En su edición de hoy, El Universal destaca en su información principal, de primera plana, en nota del acucioso reportero Jorge Ramos Pérez que la Secretaría de la Función Pública involucró al ex abogado general y al ex director de administración de Pemex.
El Universal
Implican a dos ex mandos de Pemex en desvíos
La Secretaría de la Función Pública (SFP) involucró al ex abogado general y al ex director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos en el presunto quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos.
La semana pasada este diario dio a conocer que la dependencia investiga al ex director Raúl Muñoz Leos por entregar recursos al sindicato petrolero sin la autorización del Consejo de Administración.
Los ex funcionarios señalados son Juan Carlos Soriano Rosas, ex abogado general, y Octavio Aguilar Valenzuela, ex director Corporativo de Administración.
Octavio es hermano del ex vocero del entonces presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela. En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que se siente totalmente libre de cualquier responsabilidad administrativa o penal sobre el caso.
Dijo que se negó a firmar el convenio 10275/04 -por el cual se transfirieron los mil 724 millones de pesos a trabajadores- por considerarlo ilegal. Aseguró que así lo hizo saber cuando lo signaron Muñoz Leos y Carlos Romero Deschamps, dirigente sindical.
Hace dos semanas, Aguilar compareció ante el argano Interno de Control de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero solicitó una ampliación del plazo para presentar su defensa.
No fue posible localizar a Juan Carlos Soriano Rosas para que diera su versión del caso.
El secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, informó que Muñoz Leos no se presentó a declarar ayer ante el argano Interno de Control de Pemex (que depende de la Secretaría) porque pidió una prórroga, pero durante el presente mes deberá responder a los requerimientos, destacó.
Una vez concluido el procedimiento administrativo, añadió, se valorará la pertinencia de recurrir o no a presentar una denuncia en la Procuraduría General de la República.
Amplían cerco a Guerrero y Edomex
Tropas de élite del Ejército participan en el cerco policiaco-militar que se realiza en torno a la región de Tierra Caliente en Michoacán y que ayer se extendió a zonas del estado de México y Guerrero.
La acción incluye el barrido de toda el área para ubicar al grupo armado implicado en la emboscada del martes y que dejó cinco militares muertos, entre ellos un coronel. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación.
Autoridades federales y estatales del estado de México y de Guerrero fueron alertadas para evitar que los homicidas huyan o pretendan esconderse en sus territorios.
En el marco de este operativo, en el que participan más de mil 300 elementos, fueron detenidas 10 personas, entre ellas cuatro menores de edad; se les indaga para determinar si están implicadas en el atentado.
Elementos del Ejército mexicano los arrestaron la madrugada de ayer en el restaurante bar "La Estrellita", ubicado en el tramo carretero Nocupétaro-Carácuaro, en poder de armas de alto poder y droga, informó la PGR en un comunicado.
Versiones no confirmadas de manera oficial señalan que hay otros 15 sujetos detenidos, presuntos integrantes de la organización conocida como "Los Castañeda", que domina las actividades de narcotráfico en la zona de Turicato, Tacámbaro, Carácuaro, Nucupétaro y Huetamo.
También es buscado Flavio Rodríguez, líder "Los Castañeda" o el cártel de Turicato, al servicio del de Sinaloa, por lo que se presume que participó en el ataque a militares. Este hombre fue detenido en diciembre, pero después logró su libertad.
Reforma
Liberan "coyotes" a choferes ebrios
En lo que va del 2007, los juzgados de distrito en materia administrativa han recibido mil 226 amparos contra los arrestos por alcoholímetro
Ciudad de México.- El arresto forzoso de 20 a 36 horas por no pasar el alcoholímetro ha perdido fuerza: "coyotes" promueven decenas de amparos para sacar antes de tiempo a los detenidos.
El arresto aplicado por conducir en estado de ebriedad, que no puede ser conmutado por otra sanción, como por ejemplo una multa, queda sin efecto.
Sus clientes les dicen "los abogados". Son un grupo de 10 a 15 gestores -varían dependiendo el día y la hora-, quienes afuera del Centro de Sanciones Administrativas, conocido como "El Torito", ofrecen los amparos.
