La Junta reconocerá como autoridad pública al profesorado

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe previo sobre el anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado en Castilla y León, que reconocerá como autoridades públicas a los docentes de la Comunidad y les otorgará protección jurídica. La Consejería de Educación trabaja en la elaboración de esta norma que contribuirá a garantizar la convivencia adecuada en los centros educativos.

La nueva normativa reconocerá la autoridad del profesorado en el plano jurídico, dignificando su labor y mejorando con ello la convivencia en los centros. Esta Ley adquirirá verdadero sentido cuando, como ocurre en el caso de Castilla y León, se acompaña de actuaciones-como las incluidas Plan de Convivencia Escolar- dirigidas a proporcionar al profesorado estrategias y recursos que faciliten su tarea, garanticen el respeto de derechos y cumplimiento de deberes, mejoren de la convivencia en los centros e incrementen los niveles de calidad y eficacia de todo el proceso educativo.
 
Aunque en Castilla y León las agresiones al profesorado tienen escasa relevancia, una consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal, sería que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (art. 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.
 
Un efecto clave de este reconocimiento es que el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. Además, los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.
 
La consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recin¬to escolar.
 
En el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley, la Administración educativa regional desea alcanzar el mayor consenso posible y, para ello, contará con la participación de los agentes educativos -sindicatos docentes, asociaciones de padres y madres, estudiantes, patronales de enseñanza-, el Consejo Escolar de la Comunidad, así como los grupos parlamentarios para su posterior tramitación en las Cortes de Castilla y León.
 
En el modelo educativo de Castilla y León, el impulso de la autoridad del profesorado se configura como uno de los aspectos clave para conseguir un adecuado clima de convivencia en los centros educativos, tal y como indicó el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su comparecencia de investidura, al inicio de legislatura. Este objetivo también se recoge en el Plan de Convivencia Escolar y en sus principales actuaciones, iniciadas en noviembre de 2004, con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los protagonistas de la educación. En este sentido, la autoridad del profesorado constituye un eje estructural.
 
Regulación normativa en España
 
La regulación normativa sobre autoridad del profesorado ya existe en comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Galicia y Comunidad Valenciana. Todas las normas publicadas en estas Comunidades tienen rango de ley -incluidas las que se elaboran en estos momentos en Castilla-La Mancha y Aragón- y todas tienen en común, además del reconocimiento del profesorado como autoridad pública, una estructura de desarrollo que las configura con más similitudes que diferencias.
 
El Anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado que Castilla y León elaborará se va a caracterizar por su sencillez, ya que pretende reconocer lo esencial del tema -el profesorado, como figura de autoridad y sus consecuencias- dejando otros aspectos relacionados con derechos y deberes del alumnado, régimen y procedimiento disciplinario u otros del ámbito de la convivencia para posteriores regulaciones normativas.

Tramitación del Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe, presentado por la Consejería de la Presidencia, sobre el inicio de tramitación del Anteproyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. La futura ley promoverá la integración social, económica, laboral y cultural de este colectivo, garantizará sus derechos y establecerá las obligaciones que deberá asumir como fundamento de convivencia.

El objeto de la ley, contemplado en el título preliminar del Anteproyecto, es la regulación de los principios, actuaciones e instrumentos a través de los cuales los poderes públicos de la Comunidad promoverán la plena integración de los inmigrantes en la sociedad castellana y leonesa, así como la coordinación entre las Administraciones, agentes y entidades implicados en materia de inmigración en Castilla y León.
 
La futura ley promoverá la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, tal y como establece el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, donde también figura, como competencia exclusiva, la regulación del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. El ámbito de aplicación de la ley es el que define el Estatuto de Autonomía y abarcará a los extranjeros extracomunitarios empadronados en Castilla y León, aunque también se aplicará a los comunitarios en aquellos aspectos que puedan ser más favorables para su integración en la sociedad.
 
Esta norma establecerá un marco de corresponsabilidad por lo que deberá contemplar una doble faceta: por un lado, la garantía de los derechos de los inmigrantes y, por otro, las obligaciones que deben asumir como fundamento de convivencia, especialmente en todo lo que se refiere a los derechos de los niños y de las mujeres.
 
La nueva legislación contemplará el impulso de los Centros Integrales de Inmigración como espacios de referencia para los inmigrantes que llegan a Castilla y León, donde se desarrollarán acciones de información, asesoramiento, participación y aprendizaje. Asimismo, regulará la figura de los mediadores interculturales, entre los poderes públicos y los inmigrantes, para velar por un mejor conocimiento y entendimiento entre ellos así como entre los propios inmigrantes y cualquier otro colectivo.
 
Los principios establecidos en la ley para la actuación de los poderes públicos serán el carácter transversal e integrador de las políticas de integración, la garantía del principio de igualdad de trato entre inmigrantes y castellanos y leoneses, la promoción de la participación de los inmigrantes en asuntos públicos y el respeto a su dignidad e interculturalidad en la sociedad de la Comunidad.
 
