Los alojamientos de turismo rural también tendrán categorías por estrellas

El Consejo de Gobierno ha sido informado este jueves del proyecto de decreto por el que se regulan los establecimientos de alojamientos de turismo rural que sustituirá al Decreto 84/1995 de 11 de mayo. Este proyecto de decreto ha sido enviado a todos los miembros del Consejo Autonómico de Turismo para el inicio de la fase de alegaciones aunque el borrador ha contado ya en su elaboración con la participación del sector turístico.

Los principales objetivos que persigue el nuevo decreto son cuatro: impulsar una modernización y mejora de los alojamientos de turismo rural en Castilla y León que permita articular una oferta sólida y diversificada en un marco de creciente competencia, fomentar una adaptación de la oferta de este tipo de alojamiento a los cambios de la demanda, con unos turistas que demandan cada vez más servicios e instalaciones de calidad, impulsar la calidad del sector de turismo rural, referencia dentro y fuera de Castilla y León, y mejorar la información al cliente final favoreciendo, a través de la mejora de la oferta de alojamiento de turismo rural de nuestra Comunidad, la elección del destino turístico Castilla y León.
 
El decreto aporta entre sus principales novedades un régimen de categorización de los alojamientos de turismo rural en cinco categorías, en función de sus instalaciones y servicios. Este número de categorías responde tanto a la tendencia detectada en el resto de Europa como a la propia realidad de Castilla y León. Esta categorización es uno de los aspectos más demandados por el propio sector, cuya regulación será beneficiosa tanto para las empresas -porque la categorización supone un incentivo para la mejora de la gestión empresarial- como para el turista -porque adecuará los servicios a sus expectativas y necesidades y le proporcionará mayor seguridad en la elección del alojamiento-.
 
Otra de las novedades es la creación y regulación de la figura de Hotel Rural, que responde a una exigencia del propio sector y a la necesidad de regular y promocionar en el marco del Turismo Rural esta figura de alojamiento que existe en el medio rural.
 
Por lo que se refiere a la regulación de las Casas Rurales se aumenta el número máximo de plazas que pueden ofrecer de 10 a 16, adaptándose así a la realidad del sector. Para adaptarse a la realidad del sector, desde la entrada en vigor de este decreto no se podrán presentar más declaraciones responsables de inicio de actividad de Casas Rurales de alojamiento compartido, aunque se respetan las ya existentes.
 
Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno ha conocido el Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León. La Ley 5/2011, de 19 de septiembre, ya modificó aspectos de Ley del Consejo Consultivo, dando cumplimiento al compromiso del discurso de investidura del presidente de la Junta, en el que anunció el impulso de una modificación de las leyes reguladoras del Consejo Consultivo, reduciendo el número de sus consejeros. El objeto principal de este nuevo Reglamento es su necesaria adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley.

Las principales novedades derivadas de la modificación de la Ley reguladora del Consejo Consultivo son la reducción del número de consejeros electivos, que pasan de cinco a tres y serán designados por las Cortes de Castilla y León. También se suprimen los dos consejeros electivos que eran designados por la Junta de Castilla y León; se suprime la posibilidad de que uno de los consejeros electivos sea nombrado entre titulados superiores que no sean licenciados en Derecho; se introducen limitaciones en el mandato de los consejeros natos, de forma que sólo podrán tener dicha condición los ex presidentes de la Junta de Castilla y León que hayan accedido a su mandato al comienzo de una legislatura autonómica. Esta limitación no se aplicará a quienes hubieran finalizado su mandato como presidentes de la Junta antes de la entrada en vigor de la ley.
 
A su vez se determina la forma de elección del presidente del Consejo y la duración de su mandato, que será igual a su mandato como consejero, y se indica que será elegido por mayoría absoluta de los consejeros electivos, en primera votación, mayoría simple en la segunda y, en caso de empate, el nombramiento recaerá en el consejero electivo que corresponda según el orden de su designación por las Cortes. Se establece la previsión expresa de que el presidente pueda participar en el turno de reparto de estudios, ponencias o dictámenes.
 
