lunes 01 de diciembre de 2014, 09:28h
El azar quiso que presenciara "en vivo y en directo" tanto
el anuncio de Presidente Obama de su decreto sobre política migratoria, como el
inicio de la discusión posterior.
No es mi intención aquí incursionar en dicho debate, ni siquiera en la necesaria discusión que, al
respecto, habrá que encarar seriamente
en la Argentina, más allá de la "escaramuza" surgida en el marco de la
propuesta a la reforma del Código Procesal Penal.
Sí me parece oportuno, comentar, como ejemplo, la forma en
que el análisis de las políticas públicas, en otros países incluyen los "costos
económicos" de las mismas.
En efecto, al momento de anunciada, el estudio de la reforma migratoria norteamericana
incorporó el hecho de que legalizar a millones de inmigrantes tiene efectos sobre
el gasto público en particular y sobre la economía en general.
A partir de su legalización, dichos inmigrantes
adquirirán una serie de derechos
vinculados con la seguridad social, la salud, y otros beneficios, que implican
gastos presupuestarios por miles de millones de dólares. También es cierto que,
legalizados, los ciudadanos en cuestión pasarán
a pagar más impuestos, que los que pagan actualmente. Asimismo, los cambios en la política
migratoria anunciada, tienen efectos sobre el mercado de trabajo, y los
salarios.
Traslademos ahora el ejemplo a nuestro entorno.
Casi diariamente, tanto el Poder Ejecutivo como el
Legislativo, proponen y aprueban reformas que tienen implícitos aumentos del
gasto público. Dichos aumentos, en general,
no sólo no se estiman, tampoco se sugiere la fuente de financiamiento de
los mismos.
Así pasa y ha pasado, con la reforma previsional, que
incorporó millones de personas al sistema jubilatorio, o con las sucesivas modificaciones a las
prestaciones de salud "obligatorias" que tienen costos tanto para el sistema
público, como para los ciudadanos aportantes al sistema privado.
Ocurre con la reforma educativa (¿Resultó el aumento en la
meta de gasto en porcentaje de PBI, suficiente para cumplir con todos los
objetivos? ¿Cómo se financió?).
Ocurre, incluso, con la reforma al Código Procesal Penal, o
al propio Código Penal. ¿Alguien calculó si las modificaciones al esquema de
trabajo de fiscales y jueces, implica mayores costos y, en ese caso, que
partidas presupuestarias se afectan y con qué recursos?. ¿Alguien estimó lo que
significa para los costos del sistema
carcelario la incorporación de penas de prisión más severas y, por lo tanto, el
aumento del número de presos o el tiempo en que los mismos permanecen en las cárceles.
O el costo de su reeducacíón y rehabilitación?.
Entiéndase bien, no estoy sugiriendo que las reformas
utilizadas aquí como ejemplo no deben o no debieron hacerse. Tengo opinión
formada sobre cada una de ellas, pero no es ese el punto. Lo que estoy tratando
de comentar es que no se pueden sugerir cambios en las políticas públicas, sin
el consiguiente cálculo de sus costos presupuestarios y su fuente de ingresos
correspondiente, sea ésta un aumento de recursos, o una reasignación de gastos.
Máxime, si se tiene en cuenta que la Argentina de hoy está
en récord de presión tributaria, récord de gasto publico, va camino a más de 6%
del PBI de déficit fiscal, no tiene acceso a crédito genuino, y se financia con
el abuso del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto que pagan
proporcionalmente más los sectores de menores recursos.
En ese sentido, resulta paradójico, escuchar a la Presidenta
de la Nación esgrimir una defensa a la "responsabilidad presupuestaria" cuando
se sugieren modificaciones al Impuesto a las Ganancias que pagan asalariados.
O al Ministro de Economía defender el nivel actual del gasto
público, sin presentar ningún indicador de eficiencia o algún ejercicio sobre el efecto en la
economía en su conjunto, en caso que
dicho gasto hubiera sido administrado por el sector privado, con menos
impuestos. (¿O acaso un asalariado que recibe una rebaja impositiva gasta sus
ingresos "peor" que el Estado, en términos de demanda, o redistributivos, si se
ahorran recursos, por ejemplo, en otros gastos públicos?).
En síntesis, dado que estamos en las vísperas de un debate
electoral y dado el estado de las finanzas públicas tanto en el nivel nacional
como provincial, sería bueno que dicho debate incorpore la responsabilidad
presupuestaria en serio y no como mero slogan.