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Acuerdos del Consejo de Gobierno

La Junta mantiene las tarifas del Programa 'Centros Abiertos'

La Junta mantiene las tarifas del Programa 'Centros Abiertos'

Da conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 4/2001, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos

jueves 10 de mayo de 2012, 14:52h
El Consejo de Gobierno ha aprobado las tarifas para participar en el Programa 'Centros Abiertos' durante este verano y los precios fijados se mantendrán en los mismos términos que en 2010. La Junta destinará más de 1,5 millones de euros para la financiación de este programa de conciliación, que permitirá que los centros docentes públicos estén abiertos del 25 de junio al 31 de julio, de lunes a viernes, desde las 08.00 horas a las 15.00 horas.

Dentro del Acuerdo para el Impulso del Diálogo Social en Castilla y León, la Consejería de Educación consensuó con los agentes sociales y económicos de la Comunidad el establecimiento de un servicio complementario -que se implantara en el curso 2004-2005-, consistente en la apertura de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria los sábados, los días laborales no lectivos y en vacaciones de Navidad y Semana Santa, con el fin de conciliar la vida familiar y laboral de los ciudadanos castellano y leoneses.
 
Fruto del citado acuerdo, en el curso escolar 2004-2005 comenzó, con carácter experimental, el Programa 'Centros Abiertos' en 29 colegios de las nueve capitales de provincia y se articuló mediante la firma de convenios entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos participantes que estos se encargan de planificar y organizar el servicio. En esta primera experiencia, 'Centros Abiertos' fue un servicio gratuito para las familias, disponible en 29 centros de la Comunidad y del que se beneficiaron unos 1.400 niños de entre 3 y 12 años.
 
Desde entonces, el programa ha crecido en número de ayuntamientos participantes y, por tanto, en centros escolares que ofrecen este servicio. En el presente curso se ha alcanzado la cifra de 82 centros en Castilla y León durante el periodo lectivo y el número de alumnos beneficiaros, con unos 10.000 en cada una de sus convocatorias -trimestrales y verano-.
 
Ampliación del programa al periodo estival
 
En el curso 2007-2008 la Administración educativa dio un paso más en solventar las incompatibilidades entre el desarrollo de la vida familiar y laboral de las familias desde el inicio de las vacaciones escolares en el mes de junio con la implantación de 'Centros Abiertos' durante la última semana de junio y el mes de julio, en horario de lunes a viernes de 08.00 horas a 15.00 horas. Durante los periodos 2007-2008 y 2008-2009, el programa se ofertó a las familias, tuvo un gran éxito de participación y ello provocó, a su vez, que su coste superara los 3 millones de euros.
 
Debido al gran esfuerzo presupuestario que suponía este servicio complementario, la Consejería de Educación implantó en el verano del año 2010 una fórmula de cofinanciación, recogida en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de julio de 2009, con las familias beneficiaras consistente en que aquellos progenitores que utilicen el servicio durante las cinco semanas que dura el programa abonarán 80 euros por usuario (2,86 euros al día). Las familias que hagan uso del programa durante 2, 3 ó 4 semanas desembolsarán 40, 60 u 80 euros respectivamente por usuario, mientras que las familias que utilicen 'Centros Abiertos' solo una semana pagarán 25 euros por usuario. Además, las familias numerosas de categoría general pagarán el 50% de la tarifa y las familias numerosas de categoría especial están exentas del pago.

Así, desde el verano del año 2010, los padres y madres de los escolares que acuden a 'Centros Abiertos' pagan estas tarifas, que se han mantenido desde entonces y no han mermado la asistencia de los alumnos sino que, por el contrario, ha crecido en un millar por curso.
 
El coste total estimado del Programa 'Centros Abiertos' durante el próximo periodo estival es de 1.596.728 euros, de los que la Consejería de Educación sufragará más de un millón de euros y se prevé que lo utilicen en torno a 6.600 usuarios. Por tanto, estas cifras implican un abono por parte de los usuarios del 30,99% del coste del servicio, mientras que el 69,1% restante lo financiará la Junta de Castilla y León.
 
Desde el 25 de junio y hasta el próximo 31 de julio, ofertarán este servicio 79 centros de Infantil y Primaria de Castilla y León -39 de ellos se encuentran en la zona rural y 40, en el ámbito urbano-. Las familias interesadas que cumplan los requisitos establecidos -los progenitores deben encontrarse en horario laboral mientras se desarrolla el Programa- podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de mayo.
 
