UPA y COAG acudirán a la vía judicial en representación de 1.000 agricultores para reclamar las ayudas a la remolacha

Las organizaciones agrarias UPA y COAG, que conforman la Alianza por la Unidad del Campo, acudirán a la vía judicial en representación de un millar de agricultores para reclamar a la Junta de Castilla y León los tres euros de ayuda por tonelada de remolacha que la Consejería de Agricultura y Ganadería dejó sin efecto.

Representantes de ambas organizaciones junto al abogado José Ramón Pérez han presentado este jueves las cesiones de representación de los agricultores para que se acumulen al expediente de UPA y COAG en el que reclaman a la Consejería el pago de estas ayudas a la producción, de manera que puedan acudir a la vía judicial con una reclamación conjunta y no de forma individual.

Así, tras la presentación del recurso ante la Administración por parte de la Alianza el día 29, la próxima semana, si no hubiera respuesta de la Junta, podrían acudir a la vía judicial con un expediente conjunto, que sería "más manejable" que las individuales y tendría más visos de prosperar, informa ep.

El secretario regional de UPA, Julio López, ha explicado que con este acto las organizaciones pretenden cumplir el compromiso que adquirieron con los remolacheros de acudir a la vía judicial para reclamar los tres euros por tonelada correspondientes a unas ayudas a la producción que la Junta convocó y publicó y, a pesar de que la Consejería de Agricultura tenía hasta los listados de entrega de los productores, no se han llegado a pagar.

Último recurso

López ha calificado de "tomadura de pelo" la actuación de la Consejería, algo que considera "injusto totalmente", y ha recordado que han tratado de solucionar el tema por otras vías como el Consejo Regional Agrario, donde se propuso reconsiderar la decisión del departamento que dirige Silvia Clemente pero "lamentablemente" no se ha conseguido.

Por su parte, el coordinador regional de COAG, Aurelio Pérez, ha recordado que el origen de este conflicto se remonta a un acuerdo al que llegaron industria y la Junta, sin contar con las organizaciones, para garantizar un precio de 40 euros por tonelada.

En este sentido, ha explicado que "nadie" les marca su "hoja de ruta", de la que forma parte esta iniciativa llevada a cabo, que también persigue no colapsar la propia Justicia cuando se presente el recurso por la vía judicial.

Pérez ha recordado que sería "prácticamente imposible" que "remolachero por remolachero" vaya contra la Administración para reclamar a la Administración.