¡Al ladrón, al ladrón!

Ya sé que eran otros tiempos y que los que salían por piernas al grito de "al ladrón", al ladrón", solían serlo de poca monta, poco más que para sobrevivir a una vida  miserable. En todo tiempo, los grandes ladrones han camuflado sus fabulosos robos mediante la impunidad del poder y la apariencia de legalidad y legitimidad. Y han escapado, casi siempre, a la acción de la justicia y a la indignación social.

Ahora, en la actualidad, se han convertido en plaga  los delincuentes de cuello blanco, que acaparan el poder para robarnos, sin escrúpulos, hasta el aire que respiramos. Y escapan impunes, sin que siquiera alguien  los corra por las calles al grito de "al ladrón".
 
Tenemos ejemplos notorios entre los banqueros, de rabiosa actualidad, algunos políticos y jueces, especuladores financieros sin escrúpulos que matan de hambre a mucha gente, grandes inversores de poderosas multinacionales que hacen de la alimentación un negocio al más puro estilo mafioso, y unos cuantos etcéteras que podríamos añadir.

En este estado de cosas, no cabe la sorpresa respecto al funcionamiento de los mercados y en particular respecto a la cadena agroalimentaria, absolutamente determinante para las rentas agrarias y por lo tanto para el presente y futuro de los hombres y mujeres del campo. Puede sorprender, en todo caso, que el funcionamiento especulativo y voraz que caracteriza a estos mercados, sea consentido y alentado, por los organismos reguladores y por las propias leyes. Pero el poder sirve a este tipo de intereses, y a la vez otorga impunidad.

En estas circunstancias es más necesario que nunca  que  los ciudadanos mayoritariamente indignados, también en el sector agrario, pongamos pie en pared y exijamos un cambio de modelo económico y social que responda a verdaderos principios democráticos.

Nosotros en esas estamos, claro que en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra organización agraria viene exigiendo reiteradamente una rigurosa regulación de los mercados agroalimentarios, para erradicar el abuso y la especulación, contarios al interés general.
 
Y en particular resulta especialmente urgente una ley que regule y ordene la cadena que vincula al agricultor, es decir la producción agraria,  con el consumidor de alimentos. Una cadena de la que forman parte también la industria de transformación y la distribución. Una cadena dominada por la gran distribución alimentaria, que manipula al consumidor hacia un modelo de alimentación y de consumo estandarizado que solo conviene a intereses especulativos, al tiempo que exprime al productor hundiendo los precios en origen por debajo de costes. Si el agricultor de aquí, el eslabón más débil, no aguanta, importan la materia prima de países en los que todavía la explotación de la gente y de los recursos está institucionalizada. Se trata de que el eslabón más fuerte, mantenga a toda costa unos márgenes comerciales escandalosos, caiga quien caiga. Un auténtico robo por asalto.

La monopolística posición de dominio de la gran distribución es reconocida, en sus informes, por la Comisión y el Parlamento Europeos que sin embargo no regulan una solución. El largo rosario de prácticas comerciales abusivas de estos salteadores, ha sido también reconocido, en su último informe,  por la Comisión Nacional de la Competencia, en nuestro país. Pero esta Comisión unas veces no es competente, otras incompetente y las más parece que solo le compete arrearnos justo a los más débiles, cuando se nos ocurre  hablar simplemente de negociación de precios.

¿Es de recibo que se permita a la gran  distribución  unos márgenes medios del quinientos por cien, como viene denunciando COAG, junto a las asociaciones de consumidores, en el Índice de Precios Origen Destino? ¿Se puede consentir que Carrefour obligue a sus franquiciados a vender a pérdidas, tal  como éstos han denunciado, incurriendo en ese caso en una práctica de competencia desleal e ilegal? ¿Puede sin inmutarse  el Grupo Día declarar que en la guerra de precios que ha mantenido, sus márgenes no se ven erosionados porque trasladan al productor la deflación? ¿Se puede permitir que Carrefour, venda con su marca en Francia la leche francesa a 0,95€, y en España esa misma marca a 0,53€, siendo nuestro país deficitario en leche? ¿Y el aceite de girasol de la misma marca a 2,21€ en Francia y a 1,47€ en España, tratándose de un mercado único comunitario, en clara demostración de mantener una estrategia de eliminación de nuestra estructura productiva agraria, de nuestra transformación e incluso de la distribución, a favor de los intereses del capital y del país que parece representar? ¿Acaso la Comisión Nacional de la Competencia no debe tomar cartas en el asunto de Hipercor, que se ha permitido  en Córdoba vender el litro de aceite de oliva a 1, 21€, cuando al olivarero le cuesta producirlo a 2,3€, evidenciando o bien una ilegal venta a pérdidas,  o bien una compra por debajo de costes medios de producción?

Aunque no toda la distribución tiene el mismo comportamiento, esta situación se hace insostenible y debe tener un límite. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad de la regulación de la cadena agroalimentaria, que erradique las prácticas abusivas, las guerras  monopolísticas y la aplastante posición de dominio de la gran distribución  y posibilite un reparto más justo del valor de los productos agroalimentarios, que permita mejorar las rentas de los agricultores y agricultoras, hoy hundidas, preservando al mismo tiempo los intereses de los consumidores.

El Ministro de Agricultura se ha comprometido a poner coto a estos abusos  mediante una Ley que regulará, antes de final de año, la cadena agroalimentaria en nuestro país. Veremos muy pronto el alcance de sus intenciones.

En todo caso sigamos gritando "al ladrón, al ladrón", aunque los habituales asaltadores de cuello blanco y corbata impecable parezcan no  inmutarse. Sabemos que no soportan ser descubiertos, tras su disfraz.

Miguel Blanco. Secretario General de COAG.