¿Diputaciones provinciales sin pueblos?

Será muy difícil hacer entender a los alcaldes de los pequeños municipios de Castilla y León que la ordenación del territorio propuesta por la Consejería de Presidencia no consista en desmantelar la poca Administración y servicios que aún perviven en el medio rural, y que los habitantes de estos pueblos valoramos profundamente.

Es tarea difícil de creer que la concentración administrativa que el Gobierno regional pretende desarrollar se haga por nuestro bien, por mejorar los servicios, y por la atención primaria en nuestros pueblos, como se viene diciendo en las últimas semanas.

Vale que nos falte preparación académica a muchos de los ciudadanos que vivimos en los pueblos, pero de ahí a ser necios aún quedan muchos escalones. Por eso, los abnegados y voluntariosos alcaldes del Partido Popular por mucha obediencia que muestren a `su´ partido seguirán preguntándose, quizá demasiadas veces, para qué servirá esta nueva ordenación territorial que alejará aún más físicamente a los verdaderos servidores de los ciudadanos rurales, aquellos que tantos desvelos tienen por su pueblo.

La mayor parte de los políticos de la Junta de Castilla y León dicen que les preocupa muchísimo el despoblamiento del medio rural, pero en la mayoría de los casos la ciudad está tan lejos de los pueblos  que no alcanzan a conocer las razones de este despoblamiento o, quizás les falten ideas para hacer políticas que permitan seguir en el pueblo.

El despegue de la actividad industrial y económica de las urbes hizo un efecto esponja, absorbiendo mano de obra barata procedente de los pueblos sin advertir casi nadie, en esos momentos, del grave problema que empezaba a amenazar al medio rural. Este éxodo se utilizó para justificar que también salieran de los pueblos los veterinarios, los médicos, los curas, los maestros, la guardia civil...etc.

Posteriormente y atendiendo a la normativa comunitaria se ha legislado sin compasión, obligando a sacar del pueblo las vaquerías, los cebaderos de porcino, gallineros, explotaciones de ovino...etc. Y todo porque son instalaciones "molestas" "insalubres" y "malolientes" para los vecinos, y en especial para aquellos que un día se fueron del pueblo  y que después regresaron a recuperar la casa de los abuelos, o pasar unas plácidas vacaciones con bajo coste.

Hoy se pretende argumentar en esa ordenación del territorio que los núcleos de población seguirán existiendo, eso sí, posiblemente sin secretario, sin alguacil, sin juez de paz y quizás sin alcalde. De esta manera, el Gobierno local sería administrado desde la cabecera de comarca, a las que, a estas sí, se dotaría de todos los servicios como salas de cine, polideportivo, pista de pádel, gimnasio, sala de baile, además de garantizar los servicios de veterinario, médico, maestro, cura y guardia civil entre otros, si la situación económica lo permite.

Una vez establecida la nueva ordenación del territorio, y la injusta aplicación de la reforma de la PAC fijando como agricultor activo al notario, al veterinario, al médico, al maestro, al cura y al guardia civil entre otros, conseguirán en pocos años que los pequeños pueblos dejen de ser un problema  para la Junta de Castilla y León, porque los agricultores y ganaderos profesionales no podrán dimensionar sus explotaciones para ser más productivos.

En ese momento ya no será necesario presupuestar fondos a través de los Planes Provinciales desde las Diputaciones para los pequeños municipios, y todo el presupuesto se destinará a las cabeceras de comarca para reponer las escuálidas cuentas tapando los agujeros existentes arrastrados en los últimos ejercicios por el despilfarro y falta de criterio de sus gobernantes.

La pregunta que se hacen los que viven en estos pequeños pueblos es ¿Quién se hará cargo de las tareas propias que desempeñan los alcaldes, que a su vez ofician de electricista, fontanero o albañil,  entre otros menesteres? ¿No será que desde el Gobierno Regional pretenden matar a los pueblos para salvar las Diputaciones?

Julio López Alonso. Secretario general de UPA Castilla y León.