58.210 nuevos pacientes han accedido en 2011 a los tratamientos para dejar de fumar que ofrece SACYL

Un total de 58.210 nuevos pacientes han accedido, a lo largo del 2011, a los tratamientos para dejar de fumar que la Junta de Castilla y León, a través de SACYL, incluye en su cartera de servicios de Atención Primaria.

Esta cifra, repartida entre 29.731 hombres y 28.479 mujeres, es un 12,94% más alta respecto las 51.540 personas -25.706 hombre y 25.834 mujeres- que, en 2010, accedieron a la deshabituación tabáquica por medio del sistema sanitario público castellano y leonés.

Por áreas de salud, el resumen provisional de los tratamientos demandados en 2011 es el siguiente: Ávila, 965 (el año anterior, la demanda alcanzó las 1.801 peticiones); Burgos, 3.976 (2.810); León, 10.483 (7.175); el Bierzo, 5.001 (2.375); Palencia, 1.477 (2.697); Salamanca, 10.148 (9.152); Segovia, 7.711 (6.030); Soria, 3.083 (1.403); Valladolid "este", 5.166 (5.381); Valladolid "oeste", 7.313 (9.822); y Zamora, 2.887 (2.894).

Aunque los datos autonómicos son muy positivos, con un incremento cercano al 13% de los pacientes que han accedido durante el último ejercicio a esta prestación, la variabilidad en las cifras provinciales responde a que, en algunas de las áreas, se obtuvieron en 2010 estadísticas acumuladas muy favorables, con una gran participación en este programa preventivo, por lo que su situación de partida preveía que sus índices de mejora serían menores, tanto respeto a otras áreas de salud como a sus propios datos anteriores.

El hábito tabáquico constituye uno los principales problemas de salud pública en las sociedades avanzadas, suponiendo una gran carga asistencial a los servicios sanitarios, con un importante coste económico que afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El tabaquismo tiene una relación directa y comprobada con procesos cancerígenos de muy diversa índole y con la mortalidad a ellos asociada, generalmente elevada; fumar, además, se asocia con otras enfermedades cardíacas y respiratorias que no sólo ocupan los puestos más altos en cuanto a causas de muerte en España y en los países de su entorno sino que menoscaban muy seriamente la calidad de vida de las personas que las sufren.

Desde la responsabilidad sanitaria, cualquier medida que reduzca la incidencia del tabaquismo y permita limitar conductas que favorezcan la acción social de fumar no pueden ser más que apoyada, en beneficio del conjunto de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos y su salud.
 
Más de 58.000 tratamientos de deshabituación ofertados

La Junta de Castilla y León, además de la prevención asistencial del tabaquismo y la labor de educación y promoción de la salud, realiza una actividad inspectora que emana de las legislaciones nacional y autonómica, frente al tabaquismo y reguladoras de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco.

La Ley 42/2010, en vigor desde principios de 2011, centra su atención en la prohibición de fumar en los establecimientos públicos cerrados y en cualquier ámbito laboral.

El año recién acabado se ha resuelto provisionalmente con 8.412 inspecciones, 344 expedientes sancionadores y 172 sanciones.

La labor inspectora que se desarrolla en Castilla y León responde a una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, atender a la planificación de inspección y de control de la Consejería de Sanidad y que supone que los distintos servicios territoriales, a través de sus inspectores, alcancen el número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.

En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan la oportuna acta, en la que se informa de las posibles deficiencias y, en su caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves y muy graves, cuyo órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, quedando siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.