La tarifa, según cuatro "clientes", está entre mil 500 y dos mil pesos.
"Me dijeron que el trámite demoraba entre cuatro y seis horas. "Los abogados" me acaban de decir que el amparo fue recibido en el juzgado a la una de la mañana, y ahorita como a las nueve ya llega la actuaria con la notificación de que mi esposo puede salir", indica Graciela López.
Fija ONU año 2015 para reducir gases
Limitar el calentamiento global costaría alrededor del 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, estima el documento de la IPCC
Bangkok, Tailandia. 4 mayo.- Las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero deben disminuir, como límite, a partir del 2015 si se quiere mantener el alza de la temperatura mundial entre 2 y 2.4 grados centígrados, aseguró la ONU en las conclusiones del tercer reporte sobre Cambio Climático.
Para estabilizar la contaminación atmosférica del dióxido de carbono y otros gases, será necesario que las actuales emisiones se reduzcan entre 50 y 85 por ciento para el 2050, indica el reporte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que el viernes puso fin en Bangkok a una semana de deliberaciones.
"Mientras más se quiera alcanzar un nivel de estabilización bajo, más rápido se llegará a ese tope y la disminución de las emisiones comenzará", precisa el informe elaborado por científicos y representantes de unos 150 países.
Limitar el calentamiento global costaría alrededor del 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, estima el documento de la IPCC.
Además, destaca que hay un potencial importante de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores.
"Hay un potencial económico substancial para la atenuación de las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, lo que podría compensar el crecimiento proyectado de las emisiones mundiales o reducir las emisiones por debajo de los niveles actuales", precisa el texto.
Migran poblanos desde pequeños
El gobierno poblano asegura que de los 2.4 millones de poblanos que radican en EU, 25 por ciento son menores de edad
Puebla, México.- La ola migratoria de Puebla hacia Estados Unidos rejuvenece. Ahora son menores de edad, de entre 13 y 15 años, quienes van por dólares.
Jaime Obregón, director de enlace de la Comisión Estatal para la Atención del Migrante Poblano, reveló que de cada 10 habitantes de este estado que parten a la Unión Americana, cinco son menores de edad.
En algunas comunidades de la Mixteca, varios habitantes reportan que la tendencia es de 70 por ciento.
Obregón comentó que de 1970 a 2000, la edad promedio de los emigrantes era de entre 20 y 35 años.
"En la actualidad, nos encontramos con niños que emigran a Estados Unidos, aunque el volumen de alta emigración va desde 13 y hasta 15 años de edad.
"En la experiencia de campo platicamos con los niños y nos comentan: "¿para qué estudio si me voy para allá, y lavando trastes gano cinco (dólares) la hora?", explicó el funcionario.
Las autoridades poblanas estiman que buena parte de los menores abandonan sus comunidades de origen para alcanzar a sus padres que se encuentran en Estados Unidos.
Otros se van, dijo Obregón, porque creen que, al igual que en México, un menor puede contratarse en cualquier sitio y ganar dinero.
"Sí llegan a trabajar allá, pero son empleos subterráneos, como limpieza, en el campo como jornaleros, o como ayudantes de albañil", afirmó.
Sin embargo, agregó, perciben ingresos 50 por ciento menores a los de un migrante adulto.
Un niño o adolescente, añadió, obtiene como ingresos de 3.5 a 5 dólares por hora, pero al incorporarse al mercado laboral sufre con mayor frecuencia que los adultos la explotación.
A la fecha, señaló, de los 2.4 millones de poblanos que radican en EU, 25 por ciento son menores de edad.
La Jornada
Cuestionan diputados el que se use al Ejército para combatir el narcotráfico
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó ayer el asesinato de cinco militares en Michoacán y refrendó su "profundo respeto y solidaridad con las fuerzas armadas", durante un debate en el que la oposición coincidió al demandar al presidente Felipe Calderón que revalore la decisión de mantener al Ejército Mexicano como la principal fuerza en el combate al narcotráfico.
En nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado José Murat advirtió que se vive "técnicamente en una situación de emergencia", donde el crimen organizado representa "el más grande desafío a la gobernabilidad", y reclamó que se revisen las estrategias, metas y objetivos en la lucha contra el narco, para evitar que "los muertos sean los nuestros, los que están del lado de las instituciones".
A su vez, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Graco Ramírez dijo en tribuna que fue una pésima decisión y un grave error de quien llegó "altamente cuestionado" a la Presidencia de la República, sacar a la calle al Ejército, "pensando que ello bastaba para combatir al crimen organizado", sin un plan integral y con los mismos funcionarios que en el sexenio anterior fracasaron en detener la violencia y la ola de criminalidad.
El punto de acuerdo lo propuso el Partido Acción Nacional (PAN) por conducto del diputado Cristian Castaño y fue aprobado por todas las fuerzas políticas en un debate en el que PRI y PRD dejaron en claro que la solidaridad y el reconocimiento son para las fuerzas armadas.
Critican académicos que se dé poderes discrecionales a policías
La iniciativa de reforma al sistema judicial, presentada por el presidente Felipe Calderón -que amplía las facultades de los policías, quedando éstos sin control por parte del Ministerio Público y de los jueces-, es contraria a la tradición política del Partido Acción Nacional, porque retoma elementos de legislaciones autoritarias que señalan que el ofendido principal de la delincuencia es el Estado, además de que abre la puerta para perseguir penalmente a la disidencia política, advirtieron los especialistas Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Ambos académicos afirmaron que de aprobarse la iniciativa de Calderón, sin tomar en cuenta las propuestas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, en lugar de ir adelante se retrocedería en materia de administración y procuración de justicia.
En conferencia de prensa, organizada por la organización Juicios Orales, se abordó la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso en la materia y se subrayó que sería irresponsable darle poderes discrecionales a las corporaciones policiacas y a la vez dejar controles "más laxos" para evaluar su actuación.
Con la iniciativa presidencial, añadieron, se pretende fomentar el uso de la tortura y las presiones en contra de los detenidos -que pueden estar arraigados hasta 60 días por orden del Ministerio Público y sin la supervisión de algún juez-, cuando la propuesta del PRD y de Convergencia de impulsar los juicios orales es más completa, porque demanda mayores requisitos, como la profesionalización y capacitación de los policías para que presenten en los juicios pruebas, testimonios, periciales, etcétera, en lugar de basar la acusación fundamentalmente en la confesión del inculpado.
Además, comentaron, la iniciativa de la oposición plantea que las irregularidades cometidas durante el proceso judicial tengan consecuencias en la resolución final, lo que obliga a que la autoridad lleve a cabo sus averiguaciones y consignaciones de forma más completa y profesional.
El Economista
Devuelven cuarta parte de recaudación
De acuerdo con el último informe de finanzas públicas, más de una cuarta parte de la recaudación del gobierno fue regresada a los contribuyentes a través de devoluciones y compensaciones, debido a los diferentes regímenes fiscales especiales, alcanzando una cifra de 72 mil 443 millones de pesos, esto es 27 centavos por cada peso.
Se registra sismo de 4.7 grados en Oaxaca
De acuerdo a Informes preliminares del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico de 4.7 grados en la escala de Richter tuvo lugar cerca de las 05:21 horas en el centro de Oaxaca. Hasta el momento no se registran víctimas ni daños materiales.
Yahoo presenta versión web de su messenger
Yahoo con la introducción de la mensajería instantánea desde los navegadores allana el camino para que, en el futuro, el buscador incluya el servicio de comunicación en las páginas de redes sociales, como MySpace, Facebook u otros sitios populares.
La Crónica de Hoy
Se tambalea la ley Televisa
Las tres principales fuerzas políticas en el Senado advirtieron ayer en Washington que si la Suprema Corte de Justicia no corrige las fallas en la nueva Ley de Radio y Televisión -"ley Televisa"-, la Cámara alta procederá a hacerlo.
