El PSCL reclama a la Junta que se comprometa a no despedir funcionarios

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha anunciado este miércoles que llevará al próximo Pleno una batería de propuestas destinadas a que el Gobierno regional "no se ponga de perfil" ante la reforma laboral y que, entre otros aspectos, estudie la posibilidad de presentar un Recurso de Inconstitucionalidad o se comprometa a no aplicar las opciones que deja la nueva normativa para el despido de empleados públicos ni las concernientes al empleo de parados para realizar trabajos sociales "sin remuneración".

El viceportavoz y portavoz de Economía y Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Julio López, ha presentado hoy dos proposiciones no de ley que se llevarán al próximo Pleno autonómico y que estarán complementadas por las nueve preguntas que plantearán en la Comisión correspondiente para cuestionar a la Junta por los planes para la creación de empleo cuando "las nueve provincias se encuentran en el peor momento laboral".

En una de las PNL se reclama al Gobierno regional que inste al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que abra el proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales para alcanzar un acuerdo relativo a esta reforma que impida que, según la opinión de los socialistas, "suponga un retroceso en los derechos de los trabajadores".

Asimismo, López ha apuntado que se reclamará a la Junta de Castilla y León que no aplique dos posibilidades "peligrosas" que, a su juicio, habilita la reforma presentada hace unas semanas por el Gobierno de España, como la "universalización" del despido que facilitaría la extinción de contratos en el sector público; o la "obligatoriedad" de que los parados desempeñen trabajos comunitarios en las administraciones, informa ep.

Así, se pide el compromiso de la Junta de no aplicar las "facilidades" para el despido de empleados públicos, ni aceptar la contratación de parados para realizar trabajos sociales "sin remuneración".

Esta proposición incluye del mismo modo la solicitud de que el Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera se dirija al Gobierno para que "corrija" el nuevo tratamiento de los supuestos de despido colectivo y el nuevo marco que se establece para las acciones de formación para el empleo. Según Julio López, el propio presidente de la Junta se comprometió a trabajar para la modificación de dichos aspectos en el Consejo del Diálogo Social.

En sustancia, se trata de medidas para que el Gobierno regional "elija la obediencia debida a Mariano Rajoy" o la preocupación por la Comunidad castellanoleonesa y el compromiso por el trabajo para que salga adelante de la situación de crisis económica. Asimismo, ha reiterado que la reforma, además de ser "lesiva" para los intereses de la región, "no creará empleo a medio y largo plazo".

De hecho, López ha puesto dicha afirmación en boca del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; quien según los datos aportados señaló que el año 2012 supondría en España la destrucción de 630.000 puestos de trabajo. En un cálculo propio, el viceportavoz socialista ha extraído que éso supondría 800.000 parados más en España y, si se toma por premisa que Castilla y León absorbe el 5 por ciento de los desempleados totales, 40.000 más en la Comunidad.

Julio López ha lamentado que "sólo" en los dos primeros meses de 2012, ya con Gobierno del Partido Popular, la cifra de desempleados ha aumentado en "17.000 personas", lo que supera en un 40 por ciento a los 11.000 en los que, según sus datos, se incremento el paro durante 2011.

Inconstitucionalidad

La segunda PNL plantea a la Junta de Castilla y León la posibilidad de que estudie la inconstitucionalidad de la reforma, ya que los socialistas consideran que "invade" competencias propias de las autonomías como el fomento del empleo y el diálogo social, al tiempo que fija medidas que lesionan los derechos de los trabajadores.

En este sentido, ha citado la fijación del periodo de prueba de un año para los contratos, la "limitación de la negociación colectiva" con la introducción del "arbitraje obligatorio" y la facultación al empresario de la capacidad para incumplir lo pactado en los convenios colectivos.