Los sindicatos se desmarcan del Pacto por la Justicia

Los sindicatos se han desmarcado del Acuerdo sobre la Justicia, texto rubricado por la Junta de Castilla y León y otros seis colectivos implicados que fija la postura de la Comunidad para la asunción de unas competencias de Justicia "bien valoradas" y que se entregará al ministro, Alberto Ruiz Gallardón, el próximo 20 de febrero.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, quien hará entrega del documento al ministro, ha lamentado este miércoles que los sindicatos no hayan firmado finalmente el documento, que fija la postura de la Comunidad en la asunción de las mencionadas competencias y que esta mañana ha sido firmado por representantes del Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Notarios, Abogados, Registradores y Procuradores.

La última reunión con los representantes de los trabajadores tuvo lugar ayer, según el consejero, quien ha recalcado, no obstante, que  sindicatos como UGT o STAJ no son contrarios al contenido del documento pero lo consideran "una cuestión política", entienden que el texto urge a la transferencia de las competencias o creían que faltaban cuestiones relativas al futuro del personal, informa ep.

"No es el momento adecuado"

Por su parte, Comisiones Obreras considera que el actual no es el momento "adecuado" para asumir el traspaso de la Justicia por la situación económica "de grave crisis y contención del gasto público" y que, a su juicio, llevaría los servicios de la justicia a unas "condiciones precarias".

El sindicato, que como el resto de representantes de los trabajadores no ha rubricado este miércoles el Pacto por la Justicia promovido por la Junta para fijar la posición de la Comunidad en la negociación de la transferencia, ha señalado que el Ejecutivo se comprometió ayer a incluir una cláusula de no materialización de las transferencias hasta que se dieran las condiciones económicas idóneas para asumir el traspaso "y no se ha asumido en la redacción final".

Tras señalar que tampoco se ha incluido "de forma expresa" la creación de una mesa de negociación y de una comisión de seguimiento del pacto aunque sí hay alusiones a las mismas, CC.OO ha explicado que, ante la insistencia "machacona" de la Junta para asumir las trasferencias de Justicia "a toda costa", propuso convertir el acuerdo en una declaración de voluntades "que no hiciera referencia a cuantías concretas que topasen inversiones de futuro y que delegara después en una mesa de negociación donde se abordasen todas las cuestiones de condiciones de trabajo del    personal afectado".

"El documento, tras varias reuniones apresuradas entre los sindicatos y la Administración autonómica, aunque ha mejorado algo, sigue con las incertidumbres sobre cumplimiento de los objetivos expuestos por parte de las administraciones afectadas", recalcó CC.OO antes de insistir en que se debe esperar a que el panorama económico mejore para poder abordar las reformas e inversiones que se requieren.

Por otra parte, Comisiones Obreras considera que el del Pacto es un documento político "y no de negociación de las condiciones de trabajo", por lo que no va a dar "un cheque en blanco" para las "pretensiones políticas".

El documento completo es el siguiente:

El artículo 149.1.5 CE reserva en exclusiva al Estado las competencias en materia de "Administración de Justicia". Sobre la base de tal atribución, al Poder Judicial le corresponde de forma única y exclusiva la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Junto a ese núcleo esencial, existe un conjunto de medios personales y materiales puestos a su servicio, que en la medida que no afecten al elemento nuclear de la potestad y función jurisdiccionales pueden resultar asumidos por parte de las Comunidades Autónomas.
 
Por su parte, el artículo 38 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la legislación del Estado una serie de competencias en materia de Administración de Justicia, entre las que se incluyen las facultades normativas, ejecutivas y de gestión en relación con las oficinas judiciales y unidades administrativas, personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, organismos e instituciones colaboradoras, así como la provisión de medios materiales, personales y económicos.
 
A fecha actual la situación de la Administración de Justicia en la Comunidad dista mucho de ser óptima. Problemas como el elevado grado de dispersión de las sedes de los órganos judiciales existentes en nuestra Comunidad Autónoma, la necesaria creación de nuevas plazas y órganos, las deficiencias en materia de infraestructuras, la escasa implementación de las nuevas tecnologías, así como los derivados del turno de oficio o de la implantación de la nueva oficina judicial necesitan ser abordados en orden a garantizar la prestación de este servicio público.
 
Resulta razonable pensar que una mayor proximidad de los órganos titulares de las competencias en materia de administración de Justicia pueda favorecer la mejor y más pronta atención a las necesidades y carencias actuales, tal y como ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas que ya han asumido las competencias en esta materia.
 
