Un nuevo Código Civil que nace viciado de escaso consenso

Hace 16 años que la Unión Cívica Radical busca actualizar el Código Civil con 150 años de antigüedad a una sociedad compleja como la contemporánea. En esa búsqueda fuimos en el 2012 a la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo e integramos la Comisión Bicameral constituida para su tratamiento. Participamos de las audiencias públicas realizadas a lo largo del todo el país y escuchamos más de 1200 exposiciones. Prentendíamos dotar de coherencia a un cuerpo normativo que había perdido su homogeneidad como consecuencia de las innumerables leyes parciales, y se tenía como propósito modificar una ideología esencialmente individualista que tomaba como modelo al hombre de familia, heterosexual, adulto, sano y propietario; por una filosofía que respete la autonomía de la voluntad, el multiculturalismo, la idea de familias, y la concepción humanista.
 
Coincidimos con el núcleo duro de principios que constituyó la guía del andamiaje legal. Sobre esta base sólida realizamos aportes que tendían a mejorar la vida de los argentinos. Creímos que el anteproyecto redactado por los juristas era un piso sobre el que se podía construir. A partir de ello hicimos mejoras en la adopción (acortamos los plazos y profundizando el derecho a la identidad del niño), en el matrimonio (computando el trabajo en el hogar como contribución), en la regulación de los pueblos y comunidades originarias, en los complejos problemas de los contratos pactados en moneda extranjera, en las locaciones, y en otros temas vinculados a las relaciones privadas entre las personas y a las consecuencias derivadas de las nuevas legislaciones protectoras de la igualdad y la diversidad. Lo lamentable es donde se terminó yendo. El oficialismo introdujo modificaciones que desvirtuaron el andamiaje jurídico proyectado.


Aplicaron amputaciones que irán en perjuicio de la sociedad. ¿Qué sucedió, a donde fueron, a donde terminamos? Inconcebiblemente no reconocieron el derecho fundamental al agua potable. Limitaron el acceso a la justicia mediante la supresión de las acciones de clase. Abrieron la puerta a la judicialización en lo referente al comienzo de la existencia de la persona humana. Y desguazaron una construcción jurisprudencial de casi un siglo en lo que respecta a responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Ninguna de las reformas introducidas por el gobierno al anteproyecto de los juristas fue en beneficio de la sociedad. Lo que debía haber hecho el código es equiparar, y no promover las diferencias en beneficio de los funcionarios y en desmedro de los ciudadanos.


Así fue que, repentinamente y en soledad, aprobaron en el Senado una reforma que comenzó a abandonar definitivamente el camino del consenso. Los códigos constituyen andamiajes normativos que deben ser pensados en términos centenarios, y por tanto su contenido y confección deben mostrarse impermeables frente a los momentos particulares de un país, no debiendo ser contaminados por cuestiones estrictamente coyunturales.


En un plano inclinado llegamos al debate a la Cámara de Diputados con un final manifiestamente antijurídico y antirreglamentario. Cuando la reforma de un código de fondo es el resultado de una conducta cesarista del que está en el poder, muestra la verdadera intención de éste; no legislar para los tiempos de una sociedad compleja, sino convirtiéndose en un brazo largo de sus necedades. Finalmente hicimos todo lo posible. El consenso ha sido imposible. Nos quisieron llevar mediante la ilegalidad a aprobar la ley de fondo más trascendente de los últimos 100 años, y que regirá la vida de los argentinos.


Por Mario Negri- 
Presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR