Las Cortes reclaman un Ministerio de Sanidad fuerte y un CISS que garantice cohesión

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles con los votos a favor de los tres grupos una proposición no de ley (PNL) que reclama un Ministerio de Sanidad fuerte que lidere el cambio en el conjunto del Sistema Nacional de Salud a través de un Consejo Interterritorial "verdaderamente operativo" como "principal órgano de coordinación y de planificación del sistema" que permita garantizar la cohesión y la igualdad en todo el territorio nacional de una manera eficiente.

Este es el principal contenido de la PNL defendida por el procurador  'popular' Jesús Aguilar Santamaría, quien, tras recordar que el PP lleva mucho tiempo reclamando el liderazgo del Ministerio de Sanidad en materia de colaboración y cooperación, ha abogado por "ponerse manos a la obra" y por establecer criterios desde el Estado para fijar una cartera de servicios unificada e igual para las 17 comunidades autónomas, ahora "independientes y desconectadas", antes de que las autonomías se vean obligadas a actuar por su cuenta.

Los 'populares' han abogado además por la necesidad de actual desde el Estado para garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas con el objetivo de asegurar los recursos necesarios "que permitan seguir proporcionando a los ciudadanos una asistencia sanitaria de calidad", informa ep.

En concreto, Aguilar Santamaría ha abogado por revisar el Fondo de Compesación y por asegurar "recursos suficientes" para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de un sistema sanitario que, según ha defendido, ha alcanzado "altísimos niveles de eficacia y de calidad" hasta situarse entre "los más destacados a nivel mundial".

Diseñar una política de recursos humanos que aborde los aspectos que requieran de un planteamiento común en todo el Sistema Nacional de Salud y establecer modelos de compras agregadas, como el utilizado ya para las vacunas aunque de forma "limitada y tardía", en los que puedan participar voluntariamente las comunidades para mejorar la interlocución con industria y proveedores son otras de las peticiones del Grupo Popular con esta PNL.

Por su parte, los socialistas han propuesto la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que "tanto ha criticado" el PP, según ha recordado la procuradora Mercedes Martín, que ha aprovechado la ocasión para reclamar al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado,  que "exponga claramente" un Plan de Saneamiento "del que no se ha vuelto a saber nada".

La socialista, que ha presentado una enmienda a la PNL -ha sido rechazada por el PP-- con algunas puntualizaciones al texto del PP y una referencia expresa a la labor de la Junta de Castilla y León, ha apostado en concreto por iniciar "con carácter inmediato" un proceso de diálogo con los grupos para elaborar y remitir a las Cortes antes de fin de año ese Plan de Saneamiento de la Sanidad Pública.

También ha comparado la forma de actuar del PSOE, con propuestas para la mejora financiera de la Sanidad, frente a la del PP en Castilla y León que asegura que va a mantener las prestaciones sin tocar los impuestos y reducir al mismo tiempo el déficit, según sus palabras. "El sistema está claramente definido, es universal, público y gratuito", ha continuado la procuradora, que ha rechazado recortes, copagos y privatizaciones.

La procuradora socialista ha ironizado sobre las prisas del Grupo Popular al exigir al Gobierno de la nación y se ha mostrado partidaria de no "agobiar" al presidente electo del Gobierno, Mariano Rajoy, del que ha dicho que después de ocho años descansando no va a hacer ahora todo en un día. "No ha dado pistas ni a Europa, no vayamos a ser más exigentes en Castilla y León cuando desconocemos qué opina de la Sanidad a la que dedicaba una línea en su programa electoral", ha continuado.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, que ha ironizado sobre el "atasco" al Gobierno electo de la nación con las proposiciones desde las Cortes de Castilla y León, se ha mostrado convencido de que la situación económica del país exige agilidad para empezar a trabajar por lo que ha reclamado a Mariano Rajoy que el día 23 de diciembre empiece a gobernar.

González, que había comprometido el apoyo de su grupo a la PNL del PP si desaparecía la palabra "competitividad" de uno de los puntos en pro de la "eficacia y eficiencia" del sistema, aspecto que fue aceptado por el grupo proponente, se ha mostrado "de acuerdo" con establecer unos elementos mínimos para todo el Estado en prestación de servicios y obligaciones mínimas y ha expresado su deseo de que Mariano Rajoy no dé pasos en la línea marcada desde Cataluña.