También se faculta al Consejo Consultivo para que pueda elaborar, a solicitud de la Junta, estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía. Estos informes se elaborarán en el plazo de tres meses, salvo que por la complejidad de la materia sea insuficiente, en cuyo caso podrá ampliarse hasta seis meses. La Junta excepcionalmente podrá solicitar el dictamen con carácter urgente, en cuyo caso, el presidente del Consejo puede reducir el plazo a dos meses.
 
Se delimita también la competencia para dictaminar sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y se establece que sólo tendrá que emitir dictamen en la tramitación de aquellas reclamaciones que superen los 1.000 euros.
 
En otras modificaciones aparece la posibilidad de comunicación directa entre el Consejo Consultivo y la autoridad consultante, cuando ésta sea una corporación local, en caso de necesitar documentación complementaria. Hasta ahora este trámite pasaba por la consulta de datos del Consultivo a la Junta y de la Junta a la corporación local.
 
Decreto que fija la potestad sancionadora en las materias competencia de la Consejería de Economía y Empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que fija la potestad sancionadora en las materias de competencia de la Consejería de Economía y Empleo. La nueva norma aporta mayor claridad y simplificación en su aplicación, facilitando el conocimiento de la normativa vigente a los órganos de la Administración encargados de aplicarla y a los ciudadanos.

El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno completa y desarrolla de una forma homogénea y unitaria los aspectos competenciales de la atribución de la potestad sancionadora en los ámbitos de la consejería de Economía y Empleo. Con la aprobación de esta norma, se pretende dotar de la necesaria seguridad jurídica en esta materia tanto a los órganos de la Administración encargados de la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores como a los propios ciudadanos que tienen derecho a conocer la competencia de los órganos en tales casos.
 
La potestad sancionadora es aquella facultad de la Administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado, bien sean personas naturales o jurídicas, como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora. Por su parte, la sanción consiste en la privación de un bien o derecho, o en su caso, en la imposición de un deber.
 
Este decreto supone la simplificación normativa mediante el ordenamiento de textos y de normas dispersas, con el objetivo de que tanto los órganos de la propia Administración encargados de aplicarla y los ciudadanos puedan conocer en todo momento, el órgano competente para la tramitación de cada fase del procedimiento sancionador.
 
El decreto se adapta a la nueva estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo e incorpora las nuevas competencias que, en materia de consumo, han sido le han sido atribuidas.
 
Con esta regulación se alcanza un mayor grado de agilidad y eficacia administrativa al atribuir la competencia a los órganos que se consideran más adecuados para la tramitación de los procedimientos y su resolución.
 
El proyecto de decreto consta de dos capítulos: el primero de ellos es el dedicado a la incoación, instrucción y tramitación de los procedimientos sancionadores y el segundo se refiere a las normas sobre resolución de los procedimientos sancionadores.
 
Más de 120.000 euros para financiar el funcionamiento del SERLA

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una inversión de 120.815 euros para el funcionamiento del SERLA para durante el primer trimestre de 2012. Con este importe, el Gobierno regional contribuye al desarrollo de un sistema para resolver conflictos laborales de forma previa a la vía judicial ya que a través de este órgano, la conciliación y el arbitraje permiten un acuerdo entre las partes que se plasma en un laudo que tiene carácter de cumplimiento obligatorio de lo pactado entre las partes en litigio. Este órgano extrajudicial de resolución de conflictos laborales está disponible para todos los trabajadores y empresas que cuenten con centros de trabajo ubicados en Castilla y León.
El SERLA es una fundación pública cuyos patronos son la Junta de Castilla y León y las organizaciones económicas y sociales más representativas -UGT, CCOO y CECALE-. Durante el año 2011 contó con una aportación de 483.263 euros y resolvió 308 procedimientos en el que han estado implicados 5.619 empresas y 99.288 trabajadores. En el periodo acumulado desde el año 2006 hasta 2011 se han iniciado un total de 1.742 procedimientos que han afectado a un total de 649.507 trabajadores y a un total de 21.862 empresas de Castilla y León.   EL SERLA ha experimentado una demanda de sus servicios de mediación constante y progresiva, lo que ha supuesto su consolidación como actor dinamizador en el ámbito laboral de Castilla y León.  