Respecto a las actuaciones públicas de integración, se establecerá que estas se dirijan a favorecer y facilitar el ejercicio de los derechos que les corresponden a los inmigrantes según la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación aplicable. De esta manera, se regularán la integración en la sociedad, la reagrupación familiar y el ejercicio de los derechos en materia de salud y asistencia sanitaria, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, cultura, turismo y deporte.
 
Los instrumentos de integración son el plan estratégico plurianual de la Junta y el apoyo a los planes y programas de otras administraciones, especialmente de las entidades locales, como convenios, ayudas y subvenciones, acciones informativas y de sensibilización, promoción de espacios interculturales como lugares de encuentro entre la sociedad de acogida y los inmigrantes, acciones formativas de comprensión de la sociedad de Castilla y León, de las instituciones y su organización, así como de los derechos y deberes que se recogen en el Estatuto de Autonomía.
 
Consejo de Coordinación de la Inmigración
 
Para llevar a cabo estas actuaciones es necesaria una buena coordinación de la Administración con otras entidades para obtener los mejores resultados en integración. Por este motivo, la Junta creará un Consejo de Coordinación de la Inmigración de Castilla y León que será el órgano autonómico encargado de regular la relación de la Administración con los agentes sociales y las entidades de carácter social, entre las que destacan las asociaciones de inmigrantes. Con esta coordinación interadministrativa se evitarán duplicidades y se emplearán de manera más eficaz los recursos disponibles.
 
La aprobación de esta futura Ley de Integración de los Inmigrantes es una prioridad para el Ejecutivo autonómico en la presente legislatura, tal y como señaló el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura de la actual legislatura. De esta forma también lo explicó el consejero de la Presidencia en su comparecencia en las Cortes el pasado mes de julio, comprometiéndose a presentar este Anteproyecto de Ley ante la Cámara durante el presente año 2012.

Instrumento financiero para trabajadores con discapacidad

La Consejería de Economía y Empleo ha puesto en marcha el desarrollo de un instrumento de financiación que va a permitir a los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad contar, de forma inmediata, con el dinero correspondiente a las ayudas que hayan solicitado para hacer frente a los costes salariales de sus trabajadores.
 
Para activar esta vía de financiación se desarrollará un convenio con una entidad financiera para que los Centros Especiales de Empleo dispongan de un crédito anticipo en el que la Junta de Castilla y León bonificará el 100 % de los intereses y de los costes de apertura. La subvención cubrirá parte de los costes salariales de cada puesto de trabajo ocupado por un trabajador con discapacidad y la cuantía puede llegar hasta el 50 % del salario mínimo interprofesional.
 
La Junta desarrolla programas de promoción del empleo con personas con discapacidad, tanto en el mercado ordinario de trabajo como en el protegido, a través de estos Centros Especiales de Empleo, cuyo objeto es que las personas con discapacidad realicen un trabajo productivo dentro del mercado que permita su integración en el mundo laboral y en la sociedad. Además, la Junta está trabajando para concienciar a los ciudadanos del gran valor de estos Centros que sirven para integrar e incorporar al mercado de trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Los Centros Especiales de Empleo deben tener un número de trabajadores, no inferior al 70% de la plantilla, que pueden contar con diferentes grados de discapacidad.
 
En 1995, cuando se traspasó la coordinación de los CEE, en Castilla y León existían 47 centros con 770 trabajadores. En 2011, la cifra de centros de trabajo fue 218 y, de ellos, 189 eran Centros Especiales de Empleo -forma jurídica de la que dependen varios centros de trabajo, en los que realizan su actividad 3.917 trabajadores.

La Junta de Castilla y León ha destinado, durante el año 2011, un total de 24.751.237 euros para programas de creación y mantenimiento del empleo de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional. Si se acumula la inversión realizada por la Junta de Castilla y León, en el periodo 2007-2011, la inversión en empleo para trabajadores con discapacidad superó la cifra de los 100 millones de euros.

Traslada a la Delegación del Gobierno la propuesta de convenio sobre la seguridad de los bienes culturales

El Consejo de Gobierno ha sido informado del contenido del convenio para la protección del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla y León que la Consejería de Cultura y Turismo ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Castilla y León y que será firmado por ambas instituciones en próximas fechas. Se trata de una Adenda con vigencia durante 2012 al convenio existente desde 2005 entre ambas instituciones.
 
La ampliación de este nuevo acuerdo de colaboración se fijó en la reunión mantenida el pasado mes de enero entre la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno en Castilla y León, encuentro interinstitucional al que también asistieron los principales responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
 
Uno de los principales compromisos que incluirá esta Adenda será la creación de Comisiones territoriales sobre la seguridad de los bienes culturales, que comenzarán a reunirse a partir de este mes de febrero y en las que estarán presentes la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno de la provincia y las diócesis. Otro de los aspectos fundamentales del nuevo acuerdo será la formación.
 
