Franco recordó que AI no tiene en cuenta en su informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reconoce que el país hace "los mayores esfuerzos por atender a los desplazados" y que la explicación del supuesto aumento del registro es "multicausal".
Explicó que el aumento se debe a la "erradicación de cultivos ilícitos, garantías para la población desplazada, persistencia de violencia en zonas y el no registro de las personas que retornan poco después de desplazadas".
Sobre las ejecuciones extrajudiciales el funcionario indicó que lo que se están conociendo son "detalles de hechos del pasado que salen a la luz porque estos crímenes no están quedando en la impunidad".
En el tema de las amenazas a sindicalistas y defensores de los derechos humanos, aseguró que "el Gobierno las rechaza firmemente y considera que sólo contribuyen a deslegitimar la acción del Gobierno por proporcionar garantías para el ejercicio de todas las libertades".
Asimismo, Franco afirmó que el Gobierno está trabajando para resolver el fenómeno de la desaparición forzada y que para ello se han fortalecido diferentes estamentos como la Comisión Nacional de Búsqueda, se colabora con la Fiscalía y se han ubicado y exhumado cerca de 2.000 víctimas por las declaraciones de paramilitares.
El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, indica que la población civil es la principal víctima del conflicto armado en Colombia y atribuye a las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los guerrilleros abusos sistemáticos.
AI considera que aumentaron los desplazamientos internos y hubo un "recrudecimiento" de los homicidios de sindicalistas y las amenazas contra defensores de los derechos humanos.
Indica que 1.492 civiles murieron entre julio de 2007 e igual mes de 2008 como consecuencia del conflicto y que 182 personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Para la organización no gubernamental, al menos 46 sindicalistas y 12 defensores de los derechos humanos perdieron la vida de forma violenta en crímenes atribuidos a paramilitares y fuerzas de seguridad.
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