OPINIÓN/Víctor Gijón
Corrupción y tolerancia cero
En temas de corrupción política tolerancia cero. No es que defienda la permisibilidad en otro tipos de corruptelas, pero es que con la confianza que los electores han depositado en un cargo público no se juega.
Los 40 años de dictadura han generado un pensamiento ínfimo, subterráneo, que tiene como lema el de que todos los políticos son iguales. Incluso algunos oportunistas no reparan en tirar piedras contra su propia tejado y sacarse un ojo, incluso, si con ello dejan ciego al contrario. Pero son excepciones.
El problema surge cuando la doctrina permisiva, la no actuación inmediata, la lapidación de los corruptos se plantea de forma condicionada por las cúpulas de los partidos o se aplica o no en función del color del acusado. En la mente de todos están casos bien cercanos de doble vara de medir. Pero la actitud de algunos políticos, individualmente considerada, no debe servir para empañar ejecutorias generales.
Por ejemplo, lejos de mi intención condenar al conjunto del PP por la reprobable posición que mantiene su presidente en Cantabria, Ignacio Diego, con respecto al alcalde tránsfuga de Castro Urdiales, Fernando Muguruza. Entre otras razones porque la dirección nacional del PP estuvo de acuerdo en condenar al que Diego ampara. En todo caso, sería de desear un pronunciamiento del PP nacional sobre la negativa de su dirigente local a aplicar una decisión que le obliga como militante de partido.
Y sigamos en ese ámbito, el nacional, para analizar las actitudes de las direcciones del PSOE y del PP ante casos de corrupción en ayuntamientos. Partamos de la base de que manzanas podridas puede haberlas y las hay en todos los cestos. La cuestión es si esas actitudes se amparan tras descubrirse los hechos. En Totana, ayuntamiento gobernado por el PP, tardaron semanas en poner proa a un alcalde que había ingresado en prisión porque le pillaron con la manos en la masa. Aún hoy es el día que la condena del alcalde y un ex alcalde, ahora diputado mixto pero antes en el PP, se hace con la boca pequeña.
En Estepona, la detención ayer del alcalde socialista por pringarse con el urbanismo, ha provocado su cese fulminante. Ya no es militante del PSOE. En el PP acuñaron en su día al doctrina de la dimisión preventiva, y Aznar se la aplicó a Demetrio Madrid,presidente de Castilla y León, imputado por un delito societario en empresas familiares. Madrid fue absuelto, pero Aznar se había hecho ya con el poder en la región y no lo soltó.
El tiempo ha demostrado que la tal doctrina era solo aplicable al rival político. Y si no ¿cómo explicar que Carlos Fabra, el multiprocesado presidente de la Diputación de Castellón, siga en el cargo, pueda avalar la candidatura de Rajoy y logre que el PP blinde con cargos institucionales a familiares directos, caso de su hija, también imputada, a la que acaban de hace diputada al Congreso?
Si (
No(