Para ello se celebrarán jornadas de sensibilización y formación en la seguridad impartidas por personal de las FF y CC de Seguridad del Estado y dirigidas a los titulares y gestores inmediatos de los bienes. El objetivo es convertir a los ciudadanos de Castilla y León, y en particular a quienes más quieren, usan y conocen estos bienes, en agentes activos de seguridad sobre el patrimonio de Castilla y León.
 
El nuevo convenio aumentará la coordinación de actuaciones en aquellos temas sobre la seguridad de los bienes culturales de Castilla y León que por su especial relevancia o naturaleza lo requieran, continuará con el impulso de la mejora continuada de las medidas de seguridad e impulsará la organización de cursos sobre la protección del Patrimonio Cultural dirigidos tanto al personal de ambas Administraciones como al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 
Está previsto que esta Adenda al convenio tenga vigencia en 2012 ya que a partir de 2013 la Junta de Castilla y León contará con la colaboración y la participación activa de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en la confección de un nuevo plan específico relativo a la protección del Patrimonio Cultural en Castilla y León que será incluido en el nuevo Plan de intervención en el patrimonio Cultural de Castilla y León que dará la continuidad al Plan PAHIS actual cuya vigencia es 2004-2012.

Coordinación sociosanitaria para atender a las personas en situación de Dependencia

La Junta de Castilla y León ha aprovechado la entrada en vigor, el próximo sábado, del nuevo baremo para la valoración de la Dependencia, fijado por el Gobierno de la nación, para incorporar nuevas actuaciones dirigidas a perfeccionar la aplicación de la valoración estatal y mejorar la atención a los ciudadanos, dando un paso más en la coordinación sociosanitaria en una doble vertiente: en la propia valoración de la situación de Dependencia y en el seguimiento de los cuidados que se prestan en el domicilio a una persona dependiente de su cuidador familiar.
 
Para ello, la Junta publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León la modificación de una Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia -la actual es de abril de 2007-. Esta Orden permitirá incorporar una mayor colaboración entre los profesionales de Sacyl y los profesionales de Servicios Sociales a la hora de emitir el informe que determine cuál es la prestación más adecuada que debe recibir una persona dependiente por un cuidador no profesional en su propio domicilio y, además, garantizar que esos cuidados se ajusten a las necesidades del usuario. Desde mañana, por tanto, se incorporarán estas nuevas actuaciones en la fase de valoración y de seguimiento.
 
Así, en la fase de valoración, al informe de los profesionales de los Servicios Sociales para determinar las prestaciones adecuadas se suma la información sanitaria sobre la situación de las necesidades de las personas afectadas (dependiente y cuidador). La información conjunta permitirá determinar si la atención en el domicilio familiar es la prestación idónea para esa persona. Con ello, se incorpora una mayor garantía de que el usuario percibe la mejor atención y la más adecuada a sus necesidades.
 
En la fase de seguimiento de la atención, se incorpora como novedad un seguimiento único, permanente y coordinado entre el personal de los Servicios Sociales y los profesionales del sistema de salud sobre los cuidados en el domicilio que se presta a una persona en situación de Dependencia. Ellos serán los encargados de evaluar qué tipo y de qué calidad son los cuidados que está percibiendo en su domicilio la persona dependiente. Se fijarán en su estado nutricional, en la aplicación correcta de la medicación, en su higiene¿, pero, además, analizarán cuál es la situación en la que se encuentra el cuidador no profesional, sus posibles limitaciones físicas, emocionales, cognitivas o de alteración en la relación cuidador-paciente que pudieran poner en riesgo la calidad de esos cuidados.
 
Los resultados de este seguimiento se reflejarán, también como novedad, en un documento que estará en el domicilio de la persona dependiente y que será actualizado permanentemente por los profesionales de los servicios sociales y del sistema de salud. Este documento se denominará 'Guía de Cuidados' y en él se concretarán las pautas individualizadas de la atención a cada persona en situación de dependencia y a cada cuidador para mejorar el bienestar de ambos.
 
Para que esa coordinación sociosanitaria en las fases de valoración y seguimiento sea efectiva, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha formado a más de 500 profesionales en la aplicación del nuevo baremo estatal y también en las mejoras que ahora se introducen en el modelo castellano y leonés de atención a la Dependencia.
 
Castilla y León figura como la Comunidad mejor valorada -según organismos externos- en la aplicación de la Ley y mantiene su apuesta por perfeccionar constantemente el modelo vigente. Se trata de avanzar en el compromiso, expresado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura, de situar la coordinación sociosanitaria entre las líneas estratégicas de la Junta de Castilla y León.
 
Otra actuación nueva que se incorpora a partir de mañana es la aprobación de una solicitud unificada y simplificada de acceso a los Servicios Sociales y a la Dependencia. En esta actuación ha venido trabajando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tras el anuncio de la consejera, Milagros Marcos, en su comparecencia ante las Cortes Regionales para explicar su programa de legislatura. Esta medida se enmarca en la apuesta por la simplificación administrativa de cara al ciudadano.