre la situación financiera de la Comunidad. La Junta no padece el mal general de la falta de liquidez, que es el cáncer de la situación financiera actual de empresas y familias. Aunque, al mismo tiempo, la consejera se ha encontrado con un efecto colateral -o no tanto- con el que quizás no contaba: si la Junta tiene liquidez, que reparta los euros comprometidos... Lo han dicho algunos dirigentes de organizaciones profesionales agrarias, pero lo podrían repetir -más alto, incluso- miles de empresarios, que han vuelto a padecer las consecuencias de los retrasos en los pagos por servicios prestados a las administraciones. Según los últimos datos, tras la "puesta al día" que promovió el Gobierno de Rajoy durante el verano pasado, la morosidad pública se ha disparado de nuevo por encima del 50%.

No es que Pilar del Olmo sea la Cruella de Vil del Gobierno regional entre los más de cien dálmatas con rostro jovial, dócil y bonachón. No. Es que en esta coyuntura, un pequeño stock financiero despierta ansias de justicia por doquier: ¡Si tiene dinero, por qué no paga!

Sabe muy bien la consejera Del Olmo, como algunos de sus compañeros de Gobierno, que en un escenario de recesión económica y de incremento de los precios (3,7% en octubre pasado), el progresivo empobrecimiento de empresas y familias es implacable. Letal. Los expertos pierden la noción semántica de los calificativos cuando comprueban que la situación de la economía se ajusta al patrón teórico de la estanflación (estancamiento económico+inflación). Aunque, en la actualidad, no se advierte estancamiento, sino recesión.

Sin el histórico y tradicional recurso a la devaluación de la moneda, la única vía de ajuste es precisamente ésta: el empobrecimiento general como consecuencia de la caída de los ingresos y el incremento de los costes (incluido el coste fiscal, lamentablemente). Pero si, además, a este terrible escenario se le añade el dato del alto endeudamiento de empresas, familias y administraciones... ¡La hecatombe! 

Al parecer, las empresas y las familias sí han hecho los deberes y han frenado en seco la evolución al alza su deuda. Han hecho un esfuerzo notable, en efecto; y de ahí el desplome de la demanda interna. Aunque se han visto "ayudadas" por las circunstancias: hoy nadie da un crédito ni harto de verdejo.

¿Y qué hacen las administraciones? Primero se endeudaron más, aunque en Castilla y León -sí, ya, ¡hay que recordarlo!- por debajo de la media nacional. Y después, obligadas a controlar su déficit, cerraron el grifo de la inversión (aspecto en el que Castilla y León no está por debajo de la media precisamente). Así, aunque el coste público estructural es ligeramente inferior al de 2009, la maquinaria mantiene prácticamente toda su capacidad de gasto, en stand by, a la espera de que vuelva a fluir el dinero del contribuyente.

Es verdad que los analistas no coinciden -tampoco es nada inusual- sobre el papel de las administraciones en un escenario de estanflación. Quizá, también, porque la riqueza de circunstancias y matices es tan abundante que no hay manual capaz de etiquetarlas. Pero, a pesar de todo, algunas medidas sí son admitidas y recomendadas por la mayoría. Entre ellas, las siguientes: el equilibrio presupuestario (control del déficit público, que ya está en proceso), la eliminación de estructuras administrativas similares o redundantes (pendiente de ejecución), el mantenimiento de recursos públicos destinados a la inversión (pendiente), la mejora de la eficiencia de los servicios públicos (incluido el desarrollo de las fórmulas de colaboración público-privada, también pendiente), más incentivos a la empresa (a medio gas), nuevos canales de financiación a empresa (con mucho recorrido por delante)... ¿Van en esta dirección los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2013? ¿No sería preciso enmendar oportunamente esa ley, actualmente en trámite parlamentario?

Desde un punto de vista utópico, se suele decir que si se lograra establecer un entorno adecuado, óptimo, y cada empresa contratase a un empleado... Castilla y León cuenta con casi 165.000 empresas de las que algo más de 68.000 tienen uno o más empleados (más de 99% son pymes o micropymes). Y más de 200.000 personas trabajan como autónomos. Es decir, el número de empresas y autónomos es equivalente al 31% de la población activa de la Comunidad, doce puntos por encima de la tasa de paro (19%). ¿No merece la pena buscar la utopía? 

Manuel Trapote. Periodista.