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OPINION / Victor Gijón

El color del PGOU en Santander

Fueron muy pocos los que se acercaron a ver la exposición sobre el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Pero quienes lo hicieron, especialistas o no, coincidieron en una cosa: el color más abundante, el que marcaba la diferencia, era el que identificaba donde se iba a poder construir.

De aquellos polvos vienen los lodos actuales. De una ley del suelo que, supuestamente, iba a contribuir a reducir el precio de la vivienda (en realidad disparó los costes a cotas imposibles) y de unos ayuntamientos necesitados de financiación para llevar a cabo sus promesas electorales. Las licencias de construcción son hoy por hoy casi la única vía que tienen los municipios españoles para hacer caja. Pero no es ni una ley del suelo tontamente liberalizadora, ni la necesidad imperiosa de ingresos de los Ayuntamientos las causas directas de la corrupción, aunque si hayan servido en algunos casos de coartada para ella.

Porque la corrupción viene de la mano de alcaldes que se pasan por el forro la legalidad, aún siendo ésta tan permisiva como la aprobada por el Gobierno del PP, y que con ello obtienen sustancioso ingresos, que no van a las arcas municipales sino a sus bolsillos. Las comisiones, los pagos bajo cuerda de promotores a alcaldes y concejales corruptos, arrojan cifras que marean. Pero, ¿quién paga al final la mordida? Pues el comprador de la vivienda, al que el promotor corrupto cargará, además de suelo, los ladrillos y el alicatado hasta el techo de la cocina, la comisión entregada al edil corrompido. Por eso la vivienda sigue constando lo que sigue constando: una barbaridad.

Pues bien, y volviendo al PGOU santanderino, parecía claro que no se trataba de un plan de ordenación, sino de una hoja de ruta para promotores inmobiliarios y constructores. El equipo municipal del PP, liderado por Gonzalo Piñeiro, tenía necesidad de fondos porque la situación financiera del ayuntamiento era y es caótica. De lo que iba a ser el PGOU parece que algunos recibieron información bastante precisa antes de que se expusiera el avance en el Palacio de Exposiciones. No es algo infrecuente, pero se suele hacer con una cierta discreción. Nunca o casi nunca se pasa la información a familiares o amigos. Para eso están la sociedades interpuestas y los testaferros.

Hasta no hace mucho tiempos, quizás también hoy pero carezco de datos en ese sentido, los alcaldes de ayuntamientos limítrofes de Cantabria, que eran constructores antes de dedicarse a la política o comenzaron a poner ladrillos una vez conseguido el acta municipal, intercambiaban sus ámbitos de actuación: “Yo construyó en tu ayuntamiento y tú en el mío”. Así de fácil.

Pues bien en el ayuntamiento de Santander no parecen muy dispuestos a guardar las formas. Aquello del Cesar y la mujer del Cesar no está entre sus preocupaciones u ocupaciones. El rumor estaba en la calle desde hace meses. Incluso en algunos ámbitos políticos se había expresados sorpresa por el hecho de que ciertos medios de comunicación pusieran tanto interés en algunos asuntos dudosos y tan poco en actividades bastante mas claras. En definitiva que hubiera una doble vara de medir y que, además, el PP sacara pecho denunciado supuestas corruptelas de otros, sin ver la viga en ojo propio.

Se de buena tinta que durante meses se intentó que distintos medios de comunicación escritos “compraran” la noticia, pero solo en El País encontraron ganas por investigar. El resultado: la noticia aparecida esta semana, donde se ofrecen datos incontestables sobre la revalorización de unos terrenos, PGOU por medio, de la que se habrían beneficiado familiares del principal responsable de las cuestiones urbanísticas en el Ayuntamiento de Santander.

Hace cinco años, cuando ni había avance del PGOU, pero el Gobierno regional del PP decidió poner en marcha un PSIR, sí como lo oyen, para desarrollar el Parque Científico Tecnológico, los terrenos de propio parque, que en su mayoría todavía no habían sido adquiridos por el Ejecutivo, así como los limitotes, adquirieron un valor que no tenían. Con carácter previo al PSIR y sin plan de ordenación urbana, actuando por tanto sobre unos terrenos rústicos sin expectativas, dos promotores iniciaron la compra de parcelas en la zona a un precio muy asequible. Para no despertar falsas ilusiones o expectativas desmesuradas que pudieran elevar el precio, los promotores utilizaron intermediarios en la operación de adquisición de los terrenos.

Pues bien, confirmada la construcción del parque se produjo una primera revalorización de los terrenos, al menos potencialmente. Pero el ‘pelotazo’ llegó cuando el avance del PGOU definió la zona como residencial. ¿Quién decidió el cambio de la ficha urbanística de los terrenos? Piñeiro y el PP dicen que fue el POL, que la ley aprobada a propuesta del Gobierno, rechazada por el PP y recurrida ante el Tribunal Constitucional por los populares, incluida la firma del alcalde-senador, es la que han aplicado a la hora de recalificar las fincas situadas frente al Parque Tecnológico, ya legal y oficialmente en manos de los promotores Real de Piasca y Luís del Río.

Es cierto que el POL fija la posibilidad de que en los terrenos afectados se construyan viviendas, pero también la de que el suelo siega siendo rústico o urbanizable productivo. Hay donde escoger, pero quienes pueden hacerlo, en el Ayuntamiento de Santander Piñeiro y su concejal de Urbanismo y de profesión civil urbanista, Víctor Gil, optaron por dedicar el suelo a la construcción de viviendas. Hay un hecho que despierta alguna sospechas. Un ayuntamiento que en tres legislaturas no ha entregado ni una sola vivienda protegida, fija para la zona recalificada una proporción de 45% de viviendas con algún tipo de protección, cuando el POL sólo exige un 35%. Aunque para compensar autorice agotar el volumen de edificabilidad de la zona.

Pero más sospechoso aún es que exista una relación familiar, según la información publicada por El País, entre el concejal de Urbanismo Gil y uno de los promotores. Asunto que, como es lógico, socialistas y regionalistas, en la oposición municipal, exigen que se aclare. De momento Piñeiro ya ha dicho que a él que le registren, que el PGOU que legaliza el cambio de calificación no lo va a aprobar esta corporación sino la siguiente. Pues eso, que los ciudadanos sepan que con su voto pueden lograr, entre otras cosas, que un terreno comprado a precio de rústico a sus propietarios no se convierta, por arte de un lápiz de colores actuando sobre un plano de la ciudad, en veta de oro molido. Y mucho menos si el lápiz lo maneja un familiar del que logra los beneficios del cambio de calificación.

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