El Secretario de Derechos Humanos e reunió con querellantes de víctimas de franquismo

Al finalizar el encuentro, Fresneda consideró que "ningún Estado que quiera continuar el proceso democrático se puede negar infundadamente al pedido de un juez que legítima y jurídicamente invoque el derecho internacional".
 
"Me llama la atención que España no haga lugar al pedido de la jueza argentina María Servini de Cubría sobre la detención de estas personas vinculadas con el franquismo porque fue España quien nos enseñó sobre el derecho internacional respecto a los derechos humanos", señaló el titular de la secretaría de Derechos Humanos en diálogo con Télam.
 
En ese sentido, manifestó que "una solicitud de un juez de cualquier lugar del mundo para que se investigue un crimen de lesa humanidad debe ser siempre respetada".
 
A su turno, el abogado de la querella Carlos Slepoy agradeció la voluntad del gobierno nacional y ademas denunció que en España "están ocurriendo hechos graves de incumplimiento al tratado de extradición en derecho penal y cooperación".
 
"Nosotros queremos que la jueza Servini de Cubría pueda tomar declaraciones a estas personas trasladándose a España o por videoconferencia", sentenció el letrado.
 
Del encuentro también participó otro abogado de la querella, Máximo Castex, acompañado por las querellantes argentinas Adriana Fernández e Inés García Holgado; los integrantes de la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra crímenes del franquismo y la documentalista Manuela Bergerot.
 
Antes de la reunión, Slepoy indicó que ayer se conoció el fallo de la justicia española que negó a la jueza María Servini de Cubría el pedido que había hecho a Interpol para que concrete el "arresto preventivo" de 20 españoles acusados por los crímenes del franquismo por entender que los delitos ya prescribieron.
 
Es el segundo pedido de extradición negado por España, ya que en septiembre de 2013, la justicia argentina solicitó la cooperación para la extradición de los represores José Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachelo.
 
En los dos casos, Servini de Cubría basó su competencia para investigar los presuntos delitos en el principio de jurisdicción universal, según el cual todos los estados están habilitados por igual para investigar los crímenes de derecho internacional, con independencia de dónde se hayan cometido o de la nacionalidad de las víctimas o sus victimarios.
 
La causa judicial fue radicada en 2010 por la denuncia penal efectuada por el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, y a la que se fueron sumando entre 150 y 200 casos más.