Un homenaje debido

El proceso autonómico en particular y la política en Cantabria en general no ha sido un camino de rosas. Probablemente ni más ni menos que en otras comunidades, pero cada uno llora o ríe, según los casos, por lo suyo. Por lo que nos toca. La preautonomía, fórmula política con la que otras regiones se pusieron en marcha en paralelo a la redacción de la Constitución democrática por las Cortes Generales elegidas en junio de 1977, no fue posible en Cantabria.

El 15-J de 1977, en la primera cita con las urnas de los españoles tras 40 años de dictadura, los cántabros se decantaron mayoritariamente por una formación política de nuevo cuño en la que se unieron desde los franquistas moderados a los socialdemócratas tibios. La Unión de Centro Democrático, la UCD, liderada en el ámbito nacional por Adolfo Suárez, obtuvo tres diputados y otros tantos senadores en su debut ante el electorado de Cantabria. Justo de las Cuevas, encabezó la candidatura al Congreso, de la que formaron parte Francisco Laínz Gallo y José Miguel Álava. Los senadores electos a propuesta de UCD fueron José Luis Del Piñal, Mariano González-Tarrío y Ricardo Bueno. Completaron la representación cántabra en el Congreso el socialista Jaime Blanco y Modesto Piñeiro Ceballos por Alianza Popular. El cuarto senador, Benito Huerta Argenta, logró el acta en representación de una plataforma integrada por partidos democristianos y de izquierdas.

La Junta de Parlamentarios se reunió varias veces en la sede de la Diputación Provincial, en Puertochico, sin lograr alcanzar un acuerdo sobre el proceso autonómico. Para presionar a favor de la autonomía en septiembre de 1977 se convoca una manifestación que reúne a miles de cántabros. Pero la mayoría de los representantes políticos no se muestra favorable a que la provincia de Santander se convierta en Comunidad Autónoma. Apoya decididamente Huerta y se suman, con matices derivados de sus dependencias nacionales, De las Cuevas y Blanco. Todos los demás se posicionan claramente en contra.

Perdida la oportunidad de la preautonomía hubo que esperar a la aprobación de la Constitución española, en diciembre de 1978, para, en base a lo establecido en su Título VIII, iniciar los trámites para acceder al autogobierno. La vía constitucional derivaba hacia los ayuntamientos la primera responsabilidad de la puesta en marcha de la iniciativa. Y fue el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, el 30 de abril de 1979, a menos de un mes de celebradas las primeras elecciones municipales democráticas, el primero en dar al escopetazo de salida. Poco antes, en marzo, se habían celebrado elecciones generales y los castellanistas fueron borrados de las listas. En UCD sólo De las Cuevas repitió escaño en el Congreso, volviendo a ganar las elecciones y alcanzando tres diputados y otros tantos senadores. Los socialistas pasaron a contar con dos diputados y un senador, desapareciendo la representación de Alianza Popular, predecesora del actual Partido Popular, y la de la coalición de izquierdas de la Cámara Alta. Quedaba así fuera del proceso uno de sus principales impulsores: el abogado Huerta.

Obtenido el aval de la mayoría de los Ayuntamientos de Cantabria, el 10 de septiembre de 1979 se constituye la Asamblea Mixta de diputados provinciales y parlamentarios nacionales encargada de redactar el proyecto de Estatuto de Autonomía que debería ser elevado a las Cortes Generales para su aprobación. La Ponencia encargada de elaborar el borrador del Estatuto la formaron por UCD Leandro Valle, Mariano Linares, Ambrosio Calzada, Ciriaco Díaz Porras, Alberto Cuartas Galván y Alberto Mateo del Peral, por el PSOE Jaime Blanco, Mario García-Oliva y Jesús Cabezón y por el PRC Esteban Solana.

El proyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria es aprobado en la Asamblea Mixta con 19 votos a favor, los de UCD, y doce e contra, los del PSOE y PRC. En el posterior trámite parlamentario en las Cortes Generales se logró acercar las posiciones por lo que el texto resultante contó con el apoyo de todos los ‘representantes’ de Cantabria. Los ‘padres’ del Estatuto, que fue aprobado definitivamente el 15 de diciembre de 1981 en el Congreso de los Diputados, sancionado por el rey el 30 de diciembre y publicado en el BOE el 11 de enero de 1982, fueron los siguientes: por Unión de Centro Democrático (UCD): Isaac Aja Muela (Diputado Provincial), Antonio Bernó Castanedo (Diputado Provincial), Jesús Bolado Mier (Diputado Provincial), Julio Calva Cuartas (Diputado Provincial), Ambrosio Calzada Hernández (Diputado Provincial y Senador), Alberto Javier Cuartas Galván (Diputado a Cortes), Justo de las Cuevas González (Diputado a Cortes), Ciriaco Díaz Porras (Diputado a Cortes), Antonio Diego Manteca (Diputado Provincial), Pablo Alfonso Fernández Rueda (Diputado Provincial), Joaquín Fernández San Emeterio (Diputado Provincial), Gonzalo Gaspar de Pablo (Diputado Provincial), Félix Hinojal García (Diputado Provincial), Mariano Linares Argüelles (Diputado Provincial), Alberto José Mateo del Peral (Diputado Provincial), Ramón Montes González (Diputado Provincial), José Rivas Vázquez (Diputado Provincial), José Antonio Rodríguez Martínez (Diputado Provincial), Roberto Sáez González (Senador), José Ramón Sainz Pereda (Diputado Provincial), Luis Silió Fernández (Diputado Provincial) y Leandro Valle González-Torre (Diputado Provincial y Senador). Por el PSOE: Juan Antonio Barragán Rico (Diputado a Cortes), Jaime Blanco García (Diputado a Cortes), Jesús Cabezón Alonso (Diputado Provincial), Víctor Díaz Herrera (Diputado Provincial), Mario García-Oliva Pérez (Senador), Adolfo Linares Saiz (Diputado Provincial), Juan Ramón López Revuelta (Diputado Provincial), Daniel Mediavilla de la Hera (Diputado Provincial), Juan Ruiz Gutiérrez (Diputado Provincial), Luis Saiz Quevedo (Diputado Provincial) y Félix Alfonso Setién Rivas (Diputado Provincial). Y por el PRC, Esteban Solana Lavín (Diputado Provincial).