Por ello, y sin perjuicio de que la actual coyuntura económica no resulta ser la más favorable para asumir el proceso de traspaso, teniendo en cuenta, tanto la situación actual de la Justicia en la Comunidad Autónoma, como la perspectiva de la culminación del proceso de traspaso de las competencias en materia de administración de Justicia a las CCAA, resulta preciso consensuar en este momento que, para el supuesto que dicha transferencia fuese a producirse, la misma debería llevarse a efecto en unas condiciones que garanticen una mejor prestación de la Justicia.
 
Al amparo de todo lo anterior, los abajo firmantes CONVIENEN:
 
1. El derecho que asiste a todos los ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León a que la Justicia se preste en condiciones adecuadas en términos de calidad, eficacia y eficiencia.
 
2. El derecho que asiste a todos los profesionales que, de un modo u otro participan o prestan sus servicios en dicho ámbito, a contar con los medios precisos para que su actividad pueda desarrollarse conforme a aquellos mismos parámetros.
 
3. La necesidad de dotar suficientemente los presupuestos destinados a la Administración de Justicia en el territorio de Castilla y León con el objeto de que puedan atender las deficiencias en la prestación de este servicio público.
 
4. En particular, resulta necesario atender de forma urgente determinadas cuestiones que afectan de forma muy directa a la adecuada prestación de este servicio público:
 
a. Planta y Demarcación Judicial: Resulta esencial la creación en la Comunidad Autónoma de los órganos y unidades judiciales reclamados por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sus memorias anuales, así como el consiguiente reajuste de la actual planta , que permita la optimización de los recursos existentes.
 
b. Infraestructuras Judiciales: La reforma, adecuación y construcción de nuevas infraestructuras judiciales constituye una necesidad absolutamente inaplazable. A este respecto resulta necesario presupuestar las cantidades necesarias para la construcción de edificios, haciendo especial atención en aquellos que unifiquen las distintas sedes en aquellos casos que sea preciso. Del mismo modo deberán presupuestarse las cantidades necesarias para la rehabilitación de los edificios existentes, adaptándolos a las exigencias derivadas de la implantación de la nueva oficina judicial, a la normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo y a la de supresión de barreras arquitectónicas e implantación de archivos judiciales.
 
c. Nuevas tecnologías: Para la consecución del fin enunciado resulta urgente acometer las inversiones necesarias para dotar adecuadamente a los órganos judiciales de infraestructuras tecnológicas y equipos necesarios, así como disponer de sistemas informáticos de gestión procesal que funcionen de forma adecuada, garantizando además las exigencias de compatibilidad e interconexión.
 
d. Justicia Gratuita y Turno de Oficio: La satisfacción del derecho constitucional de acceso a la Justicia exige de dotaciones suficientes para adecuar los baremos actuales a los vigentes en el resto de Comunidades Autónomas y acometer las necesarias modificaciones que permitan la creación de un fondo-bolsa de garantía para la efectiva remuneración del abogado y procurador de oficio, o la instauración de un sistema que posibilite la libre elección en todos los casos.
 
e. Justicia de Paz. El elevado número de Juzgados de Paz en Castilla y León y la situación tanto de los propios Juzgados como de las Agrupaciones de Secretarias exige abordar las deficiencias actuales, tanto en lo que se refiere a medios personales, infraestructuras, actualizaciones de los baremos para disponer de medios materiales suficientes y modernización e informatización de registro civil y archivos.
 
f. Personal: Sin perjuicio de la necesidad de abordar las reformas en materia de personal que permitan la adecuación de plantillas en función de las cargas de trabajo, y especialmente en relación con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, el proceso de traspaso debe garantizar que no se produzca ningún perjuicio para los derechos económicos y profesionales del personal funcionario y laboral transferido, lo que determina necesariamente que, tanto los compromisos contraídos por parte de la Administración del Estado con el personal que presta sus servicios para la Administración de Justicia, como los derechos que se derivan del cumplimiento de resoluciones judiciales nacidos antes del traspaso, deban ser atendidos.
 
g. Oficina Judicial: La implantación de la Oficina Judicial en todo el territorio de la Comunidad Autónoma exige la implementación de los necesarios medios materiales y personales para que pueda funcionar de forma adecuada.
 
5. En orden a la posibilidad de que se procediese a la materialización del traspaso a la Comunidad de Castilla y León de las competencias en materia de Justicia a que se refiere el artículo 38 del Estatuto de Autonomía, dicho traspaso debería incluir las garantías a que se refiere el apartado anterior en orden a la adecuada prestación de este servicio público.
 
