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Dice que actuó conforme a la legalidad en la comparecencia de De la Riva

El TSJCyL reitera que los 'canutazos' de prensa no pueden realizarse en dependencias judiciales

El TSJCyL reitera que los 'canutazos' de prensa no pueden realizarse en dependencias judiciales

El decano de los jueces de Valladolid ya ha replicado que los periodistas seguirán trabajando como venían haciendo  

Por Redacción/Agencias
viernes 09 de noviembre de 2012, 13:27h
La responsable del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana García Marina, ha insistido hoy en que las dependencias judiciales no son el lugar idóneo para realizar 'canutazos' de prensa, con lo que se mantiene en su postura de que actuó conforme a la legalidad cuando este pasado miércoles prohibió taxativamente a los medios la entrada de cámaras en el Edificio de los Juzgados de Valladolid durante el interrogatorio practicado al alcalde con motivo de las investigaciones por el caso del inmueble de la Plaza de Zorrilla.

Pese a que el juez decano de los de Valladolid, Ignacio Segoviano, ha sido también claro al replicar que los periodistas seguirán ejerciendo su trabajo en las mismas condiciones que venían haciendo hasta la fecha, el TSJCyL ha precisado hoy que los medios de comunicación sí tienen libre acceso, con cámaras y grabadoras, a los juicios pero que no tienen libre acceso a los edificios judiciales.

El Alto Tribunal castellanoleonés sostiene que en los últimos años viene haciendo una apuesta importante por la transparencia informativa, facilitando con todos los medios a su alcance la labor diaria de los medios de comunicación en su territorio, si bien advierte de que también se encuentra vinculado, como no puede ser de otra manera, por el principio de legalidad, informa ep.

En este sentido, recuerda que las actuaciones que se practican dentro de la fase de instrucción del proceso penal no constituyen actuaciones públicas sino que resultan secretas, salvo para las partes personadas, no siendo aplicable el principio de publicidad a todas las fases del proceso, sino tan sólo al acto oral que lo culmina y al pronunciamiento de la subsiguiente sentencia (STC 176/1988, de 4 de octubre y las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que allí se citan).

Así, precisa igualmente que en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y en la mayoría de los Juzgados de todo el país, los justiciables, los profesionales y los medios de comunicación "saben que los pasillos y otras dependencias de los Juzgados no son salas de prensa y que, por tanto, no son el lugar adecuado para llevar a cabo el trabajo informativo".

Y para reforzar tal postura hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional cuando afirma que: "Los pasillos u otras dependencias del edificio no son fuentes de información de acceso general, pues más allá de los locales en los que se desarrollan las actuaciones públicas, el derecho de acceso tiene un carácter instrumental, es decir, paso para llegar a aquellos locales".

Ajeno al dispositivo policial

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia ha eludido cualquier responsabilidad en las actuaciones de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, que dependen orgánicamente de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de la ciudad, respectivamente.

Así, y dentro de la más pura observancia de la ley y del uso habitual en los tribunales, audiencias y juzgados de buena parte de España, asegura que el decano en funciones de los Juzgados de Valladolid estableció el pasado miércoles día 7 de noviembre, con pleno conocimiento del decano de los jueces y del Gabinete de Comunicación del TSJ, que la actividad de los juzgados no debía verse perturbada por la diligencia de instrucción a la que había de someterse el alcalde de Valladolid y que, por tanto, los 'canutazos' (grabaciones masivas informativas) no debían llevarse a cabo en los pasillos de esas dependencias, siendo inútil, por tanto, el acceso de las cámaras de televisión y de los aparatos fotográficos.

Por todo ello, el TSJCyL de Castilla y León asegura lamentar el hecho de que algunos informadores se hayan podido sentir perjudicados por las medidas establecidas y, "desde luego, deplora las reacciones interesadas y torticeras que desde algún sector de la vida política y profesional han suscitado las mismas".


 
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