Una iniciativa positiva que merecía un mejor final

El oficialismo parlamentario ha anunciado su intención de sancionar la próxima semana el proyecto de Código Civil y Comercial pese a las objeciones de la oposición respecto de la invalidez del dictamen, por la renovación de la Cámara de Diputados. La práctica usual de avanzar de cualquier modo conduce a pensar que la sanción de tan trascendente norma resulta altamente probable. Correspondería entonces analizar los distintos aspectos que ofrece la cuestión.


La visión general del proyecto arroja un resultado positivo.


La autonomía, la dignidad humana, la inviolabilidad de la persona, la no discriminación, la familia en un contexto multicultural, la preservación del valor social en el ejercicio de los derechos, son algunos de los paradigmas que introduce su texto. Y lo hace con una visión de la realidad que consulta el desarrollo actual de nuestros derechos constitucionales.


No obstante, hay otras cosas que oscurecen la iniciativa. El Poder Ejecutivo ha introducido al anteproyecto original modificaciones intolerables a la luz de los mismos principios constitucionales que se dice defender. La supresión de la responsabilidad del estado y sus funcionarios del régimen común, la eliminación del derecho al acceso al agua, la amputación que se efectuó a las acciones colectivas, el tratamiento a los pueblos originarios, el retroceso que significa el imprevisto cambio en la definición del comienzo de la vida, son puntos que agrietan al proyecto y que habrá que modificar en el futuro.


Pero el aspecto que mancha, innecesariamente, la legitimidad del Código es el proceder del oficialismo. Una norma fundamental para la convivencia de los argentinos, que todas las fuerzas políticas estarían dispuestas a acompañar, se la quiere sancionar a los empujones, despreciando la posibilidad de los acuerdos, imponiendo brutalmente la mayoría. De esta manera, se coloca al Código Civil, lamentablemente, en la larga lista de los atropellos caprichosos: el acuerdo con Irán, la ley antiterrorista, la democratización de la justicia, la responsabilidad del estado, la ley de abastecimiento.


La necesidad y conveniencia de la reforma es indiscutible.


El Código Civil de Vélez Sarsfield nos rige desde el 1° de enero de 1871, es decir hace 143 años. Mucho ha cambiado la sociedad desde entonces, por lo que es preciso adecuar las normas básicas de la organización social, las que regulan toda nuestra existencia, personal y familiar, a los valores y prácticas del siglo XXI.


Nadie puede poner tampoco en duda la notable labor de la Comisión de Juristas que redactó el anteproyecto, consultando a otros expertos y recogiendo la voz de los autores y de los jueces. De igual modo, es digna de encomio la labor de la Comisión Bicameral que recorrió el país para escuchar todas las opiniones.


Tanto esfuerzo merecía un mejor final.