Finalmente, ha coincidido con los socialistas en que hay que exigir "y mucho" a la Junta de Castilla y León, en manos de "los de siempre", en referencia al PP, con un "gobierno heredado desde los Reyes Católicos, y podría irme un poco más". González ha defendido la necesidad expresada por el PSOE de diseñar una política de recursos humanos que optimice la gestión de los mismos ante la "tijera" metida en Castilla y León "de forma indirecta y con nocturnidad".

2.655 plazas para acreditación de competencias laborales

Las Cortes de Castilla y León también han acordado este miércoles con la unanimidad de todos los grupos la convocatoria antes de fin de año de un total de 2.655 plazas para el reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad y transporte y mantenimiento de vehículos.

Se trata de uno de los siete puntos en los que los tres grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo sobre la base de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que contenía un total de trece propuestas, como convocar en 2012 al menos otras 2.655 plazas en el mismo sentido donde se incluyan algunas para las familias profesionales de hostelería y turismo, reparación y mantenimiento de vehículos e industrias extractivas, que no ha sido aprobada.

Además, PP, PSOE y Grupo Mixto han acordado avanzar en la integración efectiva de las diversas vías formativas para evitar solapamientos entre las diferentes administraciones competentes y optimizar los recursos disponibles, informa ep.

La procuradora socialista Ángela Marqués, que había apelado al camino de colaboración propuesto por el propio consejero de Educación, Juan José Mateos, al que ha agredecido su implicación directa en la negociación de los puntos de la moción del PSOE, ha valorado el consenso alcanzado en siete de sus trece propuestas desde el convencimiento de que es mejor un acuerdo en parte que falsos acuerdos "estériles" y que "deterioran la actividad política".

Marqués, que ha invitado al PP a buscar acuerdos con el resto de la Cámara en otros asuntos, ha destacado el "acierto" de una "procurado novata", en referencia a la 'popular' María Emilia Villanueva Suárez, para llegar a un acuerdo parcial que permitirá introducir la perspectiva de género en los planes de FP para conseguir la incorporación de mujeres a ciclos formativos con alto grado de inserción laboral pero con escasa matriculación de alumnas y equilibrar la red de centros integrados de FP además de reforzar y ampliar la FP a distancia "con calidad y garantías".

Actividad y planificación de los sistemas financieros

Por otra parte, Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, por unanimidad, una moción en la que se insta a la Junta a informar de la actividad de los distintos instrumentos financieros de la Comunidad así como de promover "en el ámbito de su competencia" que los bienes afectos a las obras sociales de las cajas de ahorro regionales permanezcan en la Comunidad.

La moción, presentada inicialmente por el Grupo Mixto y enmendada por el 'popular', ha sido finalmente aprobada por unanimidad a fin de solicitar a la Junta que, en el marco de las obligaciones que emanan del Estatuto y del Reglamento de las Cortes, atienda las solicitudes de información y comparecencia respecto a la evaluación de la actividad de los instrumentos financieros y su planificación futura.

El texto finalmente aprobado solicita, asimismo, la petición a las cajas de ahorro con sede en la Comunidad la presentación de un inventario de bienes afectos a su obra social y la promoción, en su ámbito competencial, de la afección de dichos bienes a la Comunidad ya que, según destacó el procurador del Grupo Mixto José María González, el hecho de que el Banco Santander vaya a hacerse con Bankia hace que el patrimonio de las cajas de Ávila y Segovia llegue a esta nueva entidad.

En un primer momento González, quien recordó la "obligación" de la Junta de poner los sistemas financieros "al servicio de la dinamización económica y social" y "mucho más con 200.000 parados", puso de manifiesto que tanto el Estatuto como el Acuerdo marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León abordan los principios de la política económica, el sector público y las instituciones de crédito y, por ello, reclamó que la Junta explique lo realizado "cuantitativa y cualitativamente" por parte de los instrumentos financieros en 2009 y 2010 y presente una evaluación de sus acciones en los tres primeros trimestres de 2011 así como la planificación de su actuación sobre el sistema financiero.

