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Su debate se realizará en la última sesión del Parlamento de esta legislatura

El PP considera la Ley de Medios Audiovisuales como una mordaza y pide su retirada

El PP considera la Ley de Medios Audiovisuales como una mordaza y pide su retirada

Se verá en el próximo pleno de las Cortes Regionales y el PP presentará la enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley

El Parlamento Regional de Castilla-la Mancha debatirá en la última sesión de esta legistatura el Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que tramita el gobierno regional. El Partido Popular considera que no es democrático su tramitación, a un mes escaso de las elecciones, y adelantó que presentará la enmienda a la totalidad.

El secretario segundo de laMesa de las Cortes y diputado regional del PP, Leandro Esteban, pidió en la mañana del martes la retirada del Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que tramita el gobierno regional y esconde "una nueva mordaza" para los medios en la región, ya que afecta al control en la concesión de las licencias, establece tasas y sanciones y propone un Consejo Audiovisual que será "guardián" de la pureza del pensamiento único.

Leandro Esteban puso como ejemplo el Consejo que existe ya en Cataluña, del que dijo que más que "velar" por los contenidos será un "freno para las libertades", ya que lo que no le guste al Consejo será materia de sanción. Es "descabellado" la propuesta de creación de un Consejo Audiovisual, dijo.

El diputado popular aseveró que los Consejos al final se convierten en auténticos mecanismos de censura y limitación a la libertad de los ciudadanos a recibir información y criticó que este Consejo Audiovisual se podrá elegir por un mandanto de seis años y podría ser finalmente elegido por mayoría simple del Parlamento regional.

Esteban criticó además el hecho de que su partido preguntó acerca de la creación del Consejo Audiovisual durante la Reforma del Estatuto de Autonomía y siempre "se nos dijo que no", y así se evidencia en el texto de reforma, donde no existe ninguna mención. Esto se considera como una "traición", dijo.

El proyecto se aplica tanto a radios públicas como privadas y concretamente al control en la concesión de las licencias y los procedimentos para su concesión; establece una tasa "que debe ser pagada por todos los medios, lo que se entiende como un puro afán recaudatorio"  y obliga a la difusión gratuita de los comunicados y declaraciones oficiales. Otro de los aspectos que regula este proyecto de ley es el control de los medios de carácter regional y las concesiones de emisoras de carácter local, pudiendo afectar a las concesiones ya otorgadas. Todos estos puntos no son muy bien vistos por el Partido Popular.

El diputado Leandro Esteban habló de "chapuzas e irregularidades" desde el punto de vista de la tramitación, ya que solo se dispone del expediente sobre la ley del Consejo Consultivo que "ha advertido de irregularidades y pone serios reparos" a capítulos como el régimen sancionador o las concesiones. También informó de que el Consejo Económico y Social ni siquiera tiene el informe de la ley.

En cuanto a las multas, la futura ley recoge que se pueden llegar a imponer multas "de hasta 100 millones de pesetas con supresión y suspensión del título de la licencia para poder emitir". Por todo esto, Esteban insistió en que "a un mes de convocar elecciones, no es democrático introducir o tramitar un proyecto de ley como éste". Ante la negativa del Gobierno de retirar la ley, el PP llevará al Pleno una enmienda a la totalidad con petición de devolución del texto al gobierno por considerarlo "inadecuado" para establecer un régimen de libertades de medios, en este caso, radios y televisiones. Leandro Esteban anunció que su grupo parlamentario ha vuelto a pedir la comparecencia del director de Radiotelevisión Castilla-la Mancha, Jordi García Candau, en el Parlamento regional.

"Tomadura de pelo"

Para el PSOE, el hecho de que el PP relacione el Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-la Mancha con la libertad de expresión es una "tomadura de pelo". En estos términos se refirió el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, para quien la norma pretende acabar con la actual situacion de "inseguridad e ilegalidad" y aseguró que el texto aportará más garantías jurídicas y legales.

José Molina recordó que ya existen textos legales similares aprobados en regiones como Madrid, Cataluña o Baleares y aseveró que si hubiera algún problema sería el Tribunal constitucional "quién deberá decidir sobre su constittucionalidad o no". Matizó que en relación a la obligatoriedad de difundir gratuitamente los comunicados y declaraciones oficiales, la "ley" se refiere a los casos en los que se entienda que es necesario para el interés general.

En referencia a las tasas que deberán pagar todos los medios, el portavoz socialista señaló que cuando se paga un servicio público como en este caso "es obligado" pagar la tasa, aunque precisó que la ésta no supondrá "ni siquiera el 50% de la prestación del servicio".

Y en cuanto a los reparos que según el PP ha puesto al Proyecto de Ley el Consejo Consultivo,  apuntó que no es cierto que este órgano tenga dictámenes jurídicos desafavorables y aseguró que si el PP "estuviera menos en una situación de tremendismo y oporunismo" no sería difícil que la ley saliera adelante sin problemas.  

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