La Junta renueva el sistema de seguros específicos para compensar los daños por ataques de lobo y perros asilvestrados
 
El Consejo de Gobierno renueva la contratación del seguro específico para compensar los daños producidos por ataques de lobo y perros asilvestrados a las explotaciones ganaderas de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente prorroga, durante 2012, el seguro que puso en marcha el año pasado y que agiliza el pago de las ayudas que reciben los ganaderos para compensar los daños producidos. La continuidad de la póliza mantiene el pago en un plazo máximo de entre 30 y 60 días desde que se produzca el siniestro.

La suscripción de la nueva póliza tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2013 y atenderá a la siniestralidad acaecida durante el año 2012. Mantendrá la agilidad en el pago de los daños ocasionados por los ataques de lobos y perros asilvestrados, respecto de todos los siniestros ocurridos durante este año 2012, cubriendo tanto lucro cesante como daños indirectos y la franquicia correspondiente. Antes, los pagos se efectuaban en un plazo aproximado de 6 meses y, desde la suscripción de este nuevo seguro en 2011, se realizan en un plazo máximo de entre 30 y 60 días desde el momento que se produce el siniestro.
 
Además, este sistema mantiene las condiciones favorables para los ganaderos. En concreto, un menor coste para el ganadero que las pólizas anteriores, no tendrá que pagar recargo alguno por alta siniestralidad ya que se valorará la siniestralidad de manera conjunta y global, con importantes bonificaciones por no siniestralidad y con primas por cabeza de ganado de entre 0,35 euros para el ovino y caprino y 1,75 euros para el ganado vacuno y equino.
 
Podrán adherirse o renovar su póliza todos los ganaderos que realizan su actividad en Castilla y León y que así lo soliciten sin necesidad de contratar otros servicios o seguros.

401.000 euros para suministros sanitarios destinados al Complejo Asistencial de Salamanca y al Clínico de Valladolid

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 197.884 euros para la contratación, para los dos próximos años, del suministro de electrodos para los servicios de Cardiología y Neurofisiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
 
La Consejería de Sanidad ha hecho un esfuerzo en la contención del gasto en este contrato de suministros, ya que el importe de licitación se ha reducido en un 5,35 % en comparación con el precio del contrato actualmente como consecuencia de haber reducido el precio unitario de los productos, y ello sin perjuicio de poder obtener un mejor precio en la adjudicación del contrato.
 
El segundo expediente supone una inversión 203.137 euros y una duración de un año, que se destinará a la contratación de material desechable para el servicio de Radiología Vascular e Intervencionista del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En este caso, el expediente refleja un 13 % de reducción sobre el contrato actual.

Novedoso sistema de firma electrónica que agilizará trámites y reducirá gastos de gestión

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, mañana día 4 de mayo, de la orden por la que se implanta un novedoso sistema de firma electrónica segura para la tramitación de sus expedientes, que reducirá gastos de gestión y agilizará los trámites y los plazos.

La Gerencia de Servicios de Castilla y León se convierte en pionera en la implantación de un sistema de firma electrónica, validada con un Código Seguro de Verificación, que sustituye la firma en papel del funcionario en la tramitación de expedientes, y que tendrá la misma validez jurídica y legal. Esta herramienta informática permitirá la firma de documentos en el propio servidor, sin tener que realizar todo el proceso de validación y comprobación del certificado en cada uno de ellos, y permitirá realizar envíos de documentos electrónicamente al instante.
 
Las ventajas de este certificado, desarrollado en colaboración con la Consejería de Hacienda, son múltiples tanto para la Gerencia, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, como para los ciudadanos. Y es que, con este nuevo sistema, que se enmarca en el compromiso de la Junta de Castilla y León de modernizar la Administración, se reducirá el tiempo del proceso de la firma, se agilizan los trámites, se optimizarán los gastos de gestión y se ahorrará en papel.
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades calcula que, con este nuevo sistema de firma electrónica, se evitará imprimir en papel la documentación de los expedientes tramitados, eliminando así gran parte del problema de almacenamiento de papel.
 
El ahorro económico para las administraciones podría superar los 100.000 euros en el primer año. Pero, además, la Gerencia busca la eficacia y la eficiencia, agilizando los trámites administrativos.
 
Los ciudadanos de Castilla y León también apreciarán ventajas en el tiempo de respuesta de sus solicitudes relacionadas con los Servicios Sociales, acortando los plazos por el ahorro de tiempo en los trámites administrativos.