Además, defendió la presentación ante la Cámara de un Inventario de Bienes adscritos a las obras sociales de la "extintas" cajas, la publicación de la relación de bienes de interés histórico-artístico y de aquellos aplicados a usos sociales, asistenciales, educativos, deportivos y culturales y la presentación de un Plan de Actuación al objeto de que los bienes enumerados permanezcan en la Comunidad y no puedan ser objeto de "venta, traslado o explotación comercial injustificada" aunque reconoció aceptar la enmienda del PP por considerar "un paso importante" el hablar en la Cámara del sistema financiero, cuya situación "sólo" se ha abordado en tres ocasiones en dos legislaturas.

"El espíritu queremos que esté en la letra y se dan pasos importantes con las propuestas del PP y del PSOE", ha reconocido González, quien ha aprovechado su intervención para matizar que, según un informe del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, cerca del 85 por ciento de las pymes de la Comunidad que se han dirigido a los instrumentos financieros privados o públicos han tenido "problemas" para recibir financiación e incluso han recibido respuestas "ampliamente de denegación parcial o total", lo que a su juicio demuestra la idoneidad de su resolución.

Por su parte el 'popular' Raúl de la Hoz ha reconocido, como ya lo hiciera previamente el procurador del PSOE Julio López, Raúl de la Hoz, que la moción presenta dos partes diferencias -vinculadas a la obra social y a los instrumentos de financiación-- y ha compartido la "necesidad" de que la Junta intervenga en el mercado crediticio para ayudar a las empresas regionales ante una situación de "dificultad" de acceso al crédito, papel que a su juicio se desarrolla de manera "altamente satisfactoria" como demuestran los datos pero no los "fraccionados y falseados" que ha presentado López, quien ha acusado a la Junta de mantener "oscuros" casi 100 millones de euros entre los años 2010 y 2011 a través de distintos instrumentos.

De la Hoz, quien ha recalcado que la "manipulación" de datos puede "llevar a error" y realizar afirmaciones que "rayan lo absurdo" y aclarar que el presupuesto de 2010 no se pudo cumplir porque la firma con el Ministerio de Ciencia e Innovación se firmó a fecha 23 de diciembre de ese mismo año, ha matizado que la Junta nunca se ha negado a aportar la información requerida a este respecto y que el PSOE nunca ha presentado "iniciativa alguna" para controlar esta acción.

La demanda vinculada a las obras sociales es, a su juicio, "más compleja" y, tras señalar que comparten el hecho de que los efectos de las obras sociales sigan beneficiando a la Comunidad, ha aclarado que aunque la Junta quisiera no puede intervenir e impedir que ese patrimonio pero lo que sí puede hacer es solicitar a las propias entidades un inventario de los bienes afectos a las obras sociales.

Julio López se mostró "totalmente de acuerdo" en la forma de la parte de la moción del Grupo Mixto vinculada a las obras sociales y la necesidad de proteger esos bienes para que no salgan de la Comunidad, fue crítico con la planificación de la política financiera de la Junta, momento en el que aseveró que cuando no se planifican medidas de futuro y se evalúan las del pasado "es imposible acertar en las del presente".

En materia financiera la Junta "ni planifica ni evalúa" y el resultado es la "absoluta ineficacia" de su política financiera, según López, quien criticó los distintos porcentajes de interés que imponen la Agencia de Inversiones y Servicios y el ITACyL en sus préstamos a empresas y para una línea de innovación tecnológica, a lo que sumó que en los nueve primeros meses del año la Agencia de Inversiones y Servicios haya reconocido sólo obligaciones por 31 millones frente a los 92 millones con que cuenta y que hace que 60 permanezcan "ociosos".

El de 2011 es un "buen dato" comparado con el del año 2010, en el que el grado de ejecución de los 70 millones presupuestados y 40 reconocidos "sólo" se han pagado 11.500 euros. "La Junta mantiene oscuros entre 2010 y 2011 casi 100 millones de euros", concluyó.