En Madrid, el Defensor del Menor defiende la objeción

   El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, se refirió a la polémica suscitada en torno a la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) y señaló que "si bien es cierto que el Gobierno tiene la capacidad legal para fijar esa asignatura y sus contenidos mínimos, no es menos cierto que los padres tienen la capacidad de elegir la mejor educación para sus hijos".

    Canalda afirmó que no se pueden ni "adoptar posturas maximalistas" ni "minusvalorar el posicionamiento de aquellos que decidan objetar", ya que, en su opinión, "tienen toda la capacidad y todo el derecho a hacerlo".

   "Nadie discute el derecho que tiene un Gobierno a fijar unos contenidos mínimos, pero tampoco podemos perder de vista lo que genera en la sociedad esos contenidos y, si se está generando un rechazo social importante, lo que se tiene que tener en cuenta es eso, con independencia de la capacidad que se tenga para normar", aseveró.

   En este sentido, Canalda afirmó que no recuerda ningún debate que haya puesto en cuestión ninguna asignatura hasta el punto de la objeción de conciencia. "Sí que se han discutido leyes, pero, ¿qué hayan tenido que llegar a la objeción de conciencia? Yo no lo recuerdo en la historia de la democracia", subrayó. 

   Por ello, indicó que es "importante aunar posturas para llegar a un punto intermedio". "Lo que no se puede mantener es posturas enfrentadas de tal modo que al final lo que tengamos son niños que no tengan clase o no tengan la posibilidad de conseguir su título", se quejó.

   El Defensor del Menor evitó culpar a nadie directamente de la situación, que calificó de "problemática", pero indicó que "la responsabilidad, en primera instancia, es del ministerio" porque al diseñar la nueva asignatura creo unos contenidos mínimos que no eran asumibles por la generalidad de los ciudadanos, algo que, a su juicio, puede lograrse con un mayor consenso.

   "No hay que olvidar que existe un interés superior que es el del menor, y lo que no se debe permitir bajo ningún concepto es que con independencia de los posicionamientos de unos y otros al final los que salgan perjudicados sean los menores", afirmó.

Llegar a un punto intermedio

   Así, instó a los responsables de las administraciones autonómicas y del Gobierno central a "llegar a un punto intermedio" y alcanzar, por lo menos de momento "hasta que los tribunales se pronuncien", "una solución transitoria de compromiso" para evitar "que los chicos pues no pierdan el tiempo por el hecho de que sus padres hayan objetado y que, al mismo tiempo, no pierdan la posibilidad de obtener su calificación o su graduado".

   El Defensor del Menor distinguió a la Comunidad de Madrid, donde en su opinión, al igual que ocurre en otras comunidades de distinto "color político", como Castilla La Mancha, "hay un mayor margen de actuación", ya que la asignatura no entrará en funcionamiento este curso.

   Además, garantizó, en el caso de Madrid, los contenidos "han sido muy adaptados y muy adecuados a la mayoría de las personas", por lo que "los contenidos son más asumibles que en otras comunidades". "El problema puede parecer menor, pero tenemos un año para escuchar a todas las partes", concluyó.