Los escolares asistentes al programa podrán realizar actividades socioeducativas con dos monitores hasta 30 alumnos y, a partir de 31, un cuidador más por cada 18. En el caso de escolares con necesidades educativas especiales se contará con un monitor por cada 6 alumnos.
 
Las actividades en las que participan los alumnos son complementarias a las educativas y no curriculares e incluyen  actividades plásticas, deportivas, juegos de ritmo y coordinación, animación a la lectura, audiovisuales, entre otras. Además, uno de los valores añadidos de este servicio es que los escolares conviven con niños de diversos centros educativos de su ciudad o provincia, ya que pueden participar todos los niños que estén escolarizados en Educación Infantil y Primaria de entre 3 y 12 años en centros de la Comunidad.

Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos

El Consejo de Gobierno ha manifestado su conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, presentada en las Cortes por los tres grupos parlamentarios (Popular, Socialista y Mixto). Las Cortes de Castilla y León remitieron el texto al Ejecutivo autonómico para su consideración.

Una de las modificaciones incluidas en el texto de la Proposición de Ley planteada por los tres grupos parlamentarios afecta al número de firmas exigido para ejercer la Iniciativa Legislativa Popular, pues se requerirá el uno por ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación, cuando hasta el momento era necesario el respaldo de al menos 25.000 electores. Se mantiene el requisito de que los electores correspondan a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen cada una de ellas, como mínimo el uno por ciento del respectivo censo provincial.
 
También se suprime como causa de inadmisión a trámite de las iniciativas legislativas presentadas el hecho de que exista previamente una Proposición No de Ley aprobada por las Cortes en la misma legislatura con idéntico objeto; y se amplía el plazo de seis a nueve meses para la recogida y entrega de firmas a la Junta Electoral de Castilla y León y se posibilita su recogida mediante el sistema de firma electrónica.
 
Se introduce la obligatoriedad de que las proposiciones de ley se incluyan efectivamente en el orden del día del Pleno de las Cortes en el plazo máximo de seis meses.
 
A partir de ahora, los promotores tendrán la posibilidad de dirigirse a la Cámara para presentar la Proposición de Ley en el debate para su toma en consideración. También se incorpora la posibilidad de conversión de la iniciativa legislativa en una petición ante las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes en el supuesto de inadmisión.
 
En la nueva modificación se introducen mejoras de carácter técnico y procedimental y se clarifican diversos aspectos de la norma vigente: se flexibiliza el sistema de verificación de firmas que se efectuará a través de la Oficina del Censo Electoral sin necesidad de aportación de certificado previo junto a los pliegos que contengan la proposición; se hace constar expresamente la necesidad de que los pliegos estén escritos en castellano; y se aclaran aspectos procedimentales relativos a la regulación del supuesto de inadmisión de la proposición presentada.

Otros acuerdos

En materia de Familia, el Consejo de Gobierno ha aprobado un primer paquete de subvenciones, por importe superior a 2,1 millones de euros, a Cáritas, Cruz Roja y otras entidades para la atención de personas con discapacidad, la prevención de la Dependencia, la protección a la infancia, la inclusión social y la violencia de género. Estas subvenciones son un avance de la financiación que se aprobará en todo el año 2012.

En Sanidad, ha autorizado dos inversiones, por valor total de 1.447.406 euros, para el suministro de diverso material sanitario con el que atender las necesidades asistenciales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En Cultura y Turismo, el Consejo de Gobierno ha sido informado sobre el proyecto de decreto que adaptará la normativa en materia de depósito legal del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital. La principal novedad es que comenzará a recopilarse el patrimonio digital de Castilla y León existente en Internet y redes sociales para su conservación y difusión con fines de investigación a través de la aplicación informática GEDL depósito legal de Castilla y León. Otra novedad es que el depósito legal lo tendrá que hacer el editor y no el impresor, lo que aporta mayores garantías y mejora depósito. La nueva normativa se basa en el principio de racionalización y prestará al ciudadano un servicio público de mayor calidad al simplificar los procedimientos y garantizar el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Por último, el Consejo de Gobierno ha sido informado sobre el proyecto de decreto por el que se creará el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, un órgano colegiado, vinculado a la Presidencia, para la participación, consulta, análisis y coordinación entre los sectores de la cultura y la Junta de Castilla y León. El objetivo es poder planificar de forma conjunta las políticas en materia de cultura, artes y patrimonio cultural. Este Consejo asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaban otros órganos sectoriales con el fin de favorecer la racionalización administrativa, simplificar trámites, agilizar la gestión y conseguir una mayor eficacia en el funcionamiento de los órganos adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo.
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