"Una de dos, o el cambio lo hace la Corte o lo hacemos nosotros", señaló el coordinador de la fracción del PAN en el Senado, Santiago Creel, quien consideró que la forma como la ley fue aprobada el año pasado, en medio de una elección, no fue la correcta.
"Una ley que se aprueba de la manera como ésta se llevó a cabo, en medio de una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y los partidos a su aprobación, en medio de una negociación de espacios publicitarios, no es la manera para aprobar una ley", indicó.
Al hablar en un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), Creel afirmó que detrás de la aprobación de la ley existe un problema de fondo.
"También es de forma, y el fondo es que es una ley que afianza los privilegios a quienes actualmente detenta un oligopolio, eso no es correcto", agregó.
Carlos Navarrete, coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara alta, consideró por su parte que de la adopción de una ley transparente y justa, depende en cierta medida la credibilidad del país.
"Nosotros no creemos que haya decisión y voluntad de aceptar los intereses de México si no se modifica eso y hay dos formas, o lo hace la Suprema Corte y entra en materia, o lo hace el Congreso, y eso nos toca", apuntó Navarrete en el mismo foro.
Declaró que su partido aspira a que la ley que prevalezca sea una con un control efectivo de los concesionarios, con hombres independientes que puedan aplicar la ley con equidad "y poner orden en esa materia".
"Ya hay competencia política, pero no hay competencia en radio y televisión, sobre todo en televisión, y antes que entrara esta legislatura en funciones lamentablemente se aprobó una Ley de Radio y Televisión que es una regresión, y es una patente de corso para el sistema que tenemos en México", dijo.
A su vez, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, del PRI, calificó como "una mentira" los señalamientos que han buscado presionar a la Corte para que rechace la controversia.
Defendió los contactos que ha celebrado con los magistrados como parte de sus obligaciones como presidente del Senado y dijo que sus enlaces con el máximo órgano judicial se han referido a otras leyes que también han sido impugnadas.
Fatal inicio de sexenio: matan a seis periodistas
La red mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga los casos de los asesinatos de reporteros que han sucedido en los últimos meses a consecuencia del narcotráfico, mismos que desde el 2000 suman 32.
Durante el Día Internacional de la Libertad de Prensa la organización reportó que en lo que va de la administración seis periodistas han sido asesinados y dos más se encuentran desaparecidos. Los comunicadores solicitaron que la fiscalía que investiga los crímenes de los reporteros tenga mayores facultades y rinda resultados que garanticen el esclarecimiento de los mismos.
Los representantes de las organizaciones Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, la Asociación Mundial de Radio Comunitaria-México y la Fundación Manuel Buendía, entre otras, reclamaron que hasta el momento el gobierno federal no ha dado ninguna garantía para que los integrantes de los medios de comunicación ejerzan su profesión.
Malvina Flores, Raúl Omar Martínez, Rogelio Hernández López y Rogaciano Méndez indicaron que ante el peligro en que se encuentran los trabajadores de los medios es urgente que las autoridades otorguen las garantías suficientes para desarrollar su trabajo.
Por ello instaron a las autoridades correspondientes a que se investigue tanto a los autores materiales como a los intelectuales de los diversos asesinatos de reporteros.
En un mitin realizado a las afueras de la Procuraduría General de la República las organizaciones entregaron un documento en el que realizaban la petición formal a la PGR para que atraiga las investigaciones de los casos.
Además, los representantes de las distintas organizaciones guardaron un minuto de silencio por los compañeros muertos y pegaron en la entrada principal de la PGR cartulinas con las fotografías de los periodistas asesinados y desaparecidos.
En el contingente que se manifestó frente a la dependencia federal, también se encontraban los diputados Gerardo Priego y Humberto López Lena, de la Comisión Especial para Atención a Agresiones a Periodistas.
Ante ellos, algunos de los manifestantes protestaron por la falta de resultados en las comisiones y fiscalías especiales porque hasta el momento ninguna ha rendido resultados.
"En este Día Internacional de la Libertad de Prensa no hay nada que festejar, pues los periodistas en nuestro país no han escapado a la violencia, por lo que es urgente tomar cartas en el asunto", aseguró Rogelio Hernández.