6. En particular, las garantías mínimas se concretan en los siguientes puntos:
 
a. Planta y Demarcación Judicial: Ante el planteamiento de un posible traspaso, el Estado debería garantizar que la inversión que en el futuro lleve aparejada la creación de los órganos y unidades judiciales en Castilla y León, así como todos los gastos para su efectiva puesta en funcionamiento, correrá a cargo del presupuesto del Estado.
 
b. Infraestructuras Judiciales: El traspaso efectivo de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma exigiría, más allá de la cantidad ofrecida actualmente por parte del Estado, el compromiso del mismo de hacerse cargo de las importantes necesidades que arrastra Castilla y León en esta materia a fecha actual. Así, por una parte, el importe de las inversiones necesarias para la reposición de los edificios judiciales en mal estado están cuantificadas en este momento en 8.700.000€, importe que debería ser objeto de una aportación adicional, la cual podría ser objeto de fraccionamiento en un máximo de tres anualidades. Del mismo modo, la Comunidad Autónoma tampoco debería asumir con cargo a su presupuesto las evidentes carencias en infraestructuras existentes a la fecha de producirse el traspaso, lo que exigiría una clausula que garantice que será el Estado quien asuma la financiación íntegra de aquellas infraestructuras que, a fecha del traspaso, resulten necesarias en la Comunidad Autónoma a juicio de la Comisión Asesora en materia de Justicia.
 
c. Nuevas tecnologías: El traspaso efectivo de las competencias exige una aportación del Estado adicional a la ofrecida en este concepto que garantice la urgente modernización de los programas y equipos que sirven a la Administración de Justicia. El coste mínimo estimado para tal actuación es de 15.000.000€, el cual puede ser objeto de reparto en un máximo de tres anualidades.
 
d. Justicia Gratuita y Turno de Oficio: Caso de llevarse a cabo el traspaso de las competencias a la Comunidad de Castilla y León, el Estado debería garantizar, como mínimo, una partida no inferior a 13.000.000 € anuales para atender tales conceptos conforme a los baremos vigentes en el resto de CCAA.
 
e. Justicia de Paz. En orden al traspaso de competencias, la atención de la Justicia de Paz en Castilla y León en términos similares a otras Comunidades Autónomas exigiría que la cantidad que transfiera el Estado por tal concepto no sea inferior a 2.440.840 € anuales. Todo ello sin perjuicio de los costes derivados del proceso actualmente en curso de informatización de registros civiles, costes que deberían asumirse por el Estado hasta su total finalización.
 
f.  Personal: El proceso de traspaso debe garantizar que no se produzca ningún perjuicio para los derechos económicos y profesionales del personal funcionario y laboral transferido, lo que determina necesariamente que, tanto los compromisos contraídos por parte de la Administración del Estado con el personal que presta sus servicios para la Administración de Justicia, como los derechos que se derivan del cumplimiento de resoluciones judiciales nacidos antes del traspaso, deban ser atendidos. De este modo en el acuerdo de traspaso se deberá garantizar que las cantidades que se transfieran a la Comunidad Autónoma en materia de personal resulten suficientes para atender todos los costes derivados de lo anterior.
 
g. Oficina Judicial: A estos efectos el Real Decreto de Traspaso debería incluir una cláusula que garantice que los costes materiales (incluidos los derivados de la implantación de equipos y sistemas informáticos), de personal e infraestructuras derivados de la efectiva implantación y puesta en funcionamiento de la oficina judicial en todo el territorio de Castilla y León se llevarán a cabo con cargo a presupuesto del Estado.
 
7. Conseguir una Justicia rápida, eficaz y dotada de los medios humanos y materiales necesarios para su buen funcionamiento es un deseo compartido por todos los firmantes del presente Acuerdo. Todos ellos convienen que la actual coyuntura de contención del gasto público puede dificultar abordar adecuadamente las cuestiones planteadas en el mismo, compartiendo que una competencia tan importante para un Estado de Derecho como es la relativa a la Administración de Justicia exige, para resultar asumida por parte de la Comunidad Autónoma, que se den las condiciones económicas idóneas para asumir el traspaso. Sobre la base de lo anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma garantizará, a través de instrumentos estables y permanentes, la participación de los firmantes recabando su opinión, parecer o asesoramiento, facilitándoles información puntual sobre todo el proceso.
 
Firmantes del Acuerdo en materia de Justicia:
 
POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. José Antonio de Santiago-Juárez. Consejero de la Presidencia.
 
POR EL MINISTERIO FISCAL. Manuel Martín-Granizo Santamaría. Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León.
 
POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Antonio Fonseca Herrero. Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
 
POR LOS ABOGADOS DE CASTILLA Y LEÓN. Fernando García-Delgado García. Presidente del Consejo Regional de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León.
 
POR LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE CASTILLA Y LEÓN. Fernando Santamaría Alcalde. Presidente del Consejo Regional de Procuradores de los Tribunales de Castilla y León.
 
POR LOS NOTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN. María Teresa de la Fuente Escudero. Decana del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León.
 
POR REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES. Adoración Reyes Gómez de Liaño Polo. Decana Autonómica de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León.