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A pesar de las medidas adoptadas por la Delegación del Gobierno

Se detectan trabajadores agrícolas ilegales en Albacete

Se detectan trabajadores agrícolas ilegales en Albacete

Los intermediarios fomentan la situación de ilegalidad

La Guardia Civil ha detectado entre 400 y 500 personas sin permiso de trabajo en las labores agrícolas de la provincia de Albacete durante las campañas del ajo y la cebolla. Según el sindicato UGT algunos empresarios incumplen el convenio y pagan un precio inferior al estipulado a los trabajadores.

Ha sido la secretaria provincial de Empleo e Inmigración de UGT, Mayte Ortega, quien ofreció una rueda de prensa para informar sobre la campaña agrícola que, desde finales de mayo y hasta estas fechas, se está desarrollando en esta provincia.

Ortega destacó que algunos empresarios agrícolas están incumpliendo los convenios al pagar un precio por debajo del estipulado: los trabajadores cobran por caja de ajos una cantidad que ronda 1,50 euros, mientras que el convenio contempla el cobro de 1,90 euros por caja.

La sindicalista indicó que los horarios tampoco se cumplen, ya que los trabajadores intentan completar el mayor número de cajas. Además criticó que, "como la gente de la construcción se va masivamente a trabajar al campo, los empresarios de este sector aprovechan el exceso de oferta de mano de obra "para pagar algo menos", dijo.    

Ortega lamentó que los "intermediarios" o empresas de servicios, encargados de buscar trabajadores para los empresarios agrícolas, "están contratando muchas veces a personas en situación de ilegalidad" a las que suelen retener los salarios.   

En este sentido, señaló que en la localidad de Minaya, la Brigada de Extranjería localizó un tajo con ocho trabajadores rumanos sin permiso, dos de ellos menores de 16 años.  

No obstante, Ortega explicó que este año ha aumentado el número de contratos legales gracias a las medidas adoptadas por la Delegación de Gobierno que exige a los agricultores que hagan una estimación de los operararios que necesitan y tramiten la petición tres meses antes.   

Los empresarios deben dar de alta a los trabajadores y conseguirles alojamiento de modo que, según la sindicalista, esta medida evita en gran medida los asentamientos ilegales.    

Mayte Ortega resaltó que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional está trabajando de forma coordinada con la Inspección de Trabajo, mientras que UGT cumple una labor informativa sobre las irregularidades que detecta en los tajos.  

La dirigente sindical subrayó que UGT trabaja todo el año con los trabajadores inmigrantes en sus distintas oficinas de la provincia por las que han pasado más de mil personas en lo que va de año, 400 de ellas en estos últimos meses de campaña agrícola.

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, Ortega afirmó que existen algunos asentamientos como el ya tradicional conocido como "Cereales Saltó", una nave en ruinas donde han llegado a vivir hasta 300 personas, o el campamento de La Dehesa en la que viven 200 inmigrantes.

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