134 familias han solicitado ayuda al servicio de desahucio, 77 con carácter urgente

La consejera de Familia de Castilla y León, Milagros Marcos, ha asegurado este lunes que ya son más de 134 las personas que han pedido ayuda al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, puesto en marcha el pasado 1 de noviembre, y que 77 de ellas serán atendidas con carácter de urgencia.   
Marcos, que ha comparecido a petición propia en las Cortes para dar a conocer el Servicio, presentado públicamente el 19 de octubre, ha considerado que aún es pronto para analizar su funcionamiento aunque de momento se ha recibido la petición de cita previa de más de 134 familias, algunas de las cuales desconocían la existencia de la Renta Garantizada de Ciudadanía y son ya beneficiarios.   

Del total de demandas recibidas, seis fueron rechazadas por no cumplir los requisitos y 77 serán tramitadas con urgencia por "diversas causas" como el avanzado estado de evolución del proceso, el desarrollo del procedimiento judicial o la imposibilidad de poner en marcha las medidas previas contempladas.   

Asimismo, un 48 por ciento de las peticiones han sido ya atendidas en doce días, según la consejera, quien ha defendido que el Servicio se desarrolla con "absoluta normalidad" y ha añadido que aunque en principio se contemplaba la puesta en marcha de 24 oficinas territoriales, finalmente son 30 las que se encuentran en funcionamiento debido a que hay corporaciones que han puesto a disposición de este Servicio más de una dependencia, informa ep.   

En referencia al papel de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuestionado por el portavoz del PSOE en la Comisión,  Jorge Félix Alonso, quien ha considerado necesaria la implicación de este departamento, Milagros Marcos ha aclarado a los medios, tras su comparecencia, que Fomento ayuda con equipos técnicos y que, aunque no tiene viviendas a disposición de las víctimas de los desahucios, sí existe la posibilidad de que familias en riesgo de exclusión puedan acceder a estos recursos.   

"No se trata de decidir desde la Administración dónde va a vivir una familia", ha aseverado antes de señalar que ya hay ayuntamientos que ya han ofrecido su parque de viviendas para que sea empleado en este ámbito.   

La consejera ha abogado por "mirar hacia delante" e impulsar todo este tipo de medidas pese a que, ha reconocido, la situación tenía que haberse tenido en cuenta con anterioridad en el ámbito nacional, a lo que ha sumado la puesta en valor de las reuniones que Gobierno y PSOE mantienen en el ámbito nacional para consensuar medidas frente a los desahucios.

Atención preventiva y paliativa   

De nuevo en el caso de Castilla y León, ha destacado la posibilidad que ofrece el Servicio de ayudar a las familias desde la fase preventiva hasta la paliativa, "de forma integral" y de manera conjunta entre los servicios sociales y los de empleo, proceso en el que están también involucradas diez entidades de ahorro a las que ha agradecido expresamente su colaboración.   

La Comunidad no tiene competencias en el funcionamiento de las entidades y tampoco puede imponerles su voluntad, ha aclarado después de que el procurador del Grupo Mixto José María González le instase a solicitar a las entidades con "sede primigenia" en la Comunidad la paralización de los desahucios y a los colegios de Abogados, que pidan a sus asociados que no defiendan "a los desahuciadores".   

Por su parte Alonso, quien le ha acusado de acudir a las Cortes a "hablar de su libro", ha recordado las medidas presentadas por el Grupo Socialista en esta dirección y rechazadas por el Popular y ha advertido sobre el papel que las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Economía y Empleo y Hacienda juegan en este sentido.   

Así y tras recordar que quedan por pagar más de 5.100 ayudas al alquiler correspondientes al año 2010, el portavoz socialista ha abogado, como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, por que la Junta retire fondos de las entidades que no quieran llegar a acuerdos para evitar que haya familias que tengan que marcharse a la calle.   

"El código de buenas prácticas con la banca no existe", ha recalcado antes de reiterar que el Servicio es "un parche" y "queda muy escaso" y que, en caso de que se hubiera prestado atención a las iniciativas parlamentarias socialistas, se hubiera evitado "una parte importante de esos 1.500 desahucios".

El servicio      

El Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, de carácter pionero, busca prestar apoyo a las familias que se encuentren en riesgo de desahucio y tratar de evitar el alzamiento de la vivienda o proporcionar soluciones "paliativas", dependiendo del punto en que se encuentre cada proceso.   

En el Servicio participarán varias consejerías de la Junta, los 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Cáritas y diez entidades financieras que colaborarán para buscar soluciones a la situación de estas personas y tratar de evitar la pérdida de sus bienes a través de planes económicos, la reestructuración de deuda o incluso la dación en pago.   

"La dación en pago no es la mejor opción porque supone que la familia pierde su vivienda. Será una alternativa en algunos casos pero no la única", ha matizado Marcos.   

La iniciativa trata de aglutinar a todas las entidades que en algún momento participan en una situación de desahucio que afecta a muchas familias "plenamente integradas" social y económicamente.    

Así, intenta avanzar desde la fase preventiva, cuando una familia tiene un sobreendeudamiento, mediante la ayuda para desarrollar planes económicos que haga cambiar sus hábitos de gasto diarios, pero también mediante la interlocución con las entidades financieras para evitar el desahucio y hasta las "soluciones paliativas" que se pudieran contemplar en caso de que se produjera.   

La puerta de entrada al Servicio será el teléfono 012, a través del cual se podrá pedir cita previa para acudir a una de las 30 oficinas, en las que se  brindará asesoramiento para elaborar estos planes económicos y se contactará con la Gerencia de Servicios Sociales, algo que muchas de estas familias nunca han necesitado.   

Por su parte, las entidades financieras se comprometen a poner un interlocutor único para hablar con la Consejería de Familia y tratar de buscar soluciones concretas a cada caso como planes de reestructuración de la deuda cuando sea posible, la rebaja de la cuota con un periodo de carencia, el pago de un alquiler que cubra parte de la hipoteca o incluso la dación en pago.    

En el último de los casos, si el desahucio llegara a producirse, se trataría también de buscar algunas "soluciones paliativas" como recursos sociales, Renta Garantizada de Ciudadanía, programas de apoyo, pisos de alquiler social u otros recursos.   

En concreto, durante 2011 se produjeron en la Comunidad 3.027 desahucios y sólo en el primer semestre de 2012 ya se han contabilizado 2.297 alzamientos hipotecarios, con una tasa de un 1,18 de cada mil ciudadanos afectados (la media española es de 1,23).