Del Olmo apela a la "solidaridad de todos" para garantizar los servicios públicos

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha llamado este miércoles a la "solidaridad de todos" con los grandes servicios públicos ante la situación de crisis actual y ha defendido el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras porque incluye un "esfuerzo justificado y ponderado", aunque no ha ocultado que habrá que hacer "sacrificios" para lograr el crecimiento económico en la Comunidad.
  
Del Olmo ha intervenido ante la cámara para defender el proyecto de ley de la Junta en el debate de las enmiendas a la totalidad del mismo defendidas por PSOE y Grupo Mixto, quienes han reclamado en el Pleno de las Cortes la devolución de esta normativa basada en la defensa de ambos grupos de un modelo fiscal "progresista".
  
La consejera de Hacienda ha iniciado su intervención ante la Cámara apuntado como objetivo principal del proyecto la garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos y su "sostenibilidad" en el futuro, ya que, como ha defendido, el "empeoramiento" de la coyuntura económica, las perspectivas que se anuncian a medio plazo y las exigencias de reducción del déficit público "van a tener un reflejo negativo inmediato en el nivel de ingresos", informa ep.
  
En este sentido ha señalado que los recursos procedentes de los ingresos corrientes han sufrido en Castilla y León una reducción del 91 por ciento en 2007 al 80 por ciento en 2011, una evolución que, como ha apuntado, se debe a la crisis, así como a la "inadecuada aplicación del modelo de financiación autonómica".
  
"El sistema de financiación aprobado en 2009 no puede ser considerado bueno ni acertado si tenemos en cuenta que las entregas a cuenta comunicadas por el Gobierno central se han ido reduciendo hasta suponer en 2011 una merma en nuestro presupuesto de ingresos de 638 millones", ha señalado la consejera de Hacienda.
  
Así, tras hacer un análisis de la situación de los límites de endeudamiento y de acceso al déficit, Del Olmo ha insistido que con las medidas incluidas en la normativa el fin único de la Junta es "garantizar los servicios públicos" y hacerlos "compatibles" con la estabilidad de las cuentas.
  
La consejera de Hacienda ha recordado que en los últimos años, a pesar de contar ya con restricciones presupuestarias "serias", la Administración regional ha logrado responder "con nota" a la cobertura de los servicios públicos aunque la situación actual obliga a "ir más lejos". "Resulta absolutamente necesario pedir una mayor dosis de solidaridad en este ámbito mediante la incorporación de medidas dirigidas a complementar los recursos disponibles".
  
En este punto, tras señalar las líneas básicas del Proyecto de Ley, Del Olmo ha considerado necesaria su aplicación para lograr el mantenimiento de la red de protección social a la que se responde la Renta Garantizada de Ciudadanía, "reforzar" la financiación del servicio público de salud y las actuaciones medioambientales.
  
"El esfuerzo que se pide es más que justificado", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que está "ponderado", ya que supone una presión fiscal del 0,36 del PIB regional, "mucho  menor" a la que vienen soportando otras comunidades.

Beneficios fiscales
  
Del Olmo ha reiterado que el conjunto de los beneficios fiscales en Castilla y León es de los "más significativos" de las regiones, que nueve de las 13 comunidades aplican el 'céntimo sanitario' que en el caso de Castilla y León se excluye al gasóleo de calefacción y el de usos agrícola y ganadera, además de destacar que en en otras autonomías existe una mayor tributación medioambiental que, en Castilla y León, no incide en la tarifa eléctrica pagada por los usuarios.
  
Asimismo, se ha referido al incremento en dos horas y media de la jornada laboral de los funcionarios, así, tras recordar que en el sector privado las horas de trabajo son de 40 semanales, ha insistido en que con esta medida no se va a producir una reducción del número de empleados públicos, ya que la mayor parte del ahorro se centrará en la reorganización de los servicios, la reducción de horas extraordinarias y una menor necesidad de concertación.
  
Finalmente, Del Olmo ha insistido en su convencimiento de que estas medidas, junto con el Plan de Racionalización del Gasto Corriente 2012-15 no son sólo "necesarias" por su "contribución" al equilibrio de ingresos y gastos públicos sino que también lo son para la "recuperación" económica a medio y largo plazo.
  
"Sabemos que quedan por delante decisiones difíciles de tomar, aunque algunas de esas decisiones no les gusten son parte de la solución a la complicada situación de recesión económica y elevadísimo desempleo, los sacrificios que nos esperan son notables pero debemos confiar en los beneficios a medio y largo plazo para recuperar la senda de la convergencia", ha concluido.

El Proyecto de Ley
    
El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', una tasa que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.
  
Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, ya que permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social.
  
La Junta de Castilla y León va a desarrollar por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental, que permitirán ingresar a las arcas regionales un total de 72 millones de euros.
  
El primero es la denominada 'ecotasa', que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que proporcionará 60 millones de euros anuales (40 de los embalses, 5 de las líneas de alta tensión y 15 de los parques) que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.
  
El otro nuevo impuesto grabará la eliminación de residuos de vertederos en pro del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales. Herrera ha cifrado la recaudación en 12 millones de euros/año que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.
  
La suma de los tres conceptos impositivos nuevos supondrá una partida adicional de 212 millones de euros.
  
Además, respecto a las medidas estructurales del empleo público la acción más significativa es la que incrementa la jornada semanal hasta las 37 horas y media.