El sheriff de Coslada 'amenaza' con pedir la readmisión de policía

"Empieza para mí una nueva etapa en la que me voy a poder defender bien", dijo Ginés Jiménez a las puertas de la prisión, alrededor de las siete de la tarde de este lunes, anunciando su intención cuanto antes de "pedir la readmisión en el Cuerpo".

"Voy a estar con la familia, con mis amigos, con los compañeros y la gente" continuó. Sin embargo, el ex dirigente policial no ha querido responder a las preguntas de los periodistas sobre si había sido víctima de un complot. "La instrucción está siendo muy buena", afirmó.

Y es que por la mañana, el juez de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz-Torres, había acordado dejar en libertad provisional bajo fianza de 9.000 euros al ex jefe policial conocido como 'el sheriff de Coslada', el principal imputado en el caso de corrupción policial en esta localidad madrileña, tras estimar el recurso de reforma interpuesto por su defensa contra la denegación de la solicitud de libertad.

Al conocer el auto, el abogado de Ginés, Óskar Zein, se apresuró a trasladarse a una entidad bancaria para abonar la cuantía económica acordada para que su cliente eluda la prisión. Zein apuntó que Ginés abandonaría por la tarde la prisión de Alcalá Meco -como así fue-, donde ingresó el 13 de mayo de 2008 por prevaricación, cohecho, tenencia y depósito de armas, amenazas, extorsión y blanqueo de capitales.

El 'sheriff' de Coslada era el único que permanecía en la cárcel después de que el magistrado fuera dejando en libertad a los acusados desde finales de 2008. Hace unas semanas, el juez rechazó por cuarta vez dejarle libre al estimar que existen suficientes indicios contra él por la comisión de delitos de amenazas, extorsión y blanqueo de capitales, entre otras infracciones penales. Zein decidió recurrir esta decisión en reforma,.

En el caso del líder de la corruptela policial, el juez esgrimió en su auto que "las diligencias de instrucción practicadas no han variado las circunstancias que llevaron en su día a adoptar" su ingreso en prisión provisional, decretado el 13 de mayo de 2008.

Por ello, concluía que "existen indicios suficientes de la posible comisión de delitos de amenazas, de extorsión y de blanqueo de capitales con independencia de lo que pueda resultar acreditado de la instrucción que todavía resta de practicar en el presente procedimiento". También se le acusa de prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas.