Clemente aboga por una normativa que sancione prácticas abusivas

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha defendido este viernes ante representantes de productores, industria alimentaria y empresas de distribución que el proyecto de ley en el que trabaja el Gobierno de España para "establecer el equilibrio" en los precios del sector, debe tipificar y sancionar "prácticas abusivas" en el mercado, además de mejorar la transparencia y crear unos contratos "claros" entre productores e industria.
  
Clemente ha participado este viernes en un foro de debate sobre la 'Cadena de Valor en la industria agroalimentaria', organizado por el diario El Mundo de Valladolid en las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Técnica Agraria (INEA), donde se han tratado las relaciones entre los distintos eslabones del proceso que lleva los productos de alimentación del campo a casa de los consumidores.
  
En este sentido, la consejera ha destacado la importancia de que el ministro de Agricultura y Ganadería, Miguel Arias Cañete, anunciara el desarrollo de un proyecto de ley dirigido a "establecer el equilibrio" equilibrio en la política agroalimentaria, ya que a su juicio el anterior Gobierno, del PSOE, lo anunció pero "no solucionó los problemas que tiene la cadena" pues "se quedó en un borrador", informa ep.
  
Silvia Clemente ha recordado que la Junta de Castilla y León envió una propuesta al Ministerio en la que se incidí en distintas medidas como que se "tipifiquen y sancionen" las prácticas abusivas en el sector, con el fin de que no se permita la venta "a pérdidas en cualquiera de los eslabones", un problema sobre el que se ha profundizado durante toda la jornada.
  
La representante del Gobierno regional ha puesto el ejemplo de la línea de leche de vacuno 'Tierra de Sabor', por la que se alcanzó un acuerdo con una cooperativa para comprar el producto al precio de producción señalado por los estudios económicos (0,35 céntimos por litro) y lanzarlo al mercado a un precio "competitivo" y con los "máximos" estándares de calidad.
  
Clemente ha recalcado que el funcionamiento de esta marca durante sus más de dos meses de actividad ha sido satisfactorio y que incluso los datos "han ido a mejor". Además, ha apuntado la posibilidad de que próximamente se sumen nuevas cooperativas a la producción de la leche, ya que por el momento sólo se trabaja con una agrupación de ganaderos de León.

El caso del azúcar
  
Previamente, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, y el presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González Serna, han establecido un debate sobre esta materia, al reclamar el primero a empresas como la palentina que cuentan con acuerdos con grandes cadenas de distribución si van a pagar el azúcar al coste de producción o permitirán que se siga comprando en países como Brasil "sin seguridad y con trabajadores sin contratar".
  
El presidente del grupo galletero ha subrayado que las empresas tienen que buscar principalmente los beneficios del cliente, pues considera que no pueden sacar al mercado productos "caros o sin calidad", y ha lanzado un guante a los agricultores y ganaderos para que sean "más eficientes", pues de lo contrario ha pronosticado que el sector azucarero continuará con excedentes.
  
Por otro lado, el secretario general de COAG en Castilla y León, Aurelio Pérez, ha insistido en que todo acuerdo que "no garantice un coste mínimo de producción" significará que los agricultores y ganaderos seguirán sin poder invertir en sus explotaciones algo que, según su opinión, actualmente resulte muy difícil debido a la crisis económica.
  
Dentro de este ámbito, la consejera del Gobierno regional ha apuntado que la normativa de la que ha hablado tiene que incidir también, como se señala en la propuesta enviada al Ministerio, en la "claridad y transparencia", con contratos entre productores e industriales que fijen específicamente cuestiones como las "condiciones, volúmenes, precios y calidades".
  
Por otra parte, ha recordado que, aunque en España aún no se han tomado medidas "contundentes" que permitan establecer ese equilibrio, en Francia ya se ha avanzado con una normativa de modernización que "implica a todas las partes" y que parte de la base de que la Política Agrícola Común "no sólo está dirigida a agricultores y ganaderos, sino a todos los sectores".
  
A este respecto, ha apuntado a la idoneidad de que el Estado estructure meses interprofesionales en las que productores, industria y distribuidores puedan llegar a acuerdos concretos sobre sus relaciones mercantiles. Así, ha recordado que a escala de Castilla y León las distintas mesas sectoriales, como las del vacuno de leche o la patata, "ya comienzan a dar resultados".
  
Silvia Clemente ha mantenido que si los costes de producción quedaran cubiertos por los precios en los distintos niveles de la cadena agroalimentaria, las ayudas de las administraciones serían menos necesarias en un sector que, como ha reiterado, supone en torno al 5 por ciento del Producto Interior Bruto de la región, o de algo más del 10 si se tiene en cuenta la industria agroalimentaria.