El PP aprueba en solitario la Ley de Medidas Tributarias

Las Cortes de Castilla y León, con los únicos votos a favor del PP, ha aprobado este martes la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', y establece un incremento de 2,5 horas sobre la jornada laboral de los funcionarios.
  
La normativa no ha contado con el respaldo del PSOE y Grupo Mixto que, además, no han logrado introducir alguna de las 160 enmiendas que llegaron 'vivas' para su debate en la sesión plenaria.
  
De este modo, la normativa de establece finalmente el denominado 'céntimo sanitario' que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá, según la Junta, ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.
 
En este caso, la normativa establece la devolución de la mitad del gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos correspondiente al gasóleo de uso profesional --24 euros por cada 1.000 litros-- con el objetivo de reducir el "impacto" del impuesto en el sector del transporte, una reducción que afectará a los vehículos de transporte de mercancías por carreteras, de pasajeros y los taxis, informa ep.
  
La Ley aprobada en solitario por el PP establece también el incremento de 2,5 horas en la jornada laboral de los empleados públicos, aunque finalmente, tras negociaciones en la Mesa de la Función Pública, se ha logrado establecer la "excepcionalidad" de la aplicación este aumento con el fin de que se vuelva a las 35 horas actuales cuando la situación económica mejore, es decir, cuando el PIB registre un incremento superior al 2,5 por ciento.
  
Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, y cuya recaudación --unos 39 millones de euros-- se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Tributos propios
  
La normativa establece además que Castilla y León desarrolle por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental.
  
El primero es la denominada 'ecotasa', que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.
  
El otro nuevo impuesto gravará la eliminación de residuos de vertederos en por del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales, cuya recaudación se destinará a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

Otras cuestiones
  
La ley incluye además una modificación de la ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes con el fin de permitir que en las localidades de más de 1.000 habitantes regulen la distancia para la ubicación de establecimientos hosteleros sin necesidad de aplicar la limitación de 25 metros existente hasta el momento.
  
Demás, se cambiará la Ley del ruido para que los establecimientos hosteleros puedan ampliarse hasta un 25 por ciento sin necesidad de solicitar una nueva licencia ambiental, y, por último, se remodelará la Ley de Prevención Ambiental para reducir a la mitad el plazo de la tramitación de las licencias ambientales.
  
En cuanto a la reducción del número de entes administrativos la Ley incluye la autorización de la extinción de la empresa pública Sotur para formalizar la cesión global de activos y pasivos a la Fundación Siglo, que subrogará todos sus derechos y obligaciones.

Enmienda transaccionada de UPL

Una enmienda transaccionada de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que ha recibido el visto bueno del Grupo Parlamentario Popular con la abstención del Grupo Socialista y del procurador de IU, José María González, ha permitido introducir en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras aprobada este martes los acuerdos alcanzados el pasado viernes en la Mesa de la Función Pública y ayer en la Mesa Sectorial de Sanidad.
  
En concreto, esta enmienda transaccionada, la número 1 de UPL, hace referencia a la exposición de motivos de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras en la que han quedado recogidos aspectos acordados en el seno del Diálogo Social en los últimos días como la excepcionalidad y la temporalidad de la ampliación de la jornada laboral para los funcionarios públicos, que será de 37,5 horas semanales hasta que haya un crecimiento del PIB superior al 2,5 por ciento, cuando se volverá a las 35 horas, o los supuestos de baja por incapacidad temporal a partir del cuarto mes de baja.
  
De este modo, también se recoge el pacto entre el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez aguado, y el sindicato CESM para la ampliación de la jornada en cada centro según sus necesidades.
  
El portavoz de Economía en el Grupo Popular, Salvador Cruz, ha realizado un agradecimiento expreso al procurador por UPL, Alejandro Valderas, por haber hecho posible la incorporación a la Ley de los acuerdos alcanzados en la Función Pública, lo que demuestra, a su juicio, la voluntad de diálogo que ha mantenido la Junta.
  
Cruz ha destacado también la "lealtad institucional" del Grupo Mixto por su gesto, a lo que el portavoz del grupo minoritario, José María González, ha respondido lamentando que su  haya tenido que "salvar" la Ley por las "prisas, premuras y mal hacer" de la Junta, a la que ha acusado de plantear las medidas antes de consensuarlas, y por el "rodillo del PP", que, en un "acto de soberbia" aprobó todas sus enmiendas en Ponencia por lo que ha tenido que transaccionar una enmienda de los leonesistas para incluir los acuerdos en el último día de tramitación de la norma.
  
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz de Hacienda, José Francisco Martín, ha argumentado la abstención de su grupo en el convencimiento de que los acuerdos con los sindicatos no se deben recoger en una Ley de Medidas y por ser "un parche" y la "enésima chapuza" de "un conjunto de chapuzas" de la Junta.
  
Dicho esto, ha aclarado que su grupo no quería ser responsable "en absoluto" de que no se tramitase la transacción de la enmienda por lo que el Grupo Socialista  no se ha opuesto a pesar de estar "totalmente en contra" de acuerdos "de tapadillo" que, según ha recordado, no están avalados por la totalidad de los sindicatos, como UGT en el caso de la Función Pública, y de los profesionales de la Sanidad.
  
Sin embargo, el PP y el PSOE no han aprobado ninguna de las 8 enmiendas de UPL que siguieron adelante para el debate de hoy que abogaban aspectos como por ampliar la bonificación sobre vivienda a las construidas desde el inicio de la crisis, en 2008, o por gravar también las pistas de acceso a los molinos eólicos. Valderas pedía también la distribución munipalizada y provincializada de la recaudación de los nuevos impuestos medioambientales.
   
