Las Cortes rechazan pedir al Gobierno un plan integral de ayudas contra la sequía

El pleno de las Cortes de Castilla y León han rechazado, con los votos en contra del Grupo Popular, pedir al Gobierno de España, en nombre de la Junta, un plan integral de ayudas para compensar las pérdidas provocadas por la sequía a agricultores y ganaderos.
   
En la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista, se instaba al establecimiento de una línea de créditos ICO con bonificaciones del tipo de interés financiado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), así como medidas fiscales como el incremento de un punto en el IVA que compensatorio del sector ganadero y las excensiones de cuotas de la Seguridad Social para los sectores afectados.
   
En su intervención, la procuradora socialista Ana Sánchez ha resaltado los efectos "perjudiciales" que la sequía causa a agricultores y ganaderos, "a pesar de las lluvias caídas en los últimos días", y ha recordado las demandas de los afectados, los cuales "sufren además el elevado coste de los piensos y fertilizantes o el bajo precio de los productos", informa ep.
   
Por otro lado, Sánchez ha lamentado que las reuniones celebradas en Castilla y León no hayan servido para concretar "ni una sola actuación", por lo que ha pedido a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que "demuestre" su "buena voluntad" y su "disposición" manifestada  para "apoyar y complementar las medidas del Gobierno de España".
   
Por su parte, el parlamentario 'popular' Francisco Julián Ramos Manzano ha justificado el rechazo de su grupo a la PNL dado que, en su opinión, resulta "aventurado" hacer previsiones sobre la sequía en estas fechas, ya que "la situación del cereal es reversible en función de las precipitaciones que puedan caer durante la primavera".
   
En este sentido, ha reiterado que "es prematuro hablar de situación de sequía en el sector cerealista en Castilla y León", si bien ha reconocido los "problemas" que tiene la ganadería por "la falta de pastos" y la necesidad de recurrir a la compra de pienso.
   
Ana Sánchez ha lamentado el voto en contra de los 'populares' y ha subrayado que "venir a las Cortes a hablar del tiempo no es serio", puesto que "las políticas de la Junta no pueden depender de mirar al cielo y sacar el santo a ver si llueve por la gracia de Dios", por lo que ha concluido que "en el Partido Popular no se puede confiar".

"Mala gestión del agua"
   
La Cámara también ha rechazado la enmienda presentada por el Grupo Mixto para "solicitar a la Confederación Hidrográfica del Duero un informe urgente sobre el gasto de agua" en dicha cuenca hidrológica "en los últimos meses", ya que, según el leonesista Alejandro Valderas, existe en Castilla y León una "mala gestión del agua".
   
Valderas ha aseverado que "todos los años llueve más o menos lo mismo" y ha recordado que en virtud del Convenio de Albufeira de 1929, "revisado recientemente", parte del agua "de los pantanos de Zamora se desvía a Portugal" para la producción de energía eléctrica.
   
Valderas también ha recordado que Valladolid "gasta un 20 por ciento más de agua del que le corresponde", ante lo que ha deducido que "a alguien se la está mangando", al tiempo que ha lamentado otros ejemplos de "mala planificación" como la construcción de polígonos industriales "sin al dotación de agua suficiente" o la paralización del Plan de Depuradoras.

Decreto de precios públicos en servicios sociales

El Grupo Parlamentario Socialista también ha reclamado este miércoles reformas en el Decreto que establece los precios públicos prestados por la Administración en el ámbito de los servicios sociales y que entró en vigor el pasado 1 de marzo para que en todo momento el usuario "sepa qué va a pagar y porqué lo paga" sin tener que hacer ecuaciones.
  
En este sentido, el procurador socialista Jorge Félix Alonso ha advertido de un "fin recaudatorio" por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
  
Alonso ha advertido también de que a los usuarios de centro de día que tienen que vivir en una vivienda en alquiler "apenas les queda para vivir" tras pagar la primera prestación con la cuantía mínima garantizada mensual.
  
Esta es una de las cuatro carencias detectadas por el Grupo Socialista en el citado Decreto, "un documento complejo y de difícil comprensión" para la mayoría de las personas que, según el PSCL, no incluye de forma específica la parálisis cerebral en el cuadro en el que se relación las cuantías que se tienen que abonar por cada tipo de centro y plaza ni en el cuadro en el que se recogen las cuantías mínimas que se garantizan en función de la situación de dependencia del usuario.
  
Según ha advertido Jorge Félix Alonso, según este Decreto, "que tenían que haber sido dos", al incluir la vivienda habitual para el cálculo de la capacidad económica de los beneficiarios "un buen número de beneficiarios pueden salir perjudicados por tener que pagar por una vivienda que no ocupan, pero no tienen por qué desprenderse de ella".
  
Finalmente, Alonso ha lamentado que el Decreto no distinga las cuantías de las cantidades mínimas garantizadas cuando la persona usuaria de un centro de día es una persona mayor o una persona con discapacidad "cuando los gastos fuera del centro de día para una y otra persona son muy diferentes".
  
Por todo ello, ha reclamado una serie de actuaciones en relación al citado Decreto como facilitar a cada usuario y de forma específica una información detallada de cómo se determina la cuantía que debe abonar por la plaza que ocupa.

Evaluación de la aplicación
  
También ha reclamado una evaluación pasados seis meses de su entrada en vigor de la aplicación que permita determinar qué le queda a un usuario para gastos a partir de la cantidad mínima garantizada cuando debe pagar un alquiler.
  
Incluir de forma específica la atención a las personas con parálisis cerebral y adaptar las denominaciones de la situación física o psíquica de las personas mayores a las denominaciones de la Ley de la Dependencia son otras de las peticiones realizadas por Alonso, que ha aclarado que los socialistas no rechazan este Decreto sino que quieren mejorarlo.
  
Desde el Grupo Mixto, el procurador José María González Suárez, de IU, ha apoyado la propuesta de los socialistas porque es "muy interesante" al "hacer masticable, creíble y asumible" el Decreto para la población, a lo que ha sumado la evaluación de las actuaciones.
  
"Queremos creer que la filosofía no era recaudatoria sino trabajar por la igualdad y por la equidad", ha manifestado González, que ha rechazado que los usuarios tengan toda la información  ante un "exceso de tecnicismos a la hora de explicar lo que hay detrás". González ha apelado en este sentido a una labor pedagógica para mejorar el contenido de la norma.
  
Sin embargo, la bancada 'popular' ha rechazado la propuesta del Grupo Socialista ya que, según la procuradora Cristina Ayala, va más allá de los temas de la Dependencia ya que "los servicios sociales son el todo y la Dependencia la parte" y, además, "se prestaban mucho antes que la Ley".
  
Ayala ha rechazado la pretensión del PSOE de "enmendar la plana" a la Junta desde el convencimiento de que las cosas "se hacen bastante bien". Del mismo modo, ha aclarado que el bien jurídico a proteger no es la sencillez sino la equidad, la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema. "Se agradece la intención de mejorar", ha reconocido la procuradora 'popular' que ha recordado que ya se establece la aportación económica mensual.
  
Por último, ha invitado a los socialistas a revisar "conceptos caducos" para poder mantener los servicios en unas circunstancias económicas difíciles, que ha achacado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.