Herrera intentará poner orden en el PP con la ordenación territorial

Tras los continuos desmarques de alcaldes e, incluso, responsables del partido popular en las diferentes provincias que rechazan, algunos de manera frontal y otros con matices, del modelo de ordenación del territorio diseñado por la Junta, el máximo responsable del partido en Castilla y León, su presidente Juan Vicente Herrera, ha decidido tomar cartas en el asunto.

A los sonoros pronunciamientos en contra de la mayoría de los alcaldes en la provincia de Zamora, con el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maillo, a la cabeza, se sumó la pasada semana el pronunciamiento del PP de Ávila, presidido por Antolín Sanz, que ha remitido una carta al propio Herrera en la que muestra su oposición a la figura de distrito de interés comunitario que se crea en el nuevo modelo de ordenación territorial.

De nada han servido las reiteradas manifestaciones del "padre político" del nuevo proyecto de ordenación territorial, José Antonio de Santiago-Juárez, que visto el rechazo que ha creado la figura del distrito, ha decidido abandonarlo y retomar el término de mancomunidades, dejando claro que sólo se trataba de un cambio semántico y de aspectos que los municipios no tienen lo suficientemente claro.

Sea como fuere, lo cierto es que el propio Juan Vicente Herrera ha convocado, según ha informado la Cadena Cope,  para el próximo jueves a los presidentes del partido en la Comunidad, a los presidentes de diputación, al responsable de la Federación Regional de Municipios y Provincias (el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto), al secretario regional del PP, Alfonso fernández Mañueco, y, por supuesto, al consejero de la Presidencia.

El objetivo no es otros que el de tratar de poner un poco de orden en una de las prioridades que se marcó Herrera en su discurso de investidura -la ordenación territorial de la Comunidad- cuyo proyecto de ley debería ver la luz antes de que acabe el año pero que está siendo demasiado contestado por unos alcaldes que temen perder su financiación y autonomía municipal con lo que, en definitiva, ven peligrar la propia existencia de sus pueblos.