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Escritos en libertad

Fotovoltaica, a Castilla y León le hacen el trabajo otros

lunes 19 de diciembre de 2011, 23:54h
El preámbulo siguiente seguramente es necesario para muchos lectores, porque el asunto se ha tratado con frecuencia de forma confusa. Incluso se ha mentido deliberadamente.

El Gobierno de España creó mediante decreto ley un programa para impulsar la energía solar fotovoltaica con el fin de promover el desarrollo de las energías renovable y conseguir reducir la emisión de gases tóxicos.

Respondiendo a esta llamada 53.000 propietarios invirtieron en pequeñas plantas solares a unos precios muy elevados, los que fijó el mercado de las placas solares. Incremento de precios galopante también debido a que el Gobierno estableció por sorpresa una fecha límite, el 28 de septiembre de 2008, para acceder a las primas previstas.

Los bancos otorgaron créditos a cuantos cumplían con la ley, por entender que la palabra del Gobierno expresada en el Boletín Oficial del Estado era garantía suficiente. Los bancos y los inversores se equivocaron. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, rebajó por decreto las horas de sol con derecho a la tarifa oficial. En consecuencia, las plantas solares han perdido este año un 30 por ciento de sus ingresos y el Gobierno ha puesto en riesgo la devolución de los créditos a los bancos. Tan grave es el asunto, que el propio Gobierno ha decidido crear una línea ICO para que los propietarios de las plantas solares puedan hacer frente al déficit de explotación, lo que representa el reconocimiento más palmario del despropósito, de la injusticia.

Lo más grave, sin embargo, es que el Gobierno quebró el principio de seguridad jurídica, base de cualquier Estado que aspire a no ser considerado una república bananera. La reflexión es simple: ¿a qué Estado los inversores comprarían bonos al 5% a diez años si sospechan que un año más tarde aplicará una rebaja del 30% sobre lo prometido?. En España esa es la confianza que se ha ganado el Gobierno saliente.

Este proceder ha levantado ampollas en el mundo. Diez grandes agencias de inversión multinacionales han denunciado al Reino de España y el asunto será dilucidado por un Tribunal con sede en Londres que representa a los 52 países, entre ellos España, que se comprometieron a no dictar leyes con carácter retroactivo en materia económica. La prima de riesgo de España no es sólo consecuencia del déficit, sino también de actuaciones como la detallada.

Asociaciones de productores, como ASIF o ANPER, han denunciado al Gobierno español ante la Unión Europea y tres comunidades autónomas han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional.

Sorprendentemente, la Junta de Castilla y León no ha movido ficha, a pesar de ser esta región una de las que cuentan con mayor número de inversores y de producción solar. Porqué razón no ha movido un dedo Castilla y León a favor de los productores de energía solar.

Este lunes se le hizo la pregunta al consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y su respuesta seguro que no ha dejado muy contentos a los productores de energía solar de esta región: "No vamos a estar cada dos por tres en los juzgados y además ya había otras comunidades que habían presentado el mismo recurso". La lógica es aplastante: si otro me resuelve el problema, para qué nos vamos a molestar. Pues tal vez fuera conveniente que en esta materia el gobierno de Castilla y León regalara las competencias a las comunidades de Murcia, Valencia y Extremadura, que son las que han recurrido.

Como la respuesta del consejero resulta extraña, caben muchas conjeturas sobre la realidad de los hechos. Pero sólo serían conjeturas. La realidad es la que ha explicado el consejero, aunque no sea obligatorio creérselo.

Fernando Aller. Periodista.
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