Un mes y nueve días después de la entrada en vigor del Estatuto, el 20 de febrero, se constituía la Asamblea Regional Provisional, precedente de nuestro actual parlamento. Fue en ese momento cuando se produjeron los primeros momentos de confusión y enfrentamiento que, de alguna manera, lastraron los primeros pasos de la autonomía y que, quizás, todavía influyan sobre decisiones como la de rendir homenaje a aquellos pioneros autonomistas.

La ruptura interna de UCD, el grupo mayoritario en la Asamblea Provisional, dio la presidencia del legislativo a un centrista, Isaac Aja Muela, que previamente había sido expulsado por la línea oficial de su partido. Días después otro de los miembros de UCD expulsados, el abogado José Antonio Rodríguez Martínez, se convertía en el primer presidente del Gobierno regional provisional de Cantabria. En ambas votaciones los diputados socialistas y regionalistas unieron su voto a la minoría de disidentes centristas. Estos habían roto con la dirección de UCD de Cantabria después de que ésta decidiera proponer como presidente regional a De la Cuevas, en aquellos momentos involucrado en un escándalo sobre crédito blandos en la Caja Rural.

La autonomía nacía bajo el signo del conflicto, de la división interna de los partidos y de los enfrentamientos, en muchos caso más personales que políticos. Posiblemente ese ‘pecado’ de origen tuvo que ver con bastantes de los conflictos posteriores. Tras las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1983, la coalición de derechas, liderada por Rodríguez Martínez, y una vez desparecida la UCD como resultado de su debacle electoral del 28 de octubre de 1982, logró la mayoría absoluta de la cámara, que entonces contaba con 35 diputados en lugar de los 39 actuales. Pero la calma duró bien poco. A principios de 1984 Rodríguez Martínez dimite por las presiones de Alianza Popular y la elección de su sucesor, Ángel Díaz de Entresotos, provoca la escisión en el grupo parlamentario derechista, con José Luís Vallines y Roberto Bedoya como cabecillas de la revuelta.

En 1987 el centro derecha recurre a Juan Hormaechea para ganar las elecciones autonómicas. Su forma de gobernar, personalista e incontrolada, provoca la moción de censura de socialistas, populares, regionalistas y centristas que unen sus votos para hacer presidente a Jaime Blanco en diciembre de 1990. El PSOE gana las elecciones de 1991, con 16 escaños, pero la suma de los escaños del PP (6) y los del nuevo partido creado por Hormaechea (15) les devuelvan a este a la presidencia. Su segunda legislatura está marcada por el procesamiento y condena por prevaricación y malversación de caudales públicos de Hormaechea. En 1995, después de que horas antes de abrirse las urnas la justicia impida a Hormaechea concurrir a los comicios, gana con mayoría simple José Joaquín Martínez Sieso, cabeza de lista del PP. Este repetiría, ampliando mayoría pero sin alcanzar la absoluta, en 1999. En la dos legislaturas Martínez Sieso gobernó con el PRC. Los regionalistas, aduciendo el maltrato recibido por el PP, abandonan la coalición y, tras las elecciones de 2003, en que los regionalistas crecen y los populares bajan, el líder del PRC, Miguel Ángel Revilla decide pactar con el PSOE, convirtiéndose en el primer presidente de Cantabria que no pertenece a un partido de ámbito nacional.

La historia de la autonomía de Cantabria, aún con minúsculas, da para mucho más que para este apunte a modo de recordatorio de un proceso no exento de tensiones, de sinsabores, pero también de importantes logros. Veitinco años después la autonomía de Cantabria está perfectamente consolidada y los problemas del inicio son agua pasada, sin influencia alguna sobre el presente. Es por ello, además de por razones objetivas obvias, que parece llegado el momento de reconocer el papel jugado por aquellos 34 políticos a los que encargamos hacer realidad el sueño autonómico.

El reglamento de honores y distinciones de Cantabria plantea algunas dificultades para rendirles el homenaje debido. Pero nada que no pueda ser salvado con las decisiones políticas pertinentes si hay voluntad de hacerlo. No creo que nadie, ningún partido político con representación parlamentaria, pusiera objeción alguna a ese merecido reconocimiento. Que puede y debe darse antes de que concluyan los actos organizado para celebrar nuestro primer cuarto de siglo como región autónoma.