El relato político pendiente

La crítica se generalizó hace casi dos meses, alimentada por el entorno del propio presidente Rajoy. Es mejor admitir que el Gobierno se ha olvidado de hacer pedagogía política, que no tiene discurso, que no sabe construir el relato político (o como se quiera denominar), antes de abrir las puertas a la duda sobre la oportunidad, la eficacia y la continuidad del proyecto reformista emprendido tras recibir el mandato de las urnas el 20-N. A este argumento, también se han sumado tanto el presidente Herrera, como algunos de sus consejeros y no pocos altos cargos de la Junta.

El Gobierno de Castilla y León, que no se ha distinguido precisamente por su marcado perfil político en esta última década, sí entiende de discursos y relatos políticos. Son de consumo interno, en efecto. No "saltan" la Sierra de Guadarrama. Pero obtienen una rentabilidad mediática interna muy razonable. Sólo hay que poner el oído al marketing que despliega el avezado consejero Portavoz para comprobar que la táctica es rentable. No cabe duda.

Debe ser por eso, por el exacerbado relato político del Gobierno regional, por lo que un mismo partido con responsabilidades de gobierno (el PP) ha sido capaz de utilizar la marcha minera de 1992 contra el Gobierno de Felipe González (PSOE) y es ahora capaz "pasar la pelota" de la marcha minera en curso, 20 años después, contra el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Aunque en esta ocasión, ya se sabe, la actitud más camaleónica es la del PSOE, que después de bendecir el programa del carbón que finaliza este año (el núcleo de la discordia), ha tenido el valor de aplaudir las protestas de los mineros y de sus mujeres en sede parlamentaria... ¿Amnesia? No, lo siguiente. Todo un récord.

Sin embargo, el Gobierno regional no termina de encontrar un relato político lógico, creíble y rentable en su difícil andadura hacia la estabilidad presupuestaria. En esta aspiración, que es esencial para la recuperación económica, el Gobierno balbucea superado por los acontecimientos, desbordado por el "sorprendente" crecimiento del gasto estructural y la constante caída de los ingresos.

Ni el presidente Herrera, ni la consejera Pilar del Olmo se han atrevido aún a desvelar lo que es evidente y, además, irremediable: la Administración autonómica tendrá que desprenderse de un significativo número de empleados públicos, más pronto que tarde, para recuperar el equilibrio de sus cuentas. No hay otra alternativa.

Es una vía dolorosa, sí. Tan dolorosa como la que recorren miles de empleados del sector privado desde hace más de cuatro años.

Después de la experiencia del ejercicio pasado, en el que no se contuvo el gasto y se disparó el coste de personal sin aparente justificación (o con muchas justificaciones escasamente convincentes), todo parece indicar que 2012 apunta similares comportamientos. Los datos del primer trimestre así lo indican. Y en diciembre, alguien dirá: ¡déjà vu!

Para colmo, en contra de lo que se estimaba a comienzos de año, la recesión se prolongará con fuerza bastante más allá del primer semestre. Es decir, que la caída del PIB regional (-1,5) será una o dos décimas mayor; el desempleo puede avanzar por encima del 3%; y la tasa de paro podría asentarse en el 20%. Lo que significa que los ingresos no financieros de la Administración no alcanzarían la cifra prevista (8.300 millones de euros), mientras que los gastos -cuanto menos- se cumplirán con extraordinaria precisión. Y además, el recurso a la deuda, con la calificación actual, representa un coste añadido no contemplado y prácticamente insoportable.

La técnica aplicada hasta ahora (subir impuestos y renunciar a las inversiones) ya no tiene prácticamente recorrido, salvo los efectos del incremento del IVA que apruebe a corto plazo el Gobierno de la nación, que no serán necesariamente positivos para las arcas regionales y, en todo caso, muy probablemente, tampoco suficientes.

En este contexto se entienden las recientes "reflexiones" de destacados altos cargos del Gobierno nacional, en las que ya asumen la necesidad de recortar el número de empleados públicos en todas las administraciones. Lo haya "recomendado" Bruselas o no, lo haya "recomendado" Berlín o no, la reducción de empleados públicos en España es una asignatura pendiente e ineludible... Y el Gobierno regional tendrá que escribir el relato político ad hoc con urgencia. Ahí te quiero ver.

Manuel Trapote. Periodista.