Definitivo adiós de Castilla y León a la gestión de la Cuenca del Duero

Aunque Castilla y León nunca la ha llegado a tener, definitivamente tendrá que renunciar a asumir, aunque sea de forma compartida, la gestión de la Cuenca del Duero. Así se desprende de la decisión adoptada este viernes por el Consejo de Ministros que ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado. Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. Esa normativa, materializada en un Real Decreto, fue la solución que se dejó a las comunicades cuyos estatutos fueron declarados inconstitucionales en uno de sus puntos por recoger la gestión de sus cuencas hidrográficas, como es el caso de Castilla y León y Andalucía.

Esta decisión aleja casi por completo las aspiraciones de Castilla y León de asumir la gestión del agua, un deseo que se materializó la legislatura pasada en los trabajos de una comisión formada por el Gobierno central y la Junta para negociar el traspaso de la gestión del Duero. Sin embargo, el primer varapalo llegó desde el Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional los artículos que recogían el desarrollo de esa competencia hidráulica.

La normativa ahora derogada, que había sido aprobada por el Gobierno socialista,  abría el camino a la cogestión de las comunidades con cuencas intercomunitarias, una vía que parece cerrarse definitivamente, ya que eran precisamente estos aspectos, como la policía hidráulica o los procedimientos sancionadores, las competencias que Castilla y León podría haber llegado a asumir, una vez que el Tribunal Constitucional dejó claro el principio de unidad de cuenca, especialmente si esta discurre por más de una comunidad.

Con esta medida el Gobierno central da un paso más en su deseo de mantener las confederaciones hidrográficas bajo el dominio del Ministerio. De hecho, una de las primeras medidas fue la de rebajar la consideración administrativa del organismo de cuenca.