El nuevo estatus de los 'banqueros' locales

Inimaginable. Era un axioma. A la voz de... ¡Valladolid nos quita las cajas!... se produciría inexorablemente un in-cen-dio-so-cial en las ocho provincias restantes. Algo así como el juicio final. La ruptura de Castilla y León como proyecto de Comunidad. Hubo, incluso, un conato en la capital burgalesa. Y produjo efectos inmediatos. El manoseado respeto a la autonomía de cada entidad -que envolvía un derecho cierto, formal, aunque inexistente- se convirtió en el argumento de una grave irresponsabilidad.

El resultado es el que ofrece la dolorosa tozudez de los hechos: los consejos de las seis cajas de ahorros con domicilio social en Castilla y León, cinco tras la tortuosa fusión España-Duero, se entregaron al "mejor" postor, perdieron -libremente, eso sí- su propia autonomía, perdieron su propia naturaleza (volcaron su negocio, el de todos, en los nuevos bancos) y optaron -libremente, eso sí- por convertir su red comercial en el último vestigio de su centenaria historia.

La última hornada de banqueros locales, aupados a tal título mediante legítimas triquiñuelas políticas, confirmó finalmente los peores presagios: su leitmotiv fue salvar su "sillón", sus dietas, sus cómodos ingresos... Y no sólo a costa de recortes de plantilla, del cierre de oficinas e, incluso, de profanar el santuario de la obra social. No. También a costa de protagonizar el dudoso honor de cerrar las propias cajas. Adiós.

Ponga el lector nombre y apellidos, si cree que merece la pena, a los protagonistas de la radical transformación del supuesto músculo financiero regional. La verdadera prueba del nueve. Tres de los cinco presidentes, junto a un grupito de leales, ocupan ahora distintos cargos de escasa relevancia, aunque relativamente bien remunerados: Agustín González (Caja Ávila) y Atilano Soto (Caja Segovia), en la nueva estructura orgánica de Caja Madrid (BFA y Bankia); José María Arribas (expresidente de Caja Burgos), como asesor del consejo de Banca Cívica, del que ahora es miembro el nuevo presidente de la caja burgalesa, José María Leal; Ignacio Mijangos, expresidente de la Caja del Círculo de Burgos, se incorporó al consejo de Caja 3 (en pleno proceso de absorción por Ibercaja), si bien fue sustituido a finales de 2011 por Vicente Ruiz de Mencía; y Evaristo del Canto, que fue elegido presidente de España-Duero tras la fusión, espera convertirse en el vicepresidente y consejero delegado de Unicaja Banco, entidad en la que se diluirá en breves fechas la extinta primera caja regional, hoy Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU.

Una transformación radical del sector financiero regional, sí, que supone en realidad la constatación de su propia desaparición. Ante el silencio de los cientos de miles de impositores. Ante el silencio, en fin, de los castellanos y los leoneses que otrora eran la excusa de una supuesta revolución social capaz de dar al traste con Castilla y León como proyecto de Comunidad.

Ni siquiera el último episodio, el protagonizado por España-Duero, ha levantado un mínimo grito de resignado lamento. El resultado de la ansiada fusión regional, España-Duero, se ha echado en brazos de Unicaja con el único fin de garantizar parcialmente el futuro de su plantilla. La caja regional ya no existe. Y el banco España-Duero, de reciente creación, es ahora el 30% de Unicaja Banco. Eso sí, con la ingente tarea (graciosa, por imposible) de saldar una deuda de mil millones de euros con cargo a su única expectativa de ingresos: el 30% del beneficio que declare anualmente Unicaja Banco. O sea que, además de renunciar a su originaria razón de ser (la obra social), se queda sin capacidad de decisión en el nuevo banco de Braulio Medel.

Medel, por cierto, sí ha sacado adelante todas sus demandas. Entre otras, la compra de una red comercial a cambio de "papelitos" (el 30% de las acciones de Unicaja Banco), cuyo coste financiará -además- la propia entidad adquirida (España-Duero); manos libres para tomar acuerdos de calado a corto y medio plazo y financiación segura para abordar la o las próximas operaciones corporativas (hasta 1.025 millones).

Manuel Trapote. Periodista.