La crisis no se ha traducido en un aumento de la criminalidad

La situación de crisis económica no se ha traducido en un incremento de la criminalidad en Castilla y León, al menos esa es una de las principales conclusiones extraídas de la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad presentada hoy por su titular, Manuel Martín Granizo, durante su comparecencia en las Cortes ante la Comisión de Presidencia, donde ha especificado que el número de procedimientos penales se situó ese año en 155.000, frente a los 149.000 y 147.000 contabilizados en 2009 y 2008, respectivamente.

"La crisis económica, que no es la primera que vivo a lo largo de mi carrera profesional ni, desgraciadamente, será la última, nunca se ha podido relacionar con un incremento de la delincuencia", ha enfatizado Manuel Martín Granizo, quien ha achacado esta situación, compartiendo criterio con la socialista Ana Redondo, al estado del bienestar de que goza la mayoría de los ciudadanos, aunque sí ha reconocido que la mayor incidencia de la mala marcha económica la sufre el ámbito judicial, en referencia al incremento en el número de ejecuciones hipotecarias, desahucios, despidos y EREs.

De forma particular, el máximo responsable de la Fiscalía Superior de Castilla y León, sí ha advertido del incremento en el número de robos, en especial de aquellos "que ya no estaban de actualidad y que se relacionan más con la época de la postguerra", en concreto aquellos cometidos por grupos marginales y centrados en el hurto de cobre, informa ep.

En su comparecencia en las Cortes, Martín Granizo ha lamentado la tardanza en la presentación de la memoria de 2010, pocos días antes de entrar en 2012, y en este sentido ha explicado que dicha demora obedece a la propia estructura de la Fiscalía, ya que no es hasta septiembre cuando el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, presenta las cifras nacionales, en presencia del Rey, con motivo de la apertura del año judicial. En cualquier caso, el Fiscal  Superior de la Comunidad se ha mostrado esperanzado de que en un futuro el balance del trabajo que realizan los 127 fiscales repartidos en las nueve provincias de Castilla y León pueda efectuarse, cuando menos, dentro del primer semestre del siguiente ejercicio.