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Trasladará a tres funcionarios de Bruselas y a once agentes de Excal

La Junta no tiene 'nada que objetar' a que el Gobierno controle el déficit por ley

La Junta no tiene "nada que objetar" a que el Gobierno controle el déficit por ley

Por Redacción/Agencias
jueves 05 de enero de 2012, 14:12h
La Junta no tiene "nada que objetar" ni le "parece mal" que el Gobierno central controle por ley el déficit de las comunidades autónomas ni que "haya salido en ayuda" de la Comunidad Valenciana, que "lo estaba pasando mal".

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha mostrado cauto a la hora de pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en una entrevista concedida a 'Financial Times', a lo que ha añadido que la Junta "no tiene nada que objetar" a ese respecto.

Así y tras detallar que "todo indica" que el control se llevará a cabo mediante ley orgánica y en desarrollo de la reforma constitucional realizada el pasado año, el portavoz de la Junta trasladó que a la Junta le parece "bien" la medida si "sirve" para controlar el déficit y se enmarca en la reforma constitucional.

De Santiago-Juárez, quien además aclaró que el control previo a la elaboración de los presupuestos de las comunidades que se establezca no buscará sólo "ver" las cuentas sino comprobar si se ajustan a los objetivos de déficit comprometidos por el Gobierno con Europa y al de cada comunidad, reiteró que la medida no les parece "mal", informa ep.

En la misma línea, a la Administración regional tampoco le ha parecido "mal" que el Ejecutivo central "haya salido en apoyo" de la Comunidad Valenciana, que "lo estaba pasando mal", a lo que añadió que, a ese respecto, Castilla y León tampoco tiene "nada que objetar".

Acepta la oferta de García Margallo

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha decidido aceptar la propuesta lanzada a las comunidades autónomas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, para que puedan trasladar a sus funcionarios a dependencias de Exteriores y así "evitar duplicidades" y ahorrar costes y, de este modo, trasladará a los tres funcionarios de la delegación de Bruselas y a once agentes comerciales de Excal.
  
Así lo ha anunciado José Antonio de Santiago Juárez quien ha destacado que el Ejecutivo regional ha decidido aceptar la propuesta porque les parece "adecuado, sensato y oportuno" hacerlo.
  
De este modo y tras aclarar que Castilla y León no tiene "embajada" en "ningún país del mundo" aunque sí una delegación en Bruselas creada al amparo del Estatuto de Autonomía, el portavoz ha adelantado que la Administración regional se dirigirá por escrito al ministro para trasladarle su aceptación así como la información sobre el número de trabajadores que desplazará a dependencias oficiales del Ministerio.
  
Se trata, además de los dos técnicos y el auxiliar que trabajan en la delegación de Bruselas, de algunos de los agentes comerciales de la red de Excal que trabajan en "despachitos" y no en dependencias de las cámaras de comercio o en centros de negocios como ocurre con la mayoría de los 31 agentes que conforman la red.
  
En concreto, se trasladará al agente de Dusseldorf (Alemania); a los dos trabajadores del despacho de Sao Paulo (Brasil); al de Shangai (China); a los de Miami y Nueva York, con dos trabajadores cada uno; al de México D.F. y a los dos de Bucarest (Rumanía).
  
El portavoz de la Junta, quien ha aplaudido la medida a la vez que recalcaba que "nunca" se les había realizado un ofrecimiento de estas características, ha aprovechado además para defender la labor que realizan los agentes comerciales, becarios del master de Excal, que trabajan para "mejorar" las exportaciones de la Comunidad.
  
En este sentido, ha cifrado en 10.382 millones de euros el valor de las exportaciones desde enero y hasta octubre de 2011, cifra que casi alcanza a la de 10.400 millones obtenida en todo el año 2010 a falta del cómputo de los últimos meses del pasado ejercicio.
  
Este crecimiento se debe "en buena medida" a la labor realizada por los propios emprendedores, según De Santiago-Juárez, quien también ha atribuido el mérito al trabajo que realizan los agentes comerciales de la red Excal.

En desacuerdo con la decisión de Del Canto

La Junta también se ha mostrado en desacuerdo con la decisión del presidente y consejero delegado de Caja España-Caja Duero, Evaristo del Canto, y del director general, José María de la Vega, de no dar su consentimiento como representantes del nuevo Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. de publicar la retribución percibida en 2011.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta ha reconocido que la decisión no le parece "bien" y, frente a ello, ha abogado por la transparencia "por encima de todo" tanto en las instituciones públicas como en las financieras.

A su juicio, la transparencia se hace más necesaria en una coyuntura como la actual y, tras ello, consideró que ambos dirigentes tendrán "algún motivo" para evitar la difusión de los datos.

Cabe recordar que las cajas de ahorros que recibieron ayudas públicas tenían un plazo que finalizaba el 31 de diciembre para decidir si publicaban los sueldos de su cúpula de manera individualizada o se acogían a la Ley de Protección de Datos para no difundir la información, extremo este último por el que optaron los dos dirigentes de la entidad.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas.

En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando y, dependiendo del informe, el Ejecutivo central tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.

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