Tampoco han salido adelante las 64 enmiendas de IU, cuyo procurador ha cargado contra la "improvisación" y "falta de respeto" al Diálogo Social y a la Cortes de una ley con "ánimo recaudador" y "objetivos ocultos".

"Fraude y engaño"

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto han votado en contra de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, una norma que, a juicio de los socialistas, es  "de marcha atrás" por ellas modificaciones introducidas dada la "presión social" y que, a juicio de la oposición, constituye un "fraude" y un "engaño masivo", además de no favorecer la recuperación económica y la creación de empleo.

El secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido ante la Cámara las 82 enmiendas del PSOE que llegaron 'vivas' al Pleno, momento en el que todos los procuradores de su Grupo levantaron ante sus escaños pancartas tamaño folio en las que se podía leer 'No al centimazo'. Así, el procurador ha considerado que esta normativa "nunca" debió llegar al Parlamento por las "formas", después de que haya llegado al Pleno "sin acuerdo político ni social".

Para Martín esta normativa supone un punto de inflexión en la forma de gobernar del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya que, para el PSOE, la tramitación de esta normativa supone la "ruptura" del diálogo social y de promesas electorales y discursos de investidura. "Es una ley muy mala que ha tenido que rectificarse paso a paso por la presión social, lo que le da el nombre el ley de marcha atrás", ha destacado.

El procurador socialista ha insistido en que la normativa que ha aprobado hoy el PP en solitario tiene "fecha de caducidad" y ha augurado que no pasará de junio de este año al amparo de la Ley que acompañe al Presupuesto de 2012, al tiempo que ha recordado el "inédito" informe del Consejo Económico y Social (CES), ya que señaló que las medidas incluidas  no darán un "impulso real" a la actividad económica, no generará empleo y supondrá una salida "más lenta de la crisis".

Para el procurador socialista esta Ley desvela el "programa oculto del PP" que "oculta" cuestiones como el Decreto de no disponibilidad de 508 millones de euros que, como ha asegurado, afecta a los servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales que Herrera "se comprometió a blindar".

Tras esta exposición, José Francisco Martín se ha detenido en las medidas tributarias incluidas en la Ley y ha recordado que a pesar de que el PP se comprometió a no subir impuestos "impone" ahora el 'centimazo' que, además, afecta a "todos los ciudadanos" por igual y establece 4,8 céntimos por litro de combustible que supone "la cuota más alta". "No han pensado" en  todos los ciudadanos y "lo han hecho tan mal" que han incluido la creación de un observatorio "cuando se compruebe el descenso del consumo" que, a su juicio, provocará el efecto desplazamiento.

La 'ecotasa' también fue criticada por el PSOE, ya que defiende que grave también a la nuclear de Garoña, al tiempo que ha lamentado la introducción de un impuesto para la eliminación de residuos de vertederos, algo que, como ha lamentado el procurador, "asfixia a los ayuntamientos en un año complicado".

Frente a la Ley aprobada hoy en las Cortes José Francisco Martín ha insistido en su defensa de un modelo fiscal "solidario, progresivo, progresista y más justo" a través del que "pague más el que más tiene", frente a la decisión del PP de dar luz verde a un proyecto fiscal que sube impuestos de forma "injusta" y beneficia a los que "más tiene".

Tras mostrarse en contra de la forma de entender la "reducción" de organismos públicos del PP con "chiringuitos como Sotur" y lamentar el aumento de jornada de los empleados públicos que, a su juicio supone una merma del 7,15 por ciento del salario y la "pérdida directa" de 12.000 puestos de trabajo, el procurador socialista ha señalado que la normativa "es tan mala" que ha llevado al PP a introducir enmiendas que "duplican la longitud del texto inicial.

"La Ley es un bodrio modificado a fondo en menos de tres meses", ha señalado José Francisco Martín, quien ha acusado al PP de firmar una enmiendas elaboradas en su totalidad por la Junta.  "El resultado de esta normativa les hará recordar que la marcha atrás nunca satisface a nadie en ninguna circunstancia ni en ninguna faceta de la vida", ha manifestado.

"Necesaria" para el PP
  
Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la normativa y ha replicado al socialista que es "imposible" engañar a los ciudadanos, tras lo que ha recordado que el PSOE ha vivido "ocho años escondido sin dar la cara". "Nuestro Grupo no se va a esconder, va a dar la cara y va a resolver problemas para que los ciudadanos se sientan orgullosos".

Fernández Carriedo ha defendido que la Ley de Medidas garantiza la calidad de vida de los ciudadanos y el mantenimiento de los servicios públicos, además de introducir medidas enfocadas a salir de la crisis y cumplir el objetivo de déficit con esfuerzos "menores" que en otras comunidades autónomas porque el déficit es menor.

El portavoz del PP ha defendido la introducción del denominado 'céntimo sanitario' ante la incorporación de este tributo en la mayoría de las comunidades autónomas, al tiempo que ha recordado el carácter finalista de este gravamen, además de respaldar la 'ecotasa' introducida en la Ley ante las "incohrencias" del PSOE que defiende el cierre de la nuclear de Garoña y al tiempo que pague impuestos por la producción de energía.

En cuanto a la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios Fernández Carriedo ha destacado la introducción de medidas de "flexibilidad", además de establecer desde el "diálogo y el acuerdo" otras acciones como la devolución de la "mitad" del céntimo sanitario a los profesionales del transporte.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha señalado que la norma no puede incluir enmiendas del PSOE, a los que ha acusado de querer hacer en Castilla y León lo mismo que en España en los últimos ocho años, ya que ponen en "riesgo" la calidad de los servicios públicos y retrasa la "recuperación económica" y genera "más déficit y más endeudamiento".

Por último, Fernández Carriedo ha insistido en que las medidas introducidas por el PP son "necesarias y útiles" y responden a lo que "esperan los ciudadanos".