Las organizaciones sociales integrantes del CES de CyL firman un manifiesto por su continuidad

Las organizaciones sindicales y sociales CC.OO, UGT, Cecale, Asaja, Urcacyl, UCCL y UCE han firmado una declaración de apoyo al Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León en el que defienden su permanencia ante el debate que ha surgido sobre el replanteamiento de funciones, composición o existencia de instituciones.

Los firmantes aseguran en la declaración que el fundamento del CES descansa en el propio texto constitucional "cuando en el artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural" como así se recoge también en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 8.2.

Por eso el CES es un "órgano consultivo y asesor en materia socieconómica" de la Junta, motivo por el que se dotó a este órgano de personalidad jurídica propia, además de que "es la única institución de la Comunidad que canaliza la participación de la sociedad civil organizada" en el desarrollo de las políticas públicas.

Por ello, en la declaración los firmantes afirman que "no puede resultar más erróneo achacar cualquier posible supuesto de duplicidad de funciones del CES con otros órganos o instituciones".

Asimismo, los firmantes defienden que sólo en el CES "encuentran participación conjuntamente las organizaciones más representativas" de la sociedad civil y que la mayoría de los informes se acuerdan por unanimidad "pese a la lejanía de posturas aisladas inicialmente".

Por otro lado, aseguran que aunque alguna de las funciones del CES "pueda encontrar tangencialmente" algún punto de "encuentro" con las que desempeñan otros órganos "no puede llevar el silogismo de la identidad entre el consejo y cualquier otro órgano".

Además, descartan duplicidades con órganos estatales y descarta que las funciones del CES de Castilla y León pueden ser realizadas por el CES del reino de España "puesto que no se prevé legalmente tal posibilidad ni resultaría operativamente posible".

Por ello, en la declaración los firmantes recuerdan que el CES es una institución consolidada de 21 años de existencia con un presupuesto de 589.000 euros, "lo que no supone un problema económico real", y que además no conlleva gasto sobre construcciones ni alquileres y constituye un lugar "de debate e intercambio de ideas entre representantes de la sociedad civil "y no un departamento de la Administración regional".

"Las instituciones existen o no pero no deben depender de intereses ajenos tanto a su funcionamiento como a la colaboración en el logro del interés común de nuestros ciudadanos", destacan los firmantes antes de añadir que el hecho de no creer en las instituciones refleja "no creer en aquello que representan" y que, en este sentido, el CES es "el instrumento institucional de participación de la sociedad civil" garantizado por el Estatuto de Autonomía.

En conclusión, los firmantes defienden de manera "unánime" la permanencia del CES "para que continúe con su labor discreta y eficaz en el análisis tanto de las normas de carácter socioeconómico que proponga el Ejecutivo regional" como de cuantos temas a iniciativa propia consideren "importantes".