Un cuarto de siglo

En junio de 2012 se cumplirán 25 años desde que el Partido Popular accedió al gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León. El día de Villalar puede ser un buen día para echar la vista atrás y hacer un balance de lo que ha significado este cuarto de siglo para nuestra comunidad.

¿Qué peso tenía Castilla y León en España en 1987 y qué peso tiene ahora? Si hablamos de población, hemos pasado de 2.592.287 en 1987 a 2.475.386, según los últimos datos publicados por el INE. En 1987 los castellanoleoneses éramos el 6,7 % de los habitantes de España, en 2012 solo somos el 5,36 %. En un contexto de fuerte crecimiento de la población española, sobre todo en los años de expansión económica, Castilla y León, con algunos altibajos, sigue en una tónica de pérdida de población, prolongando la sangría que se inició en los años 60 del pasado siglo. A diferencia de lo que dicen algunos responsables políticos, la pérdida de población no es la causa de nuestros males, sino su consecuencia. La población es el termómetro de la economía y eso significa que Castilla y León ha sido, durante estos 25 años, una economía menos dinámica que el conjunto de España.

Muchos castellanoleoneses han emigrado y siguen emigrando a día de hoy. Y los que se van son siempre las personas más jóvenes, las más activas, las más dinámicas, las mejor formadas, las que tienen más iniciativa. La emigración es, por tanto, una pérdida no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Durante la última fase de crecimiento económico, justo antes de la crisis, la tendencia a la pérdida de población se amortiguó por la llegada de un número importante de inmigrantes. Esa población compensaba en parte la pérdida cuantitativa, pero no la cualitativa, pues su nivel de formación era mucho menor que el de los que nos habían abandonado.

Castilla y León tiene la población más envejecida de España. Casi uno de cada cuatro habitantes de la comunidad (el 23%) son mayores de 65 años. Por eso, los recortes que se están aplicando en servicios sociales básicos como la sanidad o la atención a la dependencia nos están afectando y nos van a afectar mucho más que a otras comunidades autónomas. También tenemos la población más dispersa de España y por ese motivo los recortes en educación también nos van a afectar mucho más, ¿qué va a pasar con nuestras escuelas rurales si se aumenta la ratio de alumnos por aula? ¿qué va a pasar -qué está pasando ya- con los ciclos de FP en el medio rural?

Económicamente, este cuarto de siglo ha supuesto también para Castilla y León una gran pérdida de peso en relación con el conjunto de España. En 1987, Castilla y León aportaba un 6,4 % al PIB nacional, hoy solo aportamos el 5,4. En lo único en lo que convergemos es en PIB por habitante, obviamente porque ha disminuido el número de habitantes, no porque nuestra riqueza relativa como comunidad haya aumentado. Esta pérdida de peso se ha producido, además, durante los años en los que nuestra comunidad ha estado recibiendo de manera constante fondos europeos.

Durante esta última crisis, desde 2008, la economía de Castilla y León ha aguantado un poco mejor que el conjunto de España precisamente porque es una economía que ya era menos dinámica antes de las crisis y su crecimiento había sido menor en los años inmediatamente anteriores, entre otras causas porque la burbuja inmobiliaria fue menor en nuestra comunidad. Algo similar ocurrió durante el período 1993-1994. Así pues, puede decirse que cuando España despega Castilla y León se queda rezagada y cuando España frena, Castilla y León aguanta un poco mejor la frenada porque su velocidad de crucero es menor.

Se puede decir también, y es verdad, que hay menos paro en Castilla y León que en otros lugares de España, pero ese dato, considerado de forma aislada, no significa que nuestra situación sea envidiable. Los hay que están peor, es verdad, pero también los hay que están mejor, y se trata además de comunidades limítrofes con la nuestra, lo que debería hacernos reflexionar. Por otra parte, el diferencial de Castilla y León respecto a la media de paro nacional sigue siendo hoy prácticamente el mismo que hace 25 años. No hemos empeorado, pero tampoco hemos mejorado.

Por otro lado, nuestra comunidad no tiene menor paro por ser económicamente más pujante, sino precisamente por todo lo contrario. Nuestras cifras de paro se explican, básicamente, por la baja tasa de actividad, es decir, porque en Castilla y León el porcentaje de personas incorporadas al mercado de trabajo (estén trabajando o en paro) de entre todas las personas en edad activa, es menor que en otras comunidades autónomas. Nuestra tasa de actividad es del 55 %, frente al 60 % en el conjunto nacional. Dicho de otra manera, no hay menos parados porque haya más gente trabajando, sino porque hay menos gente que quiera trabajar. En los últimos 25 años, la tasa de actividad de Castilla y León ha crecido 8 puntos, pasando de un 47 a un 55 %, pero durante ese mismo tiempo, la tasa de actividad española ha crecido 11 puntos, pasando de un 49 a un 60 %.

La baja tasa de actividad en Castilla y León se explica, principalmente, por la bajísima tasa de actividad femenina, que no llega ni al 50 % (está en el 47,4 %). Por consiguiente, si las mujeres se hubieran incorporado al mercado de trabajo en nuestra comunidad en la misma medida en la que lo han hecho en el resto de España (53 %), nuestra cifra de paro sería hoy bastante superior. Es cierto que en 25 años, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en Castilla y León ha experimentado un crecimiento notable, pero el avance ha sido menor que en el conjunto de España, de manera que ahora estamos más lejos de la tasa nacional de lo que lo estábamos en 1987.

Podríamos seguir comparando parámetros para valorar la evolución de la comunidad de Castilla y León en el último cuarto de siglo. Muchos de esos parámetros no están directamente relacionados con la acción de gobierno, pero otros sí. Uno de ellos es, muy claramente, es el de la ordenación territorial y la corrección de los desequilibrios entre provincias y comarcas.

Castilla y León no es sólo una Comunidad invertebrada, también es una comunidad rota. Las diferencias entre los territorios son de tal magnitud que constituyen un lastre para cualquier perspectiva de desarrollo sostenible. Además, la evolución reciente no va en el sentido de la eliminación de esas diferencias, sino todo lo contrario. Por citar sólo un dato, en los últimos 10 años el diferencial de PIB per cápita entre la provincia más rica, Burgos, y la más pobre, Zamora, no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado en un 61 %.

Muchas son las asignaturas pendientes en esta comunidad y muchas dependen de decisiones políticas. Baste hablar, por ejemplo, de la creación de una red de infraestructuras de todo tipo pensada con criterios regionales y no locales (o localistas) y de la necesaria reorganización de las estructuras administrativas de la comunidad y de los entes locales para favorecer la cooperación y la eficiencia en la prestación de los servicios.

En los últimos 25 años se ha apreciado de manera muy clara la diferencia entre las comunidades autónomas que poseen una auténtica voluntad de autogobierno y las que no. La autonomía, tomada en serio, consiste precisamente en eso: en voluntad de autogobierno, es decir, en la capacidad para definir las prioridades, no sólo para gestionar unas competencias, elaborar unas normas y administrar unos medios materiales y personales. En Castilla y León, para nuestra desgracia, hemos tenido muchos gestores y pocos gobernantes. Se han creado infinidad de órganos administrativos y se ha aprobado una maraña de normas jurídicas, pero muy pocas veces se ha tratado de identificar los problemas, de jerarquizarlos y de afrontarlos con decisión y valentía, sin pensar en el corto plazo.

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.