Los trabajadores de Puertas Norma piden la mediación de Herrera y anuncian encierros y huelgas de hambre

Los representantes de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Puertas Norma han anunciado este viernes que a partir de la semana que viene, desde el lunes 12 de noviembre, llevarán a cabo medidas como huelgas de hambre y encierros para mostrar su desacuerdo con el plan de liquidación presentado por la Administración Concursal.

"Aún no hemos concretado ninguna de esas medida pero no descartamos nada", ha explicado el secretario de Organización de la Federación de Construcción y Maderas de CC.OO en Castilla y León, José Luis Sacristán, tras firmar hoy en Valladolid junto a otros siete compañeros la carta que remitirán al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para pedir su apoyo en la "defensa de la fábrica".

Según han expresado los trabajadores de la empresa, el 'Plan para la realización de los bienes y derechos' presentado por la Administración Concursal de la Sociedad "no garantiza la continuidad de la actividad productiva y causará perjuicios irreparables para todo el municipio de San Leonardo (Soria) y Comarca de Pinares". De este modo, el Comité de Empresa de Norma ha pedido a Herrera que comprenda la situación y reciba a los perjudicados por la liquidación para abordar "el gran problema".

En la rueda de prensa Sacristán ha interpretado que en la llamada 'Fase 1', Venta de la Unidad Productiva con mantenimiento del Empleo', se ha establecido una oferta mínima de 15 millones de euros que en la práctica supondrá la inexistencia de ofertas que cumplan este requisito y la apertura de la fase de venta por lotes. "La cantidad establecida supone un verdadero atraco a mano armada y conllevará el desguace de la fábrica", ha asegurado.

La carta que recibirá el presidente de la Junta contempla esta idea en su cuarto párrafo. "Nos permitimos señalarle que la cuantía señalada de la oferta mínima está fuera de la realidad y del mercado, siendo además muy superior a las que en la fase anterior del concurso presentaron otros inversores interesados en su adquisición y a los que no puso reparos entonces la Administración Concursal", se ha redactado.

Quienes han escrito la misiva van más allá y sostienen que, de mantener en el Plan dicha cuantía para las ofertas, "se utilizaría de manera fraudulenta en la práctica este requisito y el propio Plan como medio para impedir la continuidad de la actividad productiva y el empleo asociado a ella".

En este sentido, además, el Plan de Liquidación no contempla la enajenación directa, posibilidad establecida en la Ley Concursal para el caso de que la subasta resultase desierta.

"En definitiva, se recurrirá a la venta de la empresa por lotes después de los 60 años que llevamos nosotros dando en nuestro trabajo lo mejor que sabemos hacer, que es fabricar puertas", ha expresado uno de los afectados.

Por todo ello y ante "la gravedad de la situación", el comité de empresa de Norma ha solicitado la "urgente intervención personal y directa" de Juan Vicente Herrera para revertir esta situación. "Confiamos en que quiera y pueda ayudarnos", ha dicho otro de los miembros del comité, Francisco León.

300 empleos

La oferta mínima actual por la adquisición de Puertas Norma, además del pago "a tocateja" de 15 millones de euros contempla mantener en plantilla a 150 trabajadores, algo que los empleados rechazan por considerar que si no se mantienen los 300 puestos de trabajo que ellos exigen la planta cerraría en cuatro o cinco meses".

"Por esa cantidad de dinero la empresa está sobrevalorada y dudamos que alguno de los inversores que conocemos pueda estar dispuesto a pagar más de 9 millones", ha manifestado José Luis Sacristán antes de asegurar que este concurso va a pasar a los anales de la historia y "llegará a estudiarse en la carrera de derecho como un caso extraordinario" por no saltarse ningún punto de la ley concursal "ni molestarse en hacer encaje de bolillos para no perjudicar a los trabajadores".

En cualquier caso, el Comité ha asegurado que llegará "hasta el final" en la defensa de sus ideas, lo que incluirá hacer alegaciones para solicitar que el pago se pueda hacer de forma aplazada, "no de golpe".

Por otra parte, desde CC.OO. se ha asegurado que las deudas reales, "y no las que la empresa se debe a sí misma", son de un millón de euros ante Hacienda, tres en el caso de la Seguridad Social y nueve para los acreedores. En total, trece millones.

"Seguro que piensan eso de: vendemos la empresa por 15 millones, pagamos las deudas reales que debemos, nos vamos con un dinero bajo el brazo y hemos hecho un trabajo alucinante", ha imaginado José Luis Sacristán para concluir su intervención con la petición de "que no se consienta que la provincia de Soria deje de existir por la pérdida de tantos empleos".